Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓNACCION http://publicacionaccion.
San Salvador, 22 de agosto de 2019.
El establecimiento y funcionamiento de la Comisión Internacional para el Combate a la Corrupción en El Salvador (CICIES) puede hacerse sin el aval de una nueva Ley, si queda bajo jurisdicción de la Fiscalía o, funciona bajo el amparo de un Decreto Ejecutivo, que tendrá sólo una función moral, es decir sin capacidad de judicializar un proceso en El Salvador.
Ignoranse las verdaderas intenciones de Nayib Bukele: combatir la corrupción para eliminar a sus adversarios políticos o, salvar al sistema y, lograr una estabilidad de nación. Si el objetivo es salvar al sistema, la CICIES deberá respetar todo el ordenamiento interno, porque no se puede buscar la justicia, mediante el irrespeto al debido proceso. Por el momento todo el aparato de troles, se enfoca en contra de quien levante la voz, criticando dichos planes, aunque éstos sean pidiendo el respeto a la Ley.
La CICIES puede ser efectiva si su trabajo es al amparo del Fiscal General de la República, bajo la figura de fiscales auxiliares; si no es así, rompería la estructura constitucional (Art. 193 Constitución). Y entraría consecuentemente en colisión con el sistema jurídico y crearía un caos mayor. Si la CICIES sólo dependiese del Ejecutivo y pudiese sólo señalar a los corruptos y corruptores, éstos continuarían en la impunidad y cualquier inocente señalado, tendría muerte política, por no poder defenderse.
Una señal del buen camino de la CICIES – independientemente de la forma en que se ejecute – sería ver perseguido y bajo arresto a José Luis Merino, pues su complicidad en secuestros, tráfico de armas y drogas está documentada plenamente en muchas obras e investigaciones periodísticas y fiscales. La complicidad del FMLN (como estructura política) en la defraudación de dinero del Estado, en actos de corrupción, durante sus diez años de Gobierno, está también muy documentada y, la impunidad de Mauricio Funes, se debe a ella.
Si la CICIES no toca a José Luis Merino o a Sigfrido Reyes y no se enjuicia al FMLN por sus crímenes de guerra (uso de minas, reclutamiento de menores, genocidio y destrucción de la infraestructura pública), claramente se verá que ésta es sólo un instrumento político de consolidación de poder interno y que su función tiene como único fin, dar una apariencia de combate a la corrupción, y para quedar bien, con las fuerzas externas que le están dando su apoyo a este Gobierno.
Una CICIES es oportunidad de poder limpiar de corrupción el país, pero también es reconocer expresamente que nosotros los salvadoreños, somos incapaces de poner orden en nuestra casa y necesitamos que otros, vengan a gobernarnos e impartir justicia: principio es, del fin de nuestra soberanía.
Si lejos de procesar a los corruptos del FMLN, se les deja de lado (como parece que está sucediendo con Funes) y no se señala a los capos de la droga, pero son señalados empresarios, políticos opositores y militares en retiro, tendremos, no sólo un rompimiento de la institucionalidad, sino una persecución política, que acelerará el caos que se pretende evitar.
No podemos evitar u oponernos a una CICIES, pero sí debemos estar conscientes de sus efectos y de que, si se destruye la institucionalidad jurídica, sólo imperará la fuerza bajo la cubierta del populismo.