Por considerarlo “inconstitucional” el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vetó —el 21 de agosto de 2018— el Decreto Legislativo n.° 83, con el cual la Asamblea Legislativa pretendía reformar el artículo 8, inciso segundo, de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador (LEPPCES) aduciendo haber hecho una “interpretación auténtica”.

El decreto es inconstitucional porque “viola las normas de protección y promoción de los derechos culturales”; existe “actividad legislativa realizada en exceso de las atribuciones constitucionales”; y “transgresión de instrumentos internacionales de protección de obligatorio cumplimiento para El Salvador”.

La Constitución estipula que “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social” (artículo 1, inciso tercero); y la LEPPCES, en su artículo 8 dice: “El Estado salvadoreño está obligado a proteger la riqueza artística, histórica y arqueológica del país que forma parte del tesoro cultural salvadoreño reconociendo su importancia nacional, centroamericana e internacional”.

En el documento de veto, la Presidencia señala que para la aprobación del decreto, la Asamblea Legislativa no consultó la opinión de los sectores e instituciones como el Ministerio de Cultura, el cual manifestó su desacuerdo con la intención de modificar la ley porque la “interpretación auténtica”, hecha por los legisladores, contraviene el artículo 63 de la Constitución de la República.

En su momento, el Ministerio de Cultura dijo que el decreto no podía considerarse una “interpretación auténtica”, al no contar con un análisis técnico–patrimonial porque contradice el Art. 63 de la Constitución de la República y la finalidad de la LEPPCES (según su Art. 1), al dejar desprotegidos bienes que conforman el patrimonio cultural de El Salvador, contemplados en el Art. 3, que carecen de declaratoria alguna debido principalmente a que aún no han sido identificados, con lo que se corre el riesgo de perder para siempre la oportunidad de conocer sitios tan importantes como Joya de Cerén, descubierto de manera fortuita durante una construcción en 1976.

Como Ministerio de Cultura respaldamos rotundamente la decisión del presidente Sánchez Cerén y hacemos un llamado para que todas las instituciones del Estado se apeguen a la Ley Especial de Patrimonio y respeten los procesos establecidos en la misma.