Nosotros y nosotras, organizaciones comunitarias, religiosas, artísticas, gremiales, sociales, instituciones, fundaciones, y un amplio abanico de la sociedad civil y del movimiento social, al pueblo salvadoreño, a los tres poderes del Estado, expresamos:
? Nos preocupa enormemente el constante deterioro de las relaciones entre los poderes del Estado, al grado de que ello está causando confusión, división y desánimo en muchos compatriotas. Es desconcertante que en un momento tan crítico, que reclama la unidad de todos los actores de la sociedad, la confrontación entre dichos poderes desplace como prioridad al combate de la pandemia. No hay que perder de vista que la emergencia sanitaria, que está causando estragos en la economía nacional, se ensaña más en los sectores vulnerables, en las familias que han padecido desde siempre precarias condiciones de hábitat,
salubridad y empleo, que viven de economías de subsistencia. Son estas personas las que más sufren las consecuencias de este clima de confrontación.
? En un contexto de emergencia es fundamental garantizar el buen uso de los recursos, más en un país pobre y endeudado como el nuestro. Por ello, el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas no pueden ser negociables. La Comisión Anticorrupción de El Salvador (CICIES) es en realidad un proyecto de asistencia técnica presidencial debido a que carece de autonomía e independencia para ejercer su mandato con
credibilidad. Ante esto, urge un acompañamiento internacional para restaurar el orden democrático y fortalecer el Estado de Derecho por la inobservancia de los mecanismos de control institucionalmente establecidos.
? Los representantes del Estado deben ser los primeros en dar ejemplo de trabajo conjunto. El Presidente de la República es el primero que tiene el deber de llamar a la unidad y al diálogo de forma sincera. No es honesto llamar a dialogar y a la vez descalificar e insultar a aquellos con los que debe dialogar, pues con ello dinamita cualquier posibilidad de entendimiento.
Que la pandemia haya encontrado al país en una situación de clara indefensión y sin políticas de prevención, subraya la necesidad de impulsar un diálogo respetuoso tanto entre las instituciones públicas como entre estas y la ciudadanía. Un diálogo que permita llegar pronto
a consensos, en el que la evidencia científica y el enfoque técnico sean los criterios principales para la toma de decisiones.
? El distanciamiento social y el resguardo domiciliario, es una medida importante, pero no la única para evitar la propagación del virus. Para ello cada familia debe disponer de las condiciones, materiales y sanitarias adecuadas, y también son fundamentales las campañas de educación. Creemos que después de más de dos meses de cuarentena, es necesario reabrir paulatina y ordenadamente la economía. Por eso, se requiere que las autoridades tengan una
voz consensuada que, con claridad y precisión, dé las orientaciones necesarias para proteger la salud y el trabajo. A la hora de pensar en la reapertura de la economía, el criterio fundamental debe ser aquello que sea mejor para los más vulnerables, más allá de los
intereses políticos y económicos de otros sectores.
? En esa línea, es esencial conformar y mantener un equipo coordinador con representación de los tres poderes del Estado, que se reúna periódicamente para evitar o resolver con rapidez toda situación que afecte los derechos básicos de los ciudadanos y genere tensiones inútiles al interior del aparato público. Este equipo debe buscar la asesoría tanto del gremio médico como de economistas y especialistas en desarrollo humano y gestión de riesgo que con su
conocimiento y experiencia puedan orientar las políticas para enfrentar el Covid-19 de la
forma más pertinente.
? Por su lado, la PNC y los miembros de la Fuerza Armada que colaboran bajo las órdenes de agentes policiales, deben proceder con pleno respeto a los derechos humanos. Las decisiones sobre las personas sospechosas de violar la legislación especial que rige este tiempo de pandemia no pueden depender del criterio de agentes y soldados, sino de miembros del sector sanitario, y deben ser prontas y estar sujetas a apelación.
? Especial atención merece la situación de los Centros de Contención, y otros espacios de cuarentena. La permanencia en ellos debe estar limitada a 15 días y sujeta a revisión y evaluación por parte de un grupo multidisciplinar de médicos, psicólogos y profesionales de las ciencias sociales. Solo así se evitarán las sistemáticas irregularidades reportadas por organizaciones de derechos humanos: elevadas posibilidades de contagio, retención prolongada e injustificada, negativa de dar información a los recluidos, falta de implementos para la higiene y traslados a lugares lejanos como forma de castigo ante las quejas. Mucho de
esto aplica a los centros penitenciarios, donde el excesivo hacinamiento creará, tarde o temprano, un grave problema de salud. Por ello, creemos necesario permitir el ingreso a ellos de una comisión de representantes de instituciones de derechos humanos, a fin de que puedan
tener información sobre la realidad y formular recomendaciones.
? En un contexto más amplio, animamos al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a conformar una comisión que revise las carencias existentes a la hora de enfrentar una emergencia, sea de salud o provocada por causas naturales. La falta de prevención, planificación y preparación aumenta la siniestralidad y letalidad de los desastres. El hecho de que la pandemia de covid-19, tal como advierten los expertos, puede tener una segunda etapa de rebrote convierte la prevención en una tarea urgente, para así evitar los errores cometidos en esta primera fase.
? Finalmente, invitamos a las autoridades de los tres poderes del Estado y a toda la sociedad salvadoreña a pensar seriamente en una agenda de país que permita construir un país distinto y mejor después de esta emergencia. No podemos volver a la situación de antes. Debemos construir una sociedad con trabajo digno para todos; con un sistema de salud universal de calidad; con acceso a vivienda digna, agua potable y saneamiento como derechos humanos básicos; con un sistema de protección que impida que una nueva emergencia deje a miles de familias sin posibilidades de sobrevivir.
El Salvador, 29 de mayo de 2020
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, FUNDASAL – Comunidades de Fe
Organizadas en Acción, COFOA – Asociación Solidaridad CVX – Fe y Alegría El Salvador –
Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) – Servicio Social Pasionista,
SSPAS – Colectiva Ni una Menos El Salvador – Asociación de Centros Infantiles de Desarrollo
(CINDE) – Plataforma Nacional por el Hábitat (Amsati, Asomusa, Techo, Movitierra, Adicos,
Mujeres de San Julián, Fespad) – Comisión Nacional de Pobladores, CONAPO -Movimiento de
Asentamientos Populares Urbanos, MAPUS – Movimiento Occidental por el Hábitat, MOHA
-Asociación de Pobladores por la Paz, ASPODEPAZ – Foro Permanente por el Desarrollo Integral
del Centro Histórico de San Salvador (Fescovam, UES, Fescovam, ASIA, Departamento de
Investigaciones de la UPES, UCA, Fundasal) -Asociación Salvadoreña de Ingenieros y
Arquitectos, ASIA – Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador
(Comcavis Trans) – Federación de Personas Lesbianas, Gays Bisexuales, Trans e Intersexuales,
FESLGBTI (integrada por 12 organizaciones)- Asociación Azúl Originario (AZO) – Asociación
de Mujeres por la Dignidad y la Vida. Las DIGNAS – Red Regional de Organizaciones Civiles
para las Migraciones Capítulo El Salvador, RROCM (Integrada por 13 organizaciones) –
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho FJEDD – Comité de Familiares
de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, COFAMIDE – Grupo de Monitoreo
Independiente de El Salvador, GMIES – Red Internacional de Migración Scalabrini – Instituto
Salvadoreño del Migrante, INSAMI – Red Nacional de Emprendedores Retornados de El
Salvador, RENACERES – Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, JPIC, de la
Conferencia de Religiosos y Religiosas de El Salvador, CONFRES – Colectiva Feminista –
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto – Red de Defensoras de Derechos
Humanos y Feministas – Artistas Unidos por Monseñor Romero- Cristosal – Red Jesuita con
Migrantes, RJM, El Salvador – Iglesia Luterana Salvadoreña – Asociación Red Uniendo Manos de
El Salvador, ARUMES – Movimiento de Artistas, Intelectuales y Trabajadores de la Cultura –
Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, Las MÉLIDAS – Mesa de Soberanía
Alimentaria – Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) – Fundación de Estudios para la Aplicación
del Derecho, FESPAD – Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental,
ACISAM – Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA – Instituto de Capacitación,
Investigación y Desarrollo de la Mujer, IMU – Foro Nacional de la Salud – Centro de Resiliencia
y Formación Popular Juvenil – Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales –
Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza – Fundación Salvadoreña para la
Promoción y el Desarrollo Social y Económico. FUNSALPRODESE – Red SÍVAR – Colectivo
Romeriano “P. Neto Barrera” – Red de Comunidades por la Vida – Asociación Salvadoreña para el
Desarrollo Artístico y Cultural Comunitario – Movimiento Generación Romero – Asociación para
el Desarrollo Integral de las Juventudes de San Salvador – Coordinadora Salvadoreña de
Movimientos Populares – Red por el Derecho a la Comunicación, ReDCo – Asociación de
Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES)