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Recomiendan destituir al ministro de la Defensa

Recomiendan destituir al ministro de la Defensa
Por: Mayra Escobar
Jueves 17 de septiembre de 2020
Fotografía: Asamblea Legislativa

El Pleno Legislativo, con los votos de 50 diputados, recomendó al presidente de la República, la ineludible y necesaria destitución del ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy.

De acuerdo con la conclusión de los parlamentarios, el actuar del funcionario fue determinante para ejecutar los hechos del 9 de febrero -cuando se militarizó la Asamblea y el Salón Azul-, poniendo en riesgo la democracia y la división de poderes.

La decisión de los diputados tiene a la base el artículo 131 ordinal 37 de la Constitución de la República y el artículo 117 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, apartados que les facultan para realizar dicha sugerencia.

La resolución se tomó como resultado de la interpelación al ministro, la que tuvo lugar el pasado 21 de agosto, evento en el que se esperaba recibir las explicaciones respecto a actuaciones relativas a la militarización de la Asamblea y Salón Azul; sin embargo, plantea el documento, que el funcionario no asumió responsabilidad alguna.

De acuerdo con el respectivo dictamen, pese a que el ministro de la Defensa Nacional “aparentemente no cometió graves violaciones a los derechos humanos […] sí participó en la posible comisión de delitos relativos al sistema constitucional y de la paz pública, delitos contra la personalidad del Estado, así como también a la existencia, seguridad y organización del mismo, enmarcados en la ley, al violar la independencia de poderes e irrumpir ilegítimamente y por la fuerza en el recinto legislativo, rompiendo el orden constitucional”.

Además de la recomendación de destitución, el dictamen consigna que se debe comunicar a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la posible comisión de esos delitos.

Asimismo, se instruye, trasladar la decisión adoptada a los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a su secretario general para que se considere la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para apreciar colectivamente la situación y adoptar las decisiones que estimen conveniente de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana.

Por otra parte, el documento revela que se remitirá copia del dictamen a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la alta comisionada de la derechos humanos de la ONU, al cuerpo diplomático acreditado en el país, al Congreso de los Estados Unidos de América, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a los presidentes de los países amigos del proceso de paz.

Finalmente, por acuerdo de los parlamentarios, el dictamen será difundido en el sistema de  medios de comunicación legislativos.

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