Presidente Funes veta reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública

El documento que contiene el veto fue enviado esta tarde a los diputados, unas horas después de haber sido recibido en Casa Presidencial el Decreto Legislativo no. 303, con las reformas orientadas a incluir nuevos causales de reserva, reformar el proceso de elección de los comisionados y la  modificación de las facultades del Instituto de Acceso a la Información Pública.

El jefe de Estado en la correspondencia oficial expresó que no encontró mayor inconveniente en las primeras dos reformas, sin embargo la tercera reforma, referida a la modificación de las facultades del instituto, “resulta a todas luces inconveniente”.

Para el mandatario, las reformas planteadas en los Arts. 75, 76, 96 y la derogación del Art. 58 (g) de la normativa “limitan las herramientas que el Instituto posee para ejercer su labor de controlador de la aplicación de la Ley”.

Añade, que sin bien es cierto que el derecho de acceso a la información puede ser ejercido sin la necesidad de la existencia de un ente -como sucede en otras legislaciones donde puede ser ejercido por la vía judicial o el amparo- “en la estructura de la Ley de Acceso a la Información Pública vigente en nuestro país, las facultades del instituto son fundamentales y proporcionan un agregado sumamente positivo, y que potencia el ejercicio del control ciudadano y permiten la especialización institucional respecto al derecho en cuestión”.

El Presidente Funes consideró que las reformas no son convenientes para los avances que se han logrado en el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, y la entrada en vigencia “significarían un enorme retroceso de lo logrado por este Gobierno en cuanto a la creación de mecanismos contundentes que permitan a la población vigilar la gestión y la transparencia con la que se venido actuando”.

El documento con el veto presidencial también destaca que la Ley de Acceso a la Información Pública, que creó los mecanismos que hicieron verdaderamente factible una rendición de cuentas de la gestión pública, constituye un logro de la actual administración “que ha sido la primera que realmente ha promocionado el desarrollo de los mecanismos necesarios para hacer efectivos los derechos vinculados al derecho de la libertad de expresión”, que también supone el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones.

El gobernante salvadoreño, en declaraciones públicas durante esta semana, revalidó el compromiso de su gobierno con la transparencia y destacó en este contexto la gran cantidad de información que el Ejecutivo ha puesto a disposición de la ciudadanía. En 2012, solo la Presidencia de la República, puso a disposición pública más de tres mil documentos.