Con el propósito de contribuir a reducir los contagios del COVID-19 que enfrenta El Salvador, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acordó emitir un dictamen favorable que contiene disposiciones transitorias para la suspensión del examen de suficiencia para el ejercicio de la función pública de notariado para el presente año, luego de conocer las razones expuestas por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mocionantes de la iniciativa.
Con la aprobación de tales disposiciones, se permitiría a las autoridades competentes reprogramar la prueba para los primeros meses del 2021. Sobre el tema, el presidente de la instancia legislativa, Mario Tenorio (GANA) dijo que “el problema de la pandemia impide el normal desarrollo de este tipo de actividades por ser una prueba masiva, que ya lo mencionaban los magistrados”.
En coincidencia con lo expresado, el diputado René Portillo Cuadra (ARENA) consideró que “la logística para poder hacer el examen de notariado no es fácil, se requiere de mucha inversión de dinero, recursos humano, planificación, infraestructura, es decir que hay una cantidad de cosas que se realizan y no es tan fácil durante la pandemia, sobre todo que la Corte ha estado trabajando a medio tiempo y organizarse para un evento en el que concurren más de 7 mil personas”.
En la misma dirección, la legisladora Cristina Cornejo (FMLN) sostuvo: “No estamos hablando de cien colegas los que se van a presentar a este examen del notariado, ahora con esta realidad hay que garantizar el distanciamiento físico y es complicado porque además de los 7 mil aspirantes, está todo el personal técnico. Este examen se organiza los meses de noviembre, diciembre y encontrar un lugar que garantice el distanciamiento para asegurar la salud y la vida está complicado”.
Por su parte, el parlamentario Jorge Mazariego (PDC) expresó su preocupación: “Estoy consciente de la situación y no sabemos del comportamiento del COVID-19 a partir de la reapertura, no hay certeza de que se va a desenvolver y conglomerar a 7 mil o más personas en dos o tres tandas no sería lo más prudente, ni lo más sano”.
Mientras que el diputado No Partidario, Leonardo Bonilla, aseguró: “Entiendo la solicitud de la Corte Suprema de Justicia para reprogramar esta prueba y es esta pandemia la que también tiene en crisis a muchos salvadoreños que han perdido sus trabajos, la economía está en recesión y hay muchos abogados que tenían la ilusión de hacer la prueba. En función de los abogados que no tienen la autorización, deberían tener la oportunidad que se haga al final de este año.”
En otro tema, esa mesa de trabajo finalizó su sesión, con el acuerdo de emitir dictamen favorable para superar las observaciones del presidente de la República al Decreto Legislativo n. °679, aprobado el 2 de julio del presente año, el cual contiene reformas al Código Procesal Civil y Mercantil, que trata de la celebración de audiencias virtuales, se incrementa la eficiencia de la gestión judicial de dichos procesos, mediante la introducción de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Ante las circunstancias que enfrenta El Salvador, y en donde es preciso adoptar y mantener en forma permanente el distanciamiento físico para evitar mayores contagios de COVID-19, se autoriza a jueces o tribunales, en atención rigurosa de las circunstancias de cada proceso o diligencia, para que de forma excepcional presidan audiencias y ordenen la comparecencia de manera virtual de las partes.