Que el país acepte la instalación de un organismo internacional contra la impunidad sería decirle al mundo que el sistema judicial de El Salvador colapsó, algo que no es cierto, consideran los diputados Antonio Armendáriz, del partido PCN, y Guillermo Gallegos, de GANA, quienes hicieron una valoración sobre la conveniencia o no de crear una entidad en el país parecida a la de Guatemala.
Los partidos Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y Concertación Nacional (PCN) no están de acuerdo que en el país se cree una comisión internacional contra la impunidad (CICIES) integrada por representantes de naciones externas u organismos internacionales.
Ambos partidos consideran que en El Salvador no se han dado los problemas que tiene Guatemala, como para pedir auxilio internacional.
“Aquí las instituciones del país están funcionando. La Fiscalía General de la República ha tenido un rol activo y de igual manera se han procesado sendos casos de presunta corrupción, muestra de ello es el proceso penal contra (el expresidente de la República) Francisco Flores, es decir, las instituciones que velan por la legalidad están funcionando”, afirmó el diputado de GANA y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos.
Consideró que pedir la ayuda a organismos internacionales es no reconocer el trabajo que el Estado salvadoreño realiza para el combate contra la impunidad y el crimen organizado.
Para el diputado del PCN, Antonio Almendáriz, crear una comisión de este tipo es aceptar que “nuestro sistema judicial ha colapsado y ya no tenemos alternativas de resolver nuestros problemas”.
La posición de ambos institutos políticos se suma a la posición del FMLN, que ha insistido en que la institucionalidad del país funciona y muestra de ello son los numerosos casos de corrupción contra exfuncionarios que se procesan y se han realizado en los juzgados en los últimos años.
Aunque ARENA y otros sectores proponen la instalación de una CICIES, el diputado de ese partido Rodrigo Ávila rechazó esta idea en 2011 afirmando que sería “una bofetada a las capacidades de los salvadoreños”.
El excandidato presidencial por el principal partido de oposición aseguró en esa ocasión que “en El Salvador cualquier caso que toque una comisión de esas, si llegara tristemente a existir, sería un caso altamente político”. Sin embargo, este instituto político es uno de los principales impulsores de la iniciativa.
En una entrevista para Transparencia Activa, Mario Chocoj, exasesor de la Secretaría de Paz de la Presidencia (SEPAZ) y del despacho superior del Ministerio de Educación en la gestión del expresidente guatemalteco Álvaro Colom, explicó que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es un compromiso que surgió de los Acuerdos de Paz de ese país –algo parecido a la Comisión de la Verdad salvadoreña – para fortalecer al Estado “debido a que su estructura de justicia estaba muy debilitada y no hacía justicia a las víctimas de los cuerpos ilegales de seguridad”.
Chocoj afirmó que “eso fue lo primero que se tuvo que reconocer, por lo que tendría que preguntársele primero a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) (salvadoreña) si su deterioro es tal que necesita el apoyo de un ente internacional que le ayude a realizar su trabajo”.
El secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, ha dicho en reiteradas ocasiones que la creación de una comisión que investigue la corrupción y la impunidad como en Guatemala no es la solución para esos problemas en el país, sino que debe impulsarse un pacto de integridad nacional con todos los sectores para fortalecer la institucionalidad salvadoreña. Este pacto debe incluir a la empresa privada, medios de comunicación y todos los actores posibles.
A nivel mundial solo en Guatemala hay una comisión de este tipo y no en otros países como en Chile, Brasil, España o en otras naciones que también hay casos significativos de corrupción