En El Salvador, uno de los avances más importantes en el camino hacia la vigencia del Estado de derecho fue la creación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en 1983. Después de los Acuerdos de Paz, en 1992, se estableció el procedimiento para la elección de los integrantes de dicha Sala y del resto de magistrados de la Corte, con el fin de incorporar al máximo tribunal de justicia del país a las personas más idóneas por su moralidad y competencia notorias. Lamentablemente, en los años posteriores, la elección de los magistrados pasó a caracterizarse por negociaciones en las que han prevalecido intereses particulares sobre el interés general. Tal proceder ha sido un obstáculo para la aplicación de la justicia, la democratización del país, el respeto a los derechos humanos y la reunificación de la sociedad. A su vez, ha supuesto la pérdida de credibilidad en el trabajo de la CSJ: según el Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), a finales de 2010, la población que confiaba en la Corte apenas alcanzaba el 9.5%.
Esta situación comenzó a cambiar el 15 de julio de 2009, cuando fueron nombrados los cuatro actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional. Su presidente, el doctor José Belarmino Jaime, ha impulsado cambios fundamentales al interior de la CSJ, buscando un mayor orden y transparencia, y la reducción de la mora judicial heredada de gestiones anteriores. Desde que tomaron posesión e iniciaron sus tareas, los nuevos magistrados de Sala de lo Constitucional han demostrado actuar bajo los principios de imparcialidad e independencia, los dos pilares fundamentales sobre los que debe asentarse el trabajo de un sistema que pretenda impartir pronta y cumplida justicia. Sus sentencias han declarado inconstitucionales prácticas de los principales poderes del Estado: el traspaso de recursos no ejecutados del Presupuesto General a la Presidencia de la República; la elección de los diputados por medio de listas cerradas y bloqueadas, y la imposibilidad de candidaturas independientes; y el monopolio de la investigación que ostenta la Fiscalía General de la República.
Como suele suceder con las personas e instituciones que trabajan de cara a la verdad y la justicia, hoy los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional son víctimas de ataques y acusaciones. Todo parece indicar que hay un acuerdo amplio para librarse de estos funcionarios que han resultado tan incómodos. Y el trabajo lo están realizando sus pares magistrados de la CSJ, quienes ya en el pasado se han mostrado muy dispuestos a servir a los poderes fácticos del país. De continuar esta ofensiva, se estará conspirando contra lo poco que se ha avanzado en materia constitucional y se socavarán las endebles bases de nuestro Estado de derecho, que, pese a todo, continúa siendo un anhelo nacional, y cuya construcción es clave para una paz cimentada en la verdad y la justicia. En este sentido, sería muy grave que la Fiscalía General de la República, parte interesada en el asunto, solicitara a la Asamblea Legislativa, parte también interesada, la apertura de un antejuicio contra estos cuatro magistrados para separarlos de sus cargos.
Ante este peligro real, que de concretarse daría un duro golpe a la institucionalidad, la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» denuncia y condena esta situación, y hace un llamado a la sociedad salvadoreña para que se oponga y pronuncie en contra de estos ataques, que en definitiva son parte de una ofensiva contra el Estado de derecho del país.
San Salvador, 11 de abril de 2011
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