En esta foto de archivo del 17 de agosto de 2020, personas esperan afuera de la oficina de administración de pensiones, en el centro de Santiago de Chile.
El sistema chileno de pensiones fue implementado en varios países latinoamericanos en la década de 1990 por ser considerado un modelo exitoso, pero décadas después los resultados avivaron exigencias de reforma, incluso en su propia cuna, Chile.
A comienzos de la década de 1980 Chile estrenó un sistema de pensiones gestionado por instituciones privadas, como parte de las reformas económicas impulsadas por el gobierno militar de Augusto Pinochet, que pocos años después fue replicado en varias naciones de Latinoamérica como Colombia, Argentina y Perú.
En esencia, el sistema de pensiones de Chile puso fin al anterior, en el que contribuían trabajadores, empleadores y el Estado, para dar paso al nuevo modelo que se basó en el ahorro obligatorio de los trabajadores en una cuenta individual gestionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y cuyos fondos son invertidos en el mercado de capitales.
Este sistema privado, que en su momento el entonces presidente estadounidense George W. Bush llamó un ejemplo a seguir, parecía ser la respuesta a los problemas de pensiones bajas y administradas de manera poco eficiente por los Estados de la región.
En resumen, promovía que cada trabajador ahorre de manera obligatoria el 10 % de sus ingresos que iban a parar a una cuenta individual gestionada por las AFP, instituciones que invertían ese dinero en una serie de instrumentos financieros y cobraban una comisión por ello.
Pero lo resultados no colmaban las expectativas y varios países que habían implementado el sistema dieron marcha atrás. En 2008, el gobierno de Cristina Fernández en Argentina nacionalizó los fondos privados de pensiones y dos años después Evo Morales hizo lo mismo en Bolivia.
En Chile también se trató de ajustar el rumbo con una serie de enmiendas a su propio sistema, pero no fue suficiente.
Los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera impulsaron cambios para mejorar las pensiones, pero no colmaron las expectativas.
En 2016 se registraron enormes protestas nacionales, que bajo el lema «No+AFP» exigían el fin del sistema privado de pensiones.
La población exigía a gritos cambios y movilizaciones.
Lo más reciente
Chile fue testigo a fines del 2019 de un estallido social que entre otras demandas exigía poner fin al actual sistema de pensiones.
El tema fue parte de las promesas de campaña del actual presidente Gabriel Boric, quien a comienzo de noviembre declaró el fin de las AFP. Lo hizo en un mensaje a la nación en el que presentó su propuesta de reforma al sistema vigente.
“El actual sistema de pensiones está en crisis, y eso nadie lo pone en duda. Las pensiones de hoy no alcanzan para que nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, sostengan una vida digna en su vejez, sin importar cuánto trabajaron durante su vida”, dijo en su discurso.
«Las AFP, en esta reforma, se terminan», aseguró.
Depende ahora del Congreso chileno si aprueba o no estas reformas planteadas por Boric, quien no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras.
El impacto en Latinoamérica
Para Juan Ríos, economista sénior del Observatorio del contexto económico de la Universidad chilena Diego Portales, en la práctica el mercado pensional es un reflejo del mercado laboral. En el caso de Chile, como el de otros países de la región, los salarios promedios son bajos y eso hace que las personas logren ahorrar poco para poder financiar sus pensiones.
“Las AFP hicieron un trabajo que tenían que hacer, es un sistema que en teoría funciona muy bien pero que no soluciona problemas inherentes al mercado laboral y eso es algo que las personas no perciben y lo que lamentablemente sí incide es cuando ves la pensión y cuando ves pensiones muy bajas para el público es que la AFP no cumplió”, dijo a la Voz de América.
Resaltó además que el error que cometió Chile “fue que no le dieron oportunidad a las personas a elegir y de cierto modo la población tiene la sensación de que fue obligada y la verdad es que fue obligada, en el sentido de que el Estado no dio opciones, alternativas, a las AFP”.
En países como Colombia y Perú, el trabajador puede elegir entre contar con un sistema privado o uno estatal, indicó.
“Comunicacionalmente sí genera un impacto toda vez que las AFP fueron creadas en Chile y 40 años después estamos diciendo ya no hay más AFP”, resaltó al referirse a las repercusiones en los países que adoptaron el modelo previsional chileno.
Desde Perú
Enrique Castellanos, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico del Perú, consideró que el modelo de las AFP han ido perdiendo aceptación entre la población porque en la práctica solo está funcionando para un porcentaje reducido de la población que tiene mejor posición económica y no para el grueso de los empleados.
“Las AFP ya han perdido la batalla política y la gente ya no las quiere, entonces ahora en términos generales están hablando de sistemas mixtos donde sea parte Estado y parte del sector privado, que creo que tampoco va a ser la solución”, dijo a la VOA.
“La única forma de tener mejores pensiones, al menos en el Perú, es que los sueldos sean mayores y la informalidad se reduzca. Pero si tengo sueldos mínimos y de mis 40 años de vida laboral me las paso 20 en el sector formal y 20 en el sector informal sin aportar ¿de dónde va a salir la plata para poder pensionarme?”, reflexionó.
La informalidad laboral en América Latina alcanza a más de la mitad de la población empleada, según la Organización Internacional del Trabajo. Bolivia es el país de la región con el mayor índice de informalidad, le siguen Ecuador, Perú y Colombia.