El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Ernesto
Morales Cruz, el pasado 26 de octubre, emitió una Resolución Final en
la que estableció que ha existido una afectación al derecho a la
participación y la consulta efectiva en perjuicio de las poblaciones
aledañas al proyecto “Relleno Sanitario para las Microrregiones Norte,
Centro y Sur de Ahuachapán”, conocido por “Relleno Sanitario Las
Chinamas”.
En la referida Resolución ha declarado como responsables de estas
afectaciones al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) y a la Alcaldía Municipal de Ahuachapán del periodo 2012-2015.
De acuerdo a la denuncia, existen fuertes inconformidades con la
ejecución del proyecto, ya que hay viviendas ubicadas entre 200 y 300
metros las cuales se verán afectadas de forma directa, así como
afectaciones a los bienes hídricos, que no fueron previamente
advertidas por la autoridad ambiental. Expresaron, además, que en el
proceso de construcción han recibido amenazas de desalojo por parte de
los trabajadores de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán -del periodo
pasado-, así como se les obligó a firmar documentos, proveyéndoles de
información falsa y confusa.
Por lo anterior, el Procurador para la Defensa de los Derechos
Humanos, ha recomendado a la Ministra de Medio Ambiente y Recursos
Naturales que, en caso de no haberse emitido permiso de funcionamiento
al momento de la notificación, garantice que el mismo sea otorgado
únicamente si el proyecto cuenta con viabilidad ambiental, social y
técnica y si además goza del consentimiento de las comunidades
impactadas.
El Procurador también ha recomendado al actual Concejo Municipal de
Ahuachapán que con base en lo prescrito en el Código Municipal y en
los Principios de Unidad y Continuidad, proceda a consultar de forma
efectiva a las comunidades afectadas por dicho proyecto y, de no
obtener su consentimiento, desista de continuar con el mismo,
asegurando la paz y la tranquilidad de las personas que viven bajo su
jurisdicción, así como la integridad ambiental del municipio.
Además, recomendó que personal de esa Alcaldía se abstenga en lo
sucesivo de realizar amenazas de desalojo o de cualquier tipo a las
familias que viven en los alrededores del proyecto aquí relacionado.
Para el Procurador es necesario atender el problema de la disposición
final de los desechos sólidos a nivel nacional, para asegurar una vida
de calidad de las poblaciones, sin embargo, este es un reto que debe
ser enfrentado de manera coordinada por las autoridades tanto
nacionales como locales, dentro de los marcos y principios
constitucionales y ambientales, así como con la más estricta
protección y respeto a los derechos humanos.