El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Humberto Luna, condenó desde el pasado martes el asesinato del camarógrafo de Canal 33, Alfredo Hurtado.
Ahora emite un pronunciamiento exigiendo una investigación para llegar a la verdad de este crimen y a la vez pide al Fiscal General de la República, Romeo Barahona, que brinde protección a la familia del comunicador.
Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, ante el homicidio del señor Alfredo Antonio Hurtado Nuñez, trabajador de la Empresa Tecnovisión Canal 33.
Con pesar he tenido conocimiento del homicidio del señor Alfredo Antonio Hurtado Nuñez, quien |camarógrafo de Tecnovisión Canal 33, y fue asesinado el día lunes 25 de abril del presente mes en Ilopango, cuando se dirigía rumbo a su trabajo a bordo de un bus de la ruta 29.
De acuerdo a un comunicado del Canal 33, existe una fuerte presunción que el asesinato fue motivado por su trabajo como camarógrafo del noticiero Teleprensa, ya que laboraba en horas nocturnas y le correspondía cubrir algunos operativos policiales. Además, según publicaciones de medios de comunicación escrita, sus familiares habrían confirmado la existencia de amenazas que habría recibido el señor Hurtado Nuñez por trabajar’en un medio de comunicación y tener amistad con agentes policiales.
Ante este repudiable hecho, como Procurador debo señalar en primef lugar, que el trabajo de los comunicadores sociales es en sí mismo uno de los más peligrosos en nuestro país, como lo es en todos aquellos países en los que se vive un clima de violencia generalizada. Este peligro se debe a las circunstancias de riesgo que implica la cobertura de noticias, a causa de la inseguridad que reina en la mayoría de lugares por donde los periodistas deben desplazarse para realizar su labor profesional.
Aspectos como la falta de castigo para quienes cometen crímenes en El Salvador y la permeabilización que el crimen organizado ha logrado hacer y mantener en algunas instituciones estatales, inciden también en el peligro que significa hacer periodismo en El Salvador.
Desde la óptica de los derechos humanos, los asesinatos de trabajadores de medios de comunicación, implican, además de la violación a su principal derecho humano (la vida), un atentado al ejercicio libre del periodismo, que es la base sobre la que se mantienen la libertad de expresión y el derecho a la información.
De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es primordialmente a través de los medios de comunicación que la sociedad ejerce su derecho a la libertad de expresión, por lo que según dice: la Corte: «Es necesario que los periodistas y, en general, todos aquellos que se dedican profesionalmente a la comunicación social, puedan trabajar con protección suficiente para la libertad e independencia requiere este oficio»
Los ataques contra periodistas producen graves consecuencias en la sociedad, al significar un claro mensaje de intimidación a quienes realizan actividades informativas, y se constituyen en un método eficaz de censura. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que: «Él asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente ;lá libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores: y asegurar a las víctimas una reparación adecuada»
En consonancia con lo anterior, desde mi función de defensor del pueblo, puedo afirmar que siendo la vida, la seguridad ciudadana y la justicia, derechos humanos reconocidos en la Constitución, en la ley ; Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es por tanto, responsabilidad ineludible del Estado | salvadoreño hacer todo lo necesario para garantizarlos, ya que de lo contrario es responsable de estos actos.!
La responsabilidad del Estado es en dos sentidos: es responsable directamente cuando uno de sus agentes amenaza, secuestra, intimida o asesina a un comunicador o comunicadora social; es responsable indirectamente cuando no investiga seriamente los hechos o cuando no protege efectivamente a illas personas en riesgo. Así, su responsabilidad internacional se encuentra comprometida incluso cuando dice trata de actos que se presume que han sido cometidos por particulares, ya que el Estado tiene una responsabilidad especial de proteger a las personas que se dedican al periodismo y a los medios ¿de comunicación.3
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en relación con el caso de los y las profesionales de la comunicación que «la renuncia de un Estado a la investigación efectiva y completa del asesinato de un periodista y la falta de sanción penal de los autores materiales e intelectuales resulta especialmente grave por el impacto que tiene sobre la sociedad. Este tipo de crímenes no sólo tiene :un efecto amedrentador sobre los periodistas, sino también sobre cualquier ciudadano, pues genera el miedo de denunciar los atropellos, abusos e ilícitos de todo tipo. El efecto solamente puede ser evitado mediante la acción decisiva de los Estados de castigar a todos los autores de estos asesinatos. Por esta vía los Estados pueden mandar un mensaje fuerte y directo a la sociedad, en el sentido de que no habrá tolerancia para quienes incurran en violaciones tan graves al derecho a la libertad de expresión»
Es oportuno señalar que de acuerdo a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia pata las Víctimas de Delito y Abusos de Poder de las Naciones Unidas5, «es deber de los Estados establecer y reforzar los mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles; asimismo, es una obligación del Estado adoptar medidas para minimizar las molestias causadas a ||s víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares
y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia».
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En el presente caso, las instituciones estatales fallaron en su misión de asegurar la vida del señor Hurtado Nuñez, quien previamente habría recibido amenazas debido a la realización de su trabajo, asi como han fallado en esa misma obligación para con los miles de salvadoreños y salvadoreñas que han perdido sus vidas o han sido violentados en otros de sus derechos a causa de la delincuencia; pero aun, subsiste para el Estado la obligación de proteger a sus familiares, y en alución al caso particular que motiva este pronunciamiento, garantizar protección a otros periodistas que puedan estar en situaciones similares y de peligro o amenazas.
Ante este hecho, que con sus graves implicaciones compromete y afecta la libertad de expresión en nuestro¡ país, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ante la comunidad nacional ; internacional, expreso mi enérgica condena y rotundo rechazo, ya que se ha causado un grave perjuicio: rio sólo a la familia del señor Alfredo Antonio Hurtado Nuñez, sino a todo el gremio de periodistas y \s de la perdido una valiosa vida, se ha puesto en peligro el libre ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a ¡ la información. Por tanto, hago un llamado al señor Fiscal General de la República, y al señor Director de; la Policía Nacional Civil, a que logren llegar a la verdad detrás de este crimen, encontrando a sus autores ; materiales e intelectuales, para que sean juzgados y sancionados con todo el rigor de la ley, a efecto que ; este hecho no se convierta en un mensaje de temor e impunidad que afecte negativamente la seguridad; de ¡ la ciudadanía, sino que por el contrario, reivindique el derecho a la verdad y a la justicia de los familiares
del señor Hurtado Nuñez y coadyuve a garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, ¡De forma especial, solicito al señor Fiscal General de la República, que considerando las circunstancias del presente caso, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos, evalúe la posibilidad de aplicar medidas urgentes de protección para los familiares del señor Hurtado Nuñez.
Finalmente, me comprometo a mantener una vigilancia muy cercana sobre el proceso de esclarecimiento de este crimen y la búsqueda de los responsables, tal como lo dispone mi mandato constitucional.
San Salvador, 29 de abril de 2011.
Oscar HumbertoLuna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos