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Procuradora presenta iniciativas de protección a elementos de la PNC, FAES y sus familiares

La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, como Defensora del Pueblo salvadoreño, expresa su profunda pena por todas las personas que a diario encuentran la muerte por causas naturales o han sido víctimas de la delincuencia, pero en esta ocasión considera necesario enfatizar su preocupación por las decenas de miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada Salvadoreña ocurridas durante el presente año.

Por lo anterior, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, en cumplimiento de su mandato de asistir a las víctimas de violaciones a derechos humanos, hace públicas dos iniciativas para la prevención de las violaciones al derecho a la vida de policías y soldados, así como de asistencia a sus familiares.

Dichas iniciativas son:

1- Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad Pública la creación de un “Plan para la Protección de los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”.

El objetivo del Plan es establecer un conjunto de medidas administrativas para disminuir los riesgos que enfrentan los y las integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), ante los ataques a los que se ven expuestos, superando sus condiciones de vulnerabilidad y contrarrestando las amenazas existentes, todo bajo el estricto respeto de la Constitución de la República y los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

 Se propone que el Plan tenga tres niveles de intervención:

Individual, para la adopción de medidas en el entorno privado de los y las integrantes de la PNC y la FAES, tales como formación técnica en protección personal integral, cuidado psíquico y acompañamiento para la construcción de protocolos de seguridad individuales; Corporativo, para la adopción de medidas dentro de las instituciones se seguridad involucradas para incidir en la disminución de los riesgos, tales como la evaluación de los planes de trabajo implementados hasta ahora, mejoramiento de las condiciones de trabajo en las instalaciones y vehículos policiales, dotación de implementos útiles para la protección contra agresiones con armas de fuego,  diseño de roles y perfiles de trabajo adecuados, ubicación estratégica del lugar de trabajo en atención a las zonas de peligro y sus zonas de vivienda, identificación de posibles filtraciones de información, impulso de una efectiva depuración interna, y otras similares; e Interinstitucional, lo cual implica la obligación de todas las instituciones involucradas de colaborar entre sí para facilitar la ejecución del plan. La parte presupuestaria es fundamental para poder materializar todos los componentes del plan, en tal sentido, debe preverse la asignación de una partida presupuestaria adecuada.

Instituciones dedicadas a la construcción y otorgamiento de viviendas, facilidades para el ingreso de niños y niñas a cualquier centro escolar y oportunidades de trabajo para familiares cercanos de agentes policiales y soldados deben ponerse en función de minimizar los riesgos.

Para la ejecución y el seguimiento del Plan, el Órgano Ejecutivo deberá instalar una Comisión Ejecutora en la que deberán estar involucradas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno, el presidente de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa y los demás funcionarios que se estime convenientes.

 Asimismo, el Órgano Ejecutivo deberá instalar una Comisión de Seguimiento para el cumplimiento del plan, en dicha Comisión la PDDH se ofrece para participar como observadora de la efectividad del mismo y como garante del respeto de los derechos humanos.

2- Crear en la PDDH un “Programa de Asistencia para los familiares de los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley que han muerto en el ejercicio de sus labores o en otros hechos violentos”

El objetivo del Programa es realizar las acciones que sean necesarias para que los familiares de miembros de la PNC y de la FAES muertos en el ejercicio de sus funciones o en otro tipo de acciones violentas reciban del Estado la atención básica que demanda su situación de vulnerabilidad.

 Dicha atención debe incluir al menos los aspectos siguientes: apoyo psico emocional, asistencia médica, gratuidad en la educación de los hijos e hijas, apoyo técnico y financiero para la reconstrucción de su proyecto de vida, vivienda digna y en lugar seguro y una indemnización justa por daños materiales y morales

Los parámetros de actuación que la PDDH utilizará dentro del Plan consisten en mantener contacto cercano y frecuente con los familiares de los policías y soldados asesinados para conocer su situación y sus necesidades básicas; además, la PDDH tendrá un rol de gestora entre las personas y las instituciones del Estado ante las cuales intervendrá de manera directa o bajo la figura del acompañamiento para el planteamiento de sus necesidades; y también, mantendrá control efectivo sobre los resultados de la gestión.

 El Programa consistirá en elaborar una base de datos con información sobre los nombres de policías y soldados fallecidos en el presente año, los contactos telefónicos y de residencia de sus familiares y los apoyos que la corporación policial o la institución castrense les haya brindado antes. Asimismo, se diseñará una estrategia de abordaje para cada caso y se elaborará un plan de gestión de necesidades, las cuales después de ejecutadas permitirán proponer acciones de incidencia para el bienestar de las personas.

Con estas iniciativas la Defensora del Pueblo pretende contribuir a la prevención de más muertes de funcionarios de la PNC y la FAES, y espera llevar un poco de alivio a las familias que han perdido a sus seres queridos.conferencia_14-11-16_014

 

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