las familias de las 32 víctimas mortales durante el actual estado de emergencia decretado ante las
constantes lluvias, así como al pueblo salvadoreño que ha estado en vilo y ha sufrido por las
consecuencias vividas ante ese fenómeno climático, agudizadas por la situación de vulnerabilidad
a la que está expuesto el territorio salvadoreño.
En el mes de mayo del presente año, en ocasión de la creación de la Mesa de Comunidades en
Situación de Vulnerabilidad por Riesgo a Desastres de la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos, expresé mi preocupación por el agravamiento de la situación de
vulnerabilidad que enfrenta todo el territorio nacional y al mismo tiempo llamé la atención,
nuevamente, para que las autoridades que dirigen el Sistema Nacional de Protección Civil, de
forma inmediata y prioritaria activaran todas las medidas preventivas necesarias para proteger
oportunamente la vida y la seguridad de las personas en riesgo advirtiendo que la temporada
invernal 2011 preveía escenarios lluviosos por encima de lo normal.’
La Procuraduría ha reconocido que los problemas relacionados con la gestión del riesgo
representan un mal acumulado y no atendido a través de la historia, que se fue profundizando por
la falta de diligencia debida de las autoridades y la ausencia de una conciencia conservacionista
de las empresas y la población en la que se relegó el tema ambiental de todas las políticas
públicas; sin considerar aspectos como la alta densidad poblacional, crecimiento desordenado de
las ciudades, patrones de desarrollo orientados a la producción y consumo insostenible, y a la
ausencia de políticas públicas dirigidas a prevenir y mitigar el riesgo lo que han hecho
nuevamente que el país sea el escenario de un nuevo desastre.
Por otro lado, de acuerdo a las acciones de verificación realizadas por personal de esta institución
en el marco de su misión constitucional, la cual se vuelve más exigida ante situaciones de
emergencia y desastre como las presentes, se pudo constatar lo siguiente:
Como aspectos positivos, el amplio despliegue del personal de la Policía Nacional Civil,
Fuerza Armada, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Obras Públicas, y la
presencia de las autoridades en los lugares de desastre.
– La actualización constante de la información oficial durante la emergencia, por medios
televisivos y radiales.
‘PDDH Primer Pronunciamiento de la Mesa de comunidades en situación de vulnerabilidad por riesgo de desastres
de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Emitido el 4 de mayo de 2011.
Como aspectos de preocupación, en relación a los albergues, se ha observado, como en
otras ocasiones, que muchas casas comunales, iglesias; así como, Centros Escolares son
utilizados para resguardar a las personas en situación de emergencia, los que al no estar
diseñados para este tipo de evento no prestan las condiciones adecuadas para las personas
desplazadas. Además se pudo observar que en los albergues habilitados se encuentra una
considerable población infantil y adolescente que no ha recibido la atención de acuerdo a
sus necesidades, lo que aumenta el sufrimiento y el estrés durante la emergencia
haciendo más difícil su rehabilitación.
Se observó que aún no existe la suficiente coordinación entre el Gobierno Centranl y las
autoridades municipales que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil para dar
una respuesta integral ante la emergencia. Por lo que se constataron problemas como:
ubicación de albergues en lugares de riesgo, la llegada tardía de alimentación, ía falta de
medicamentos para infecciones comunes ante este tipo de evento, la ausencia de
disgregación de datos por sexo para atender las necesidades especiales, al igual que para
identificar a mujeres en estado de gravidez, personas con discapacidad y adultos
mayores; la falta de transporte para realizar evacuaciones efectivas y oportunas y la
ausencia de manejo de información acorde a la magnitud del evento por parte de
autoridades locales para realizar evacuaciones preventivas.
Que de nueva cuenta se ha observado que algunos funcionarios municipales y miembros
de partidos políticos se han aprovechado de la situación de emergencia para realizar
actividades de propaganda partidaria.
Que son situaciones constatadas por personal de esta Procuraduría: la negativa de la
Alcaldía Municipal de Rosario de Mora para atender la emergencia y la falta de atención
de las personas en el alberge ubicado en la ermita del Cantón Cerco de Piedra de ese
mismo municipio, por motivos de política partidaria; la insuficiencia de medicamentos en
los albergues ubicados en el bajo Lempa, Usulután; la falta de alimentación, agua potable,
asistencia médica en la Casa Comunal y Escuela del Cantón Las Hojas, en el municipio
de San Pedro Masahuat, la falta de alimentación en albergues ubicados en Iglesias en
Ciudad Delgado, Monte Lis en el municipio de Panchimalco, en los cantones de
Chanmico y Milagro del municipio de San Juan Opico; la insuficiencia de asistencia para
la alimentación, salud y abrigo y la ubicación en riesgo del alberge en la Casa Comunal
Flor Amarilla en el municipio de Santo Tomás; y la falta de coordinación para determinar
la cantidad de personas damnificadas entre el Gobierno y comisiones locales, ya que en el
municipio de San Francisco Menéndez, el Alcalde de la localidad reportó que hay un
aproximado de 11 mil damnificados, pero únicamente recibió 2,100 paquetes alimenticios
enviados en razón de la emergencia; A pesar de los avisos y señalamientos de esta
Procuraduría.
En tal sentido, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en
cumplimiento de mi mandato constitucional de velar por el respeto y garantía de los Derechos
Humanos en el país y de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas
(art. 194.1 ords.l y 7 Cn.), CONSIDERO:
Que un aspecto que continúa pendiente de abordaje por parte de las autoridades
salvadoreñas, es vincular el estilo de desarrollo vigente con la prevención de riesgos,
por lo que se necesita fortalecer la cultura de prevención de desastres la cual debe ir
acompañada de acciones de mitigación y adaptación a fin de erradicar o enfrentar los
posibles riesgos en los que se encuentran miles de salvadoreños y salvadoreñas, que
por años y de manera sistemática han sido excluidos y excluidas de una vivienda
.
digna obligando a ubicarse en lugares de riesgo o en edificaciones que no reúnen los
requisitos básicos para su seguridad.
Que se debe contar de manera urgente con un política integral del riesgo ante los
desastres tomando como elementos fundamentales la seguridad humana, la
sustentabilidad socio ambiental, la promoción de una cultura de prevención de
desastres articulada a las políticas ambientales, sociales y de desarrollo del país, los
impactos del cambio climático, así como la participación activa de la sociedad para la
disminución de factores generadores de vulnerabilidad y el establecimiento de los
escenarios de riesgo
Que es urgente fortalecer una gestión ambiental coordinada, con un claro enfoque
preventivo y de reducción de riesgos como imperativo social y económico del país, en
virtud de los enormes costos humanos y el efecto descapitalizador causados por los
desastres, así como por las históricas y deficientes gestiones ambientales y de riesgos
al que ha sido sometido el territorio salvadoreño, con procesos desordenados de
urbanización, tomando en cuenta las consecuencias del cambio climático.
Que es necesario proceder a la reforma de la legislación en materia de protección y
mitigación de desastres con el objetivo de superar su orientación fundamentalmente
reactiva, lo que hace que nuevamente la respuesta ante la emergencia, sobrepase las
capacidad de las autoridades en el momento del desastre. Por lo que es urgente
además que la Asamblea Legislativa retome este tema de manera prioritaria, iniciando
una discusión que involucre a todos los sectores de la sociedad con experticia en la
f
temática y de esa manera contribuir a proteger a la persona humana y sus bienes. Es
importante señalar que una política y normativa relativa a la prevención, de riesgo y
atención de emergencias no será efectiva sin la pronta aplicación de la Ley de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial, de la Política Nacional de Vivienda, de la
estrategia nacional para hacer frente al cambio climático y de la Ley de Agua que
proteja las cuencas y las zonas de recarga acuífera.
Que los esfuerzos por parte del personal de las instituciones que conforman el
Sistema Nacional de Protección Civil son en la mayoría de las situaciones, loables; sin
embargo, nuevamente las verificaciones realizadas por personal de la institución
desplegado en todo el territorio nacional indican que en ciertos casos es necesario
realizar mayores esfuerzos para atender las necesidades más urgentes, así como para
atender las condiciones mínimas de seguridad e higiene que requieren los afectados,
especialmente la población infantil, adulta mayor y con discapacidad que se
encuentran en albergues, con la finalidad de darle a cada persona una respuesta
oportuna y satisfactoria a sus necesidades en salud, abrigo, alimentación adecuada,
actividades de esparcimiento e higiene.
Que es preocupante que cada invierno muchos centros escolares sean utilizados como
albergues, y que otros se encuentren en zonas de riesgo, afectando el desarrollo de las
actividades escolares e impidiendo que los niños y las niñas regresen a la rutina
cotidiana lo antes posible, que debe ser una medida para lograr la más pronta
recuperación luego de una emergencia; tal como lo sugiere el Sr. Vernor Muñoz,
Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, en su informe «Sobre el Derecho a
la Educación en Situaciones de Emergencia» y «las Directrices Operacionales del
Comité Permanente entre Organismos sobre la Protección de los Derechos Humanos
en Situaciones de Desastres».
Que es impostergable que el Presidente Constitucional de la República y su Gabinete
de Gobierno, luego de acontecida esta emergencia nacional busquen una solución
viable, permanente y comprometida con las familias salvadoreñas que cada año sufren
los mismos impactos aumentando su vulnerabilidad ante las amenazas. Que para tal
fin se establezca un presupuesto que contemple las etapas de prevención, mitigación
de los riesgos y atención de la emergencia y la recuperación una vez sucedido un
desastre.
Por tanto, RECOMIENDO:
La pronta aprobación de una política integral de gestión de riesgos.
La urgente necesidad de una política ambiental con enfoque de prevención de riesgos.
Se proceda a la discusión legislativa para la reformas en materia de normativa de
gestión de riesgos, haciendo primar el enfoque preventivo.
Se creen los centros de albergues que cuenten con las condiciones adecuadas para
resguardar a las personas evacuadas una vez ocurrida una emergencia, teniendo clara
la temporalidad de los mismos, así como, de manera progresiva se vaya
prescindiendo del uso de centro escolares para tal fin.
la coordinación interinstitucional, así como con organizaciones de
la sociedad civil, líderes y liderezas comunales, que se oriente a facultar el manejo de
información, la adecuada atención de las emergencias y la administración de los
centros de albergue, atendiendo las diferentes necesidades de los diferentes grupos.
Tomar a la mayor brevedad posible medidas apropiadas para crear condiciones
sostenibles que conduzcan a un retorno seguro y digno de las personas desplazadas.
Que a la brevedad posible se resuelvan las situaciones aquí señaladas, de acuerdo a
las verificaciones realizadas, a fin de garantizar la adecuada atención de las personas
desplazadas y afectadas en el presente estado de emergencia nacional y calamidad
pública para que no se generen mayores vulneraciones que los ya sufridos a sus
derechos humanos.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos nuevamente en la presente situación
de desastres que vive el territorio nacional, expresa su compromiso de observar y realizar todas
las diligencias necesarias para la efectiva protección y garantía de los derechos de la población
afectada, mejorar la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil y continuar
monitoreando las medidas adoptadas por el Gobierno de El Salvador en este proceso de
emergencia nacional; así como en las etapas posteriores de rehabilitación y reconstrucción.
Hago un reconocimiento a los Cuerpos de Socorro, las diferentes Iglesias, las organizaciones no
gubernamentales y personas particulares por su entrega y asistencia a la población en los
momentos difíciles que vive la población salvadoreña.
Se pone a disposición las 1 8 sedes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
como centros de acopio para recibir víveres y otras donaciones para las familias afectadas;
asimismo, se ha girado instrucciones a nuestro personal para atender la situación de emergencia y
colaborar con el Sistema de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, para velar
por derechos humanos de la población impactada.
Finalizo, reiterando el llamado a que se atienda las instrucciones de las autoridades del Sistema
Nacional de Protección Civil y que éstas garanticen la vida y bienes de las personas afectadas ya
sea que se encuentren o no en lugares de albergues.
Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos fíuma’