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Pronunciamiento de Procuradora ante el fallo del CIADI en el caso Pacific Rim y El Salvador

Pronunciamiento de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, en su calidad de Defensora del Pueblo salvadoreño, ante el fallo del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relacionadas a Inversiones (CIADI) en el caso Pacific Rim y El Salvador.

Ante el fallo emitido por la CIADI el pasado catorce de octubre,  en el caso Pacific Rim, hoy Oceana Gold vrs El Salvador, iniciado en el 2009, en el que la empresa minera pretendía que el Estado Salvadoreño le indemnizara por 250 millones de dólares, por no permitir la extracción minera en el municipio de San Isidro, Cabañas; con el fallo, por el contrario, será la empresa minera que deberá indemnizar a El Salvador por los costos del litigio.  La señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, en su calidad de Defensora del Pueblo Salvadoreño, expresa su complacencia ante el mismo, puesto que si bien para la empresa la motivación para el litigio representara pérdidas económicas, para el pueblo salvadoreño representa la defensa de la vida y la protección de los recursos naturales del país.

Para los pobladores del municipio de San Isidro, Cabañas, oponerse al proyecto minero dejó costos irreparables, en virtud de que habitantes de lugar y defensores de derechos humanos fallecieron violentamente en su lucha para  defender la vida y el medio ambiente; me refiero a Macelo Rivas, Dora Sorto, Ramiro Rivera, y Juan Francisco Durán., quienes fallecieron en el año 2009.

En fecha veinticinco de enero de este año, esta Procuraduría emitió el Informe Especial de la Procuraduría  para la Defensa de los Derechos Humanos sobre el Legado de la Mina San Sebastián y sus Impactos  en la Vida de las Poblaciones Afectadas, en el que se concluye que la Ley de Minería actual no logra proteger a las personas y el medio ambiente, de los impactos negativos de los legados de la industria minera, y aun reformada la ley, la capacidad institucional con la que cuenta el Estado para aplicar dicha normativa  es muy débil. Además, el acceso al agua para consumo es de los impactos más graves, debido a que los pobladores del Cantón San Sebastián en el municipio de Santa Rosa de Lima, del departamento de La Unión, no pueden hacer uso del agua del rio, por su  contaminación.

En este sentido, es preciso y oportuno  reiterar a la Asamblea Legislativa, que inicie la discusión en  miras a la aprobación de una Ley que prohíba definitivamente la minería metálica en el país; al Ministerio de Medio Ambiente a realizar los estudios necesarios que conduzcan a la reparación de medio ambiente y la garantía del acceso al agua y por ende a la salud de las personas que habitan en el Cantón San Sebastián; y a la Fiscalía General de la República agilizar la investigación sobre los asesinatos de los señores Macelo Rivas, Ramiro Rivera, Juan Francisco Durán y señora Dora Sorto.

En mi calidad de Defensora del Pueblo, reitero mi compromiso de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, de brindar mi acompañamiento a las víctimas y organizaciones en pro de la defensa del medio ambiente, de dar seguimiento procesos de investigación, protección y reparación del derecho humano al medio ambiente.

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