Los legisladores buscan solventar, mediante una reforma a Ley de Telecomunicaciones, las principales irregularidades en el servicio de telefonía e internet, como inconsistencias en la facturación y cobros por servicios no contratados, entro otros.
Con el propósito de asegurar que la ciudadanía reciba un servicio de calidad por parte de las compañías de telefonía que operan en el país, la Comisión de Economía acordó someter a discusión del Pleno Legislativo un dictamen favorable parcial para reformar el artículo 23 de la Ley de Telecomunicaciones.
Entre las modificaciones a la ley, destaca la exigencia a las empresas para que solventen los cobros indebidos en la facturación de los servicios, evitar cobros por servicios no contratados, regularizar la velocidad y transferencia de datos acordados, y que el proveedor dé cumplimiento a la instalación y traslado del servicio estipulado, sin realizar cortes injustificados o suspensiones, entre otros.
A ese respecto, la presidenta de la mesa legislativa, Margarita Escobar (ARENA), dijo: “Es una gran noticia para los usuarios de telefonía móvil e internet porque con la reforma a la ley se protegen los derechos de los usuarios, en el sentido de garantizar la calidad del servicio que han contratado, prohibir el cobro por servicio no recibido y brindar atención inmediata sobre reclamos del usuario, entre otros”.
Previo a la decisión de dictaminar reformas a la Ley de Telecomunicaciones, los diputados de los diferentes grupos parlamentarios representados en la comisión (ARENA, FMLN, GANA, PCN, PDC y DC) han manifestado su preocupación por las constantes quejas de los usuarios ante las deficiencias en la calidad de servicios contratados a compañías de telefonía e internet, por ello consideraron indispensable avalar modificaciones a la normativa vigente, con el objeto de corregir anomalías que frecuentemente se dan.
Las referidas reformas, según lo analizado en la mesa legislativa, van acordes al Reglamento de Calidad del Servicio Público de Telefonía y Transmisión de Datos que implementa la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), aprobado por decreto ejecutivo.