Según los representantes del Foro del Agua, la propuesta de ley que han presentado los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa elimina la participación comunitaria en la gestión de las cuencas hidrográficas, también disolvería las juntas de agua rurales y urbanas, entre otros mecanismos que posibilitarían el involucramiento de la gente en la administración del vital líquido.
Las organizaciones pertenecientes al Foro del Agua denunciaron que la propuesta de “Ley Integral de Aguas” presentada por los partidos de derecha ARENA, PCN, GANA y PDC, lleva un fuerte componente privatizador y elimina los espacios de participación a la población en la gestión de las cuencas hidrográficas, pero si le da un espacio a la Asociacion Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Según la denuncia presentada por el Foro del Agua ante la Asamblea Legislativa, el anteproyecto de los partidos de derecha elimina a los comités de cuencas y crean otros organismos que no tendrían incidencia en la toma de decisiones respecto a la gestión del agua.
Carlos Flores, del Foro de Agua, dijo que el nuevo espacio se denomina “Comité Consultivo Zonal de Cuencas” que, a su juicio, no generaría un “mecanismo real de participación” porque elimina la incidencia real de los actuales comités donde está la gente organizada.
Además, dijo, el “Comité” solo escuchará las opiniones de las juntas de agua cuando las considere conveniente y no serán vinculantes sus sugerencias.
Asimismo crearía un ente autónomo en el que habría representación de tres sectores, a través de la conformación de una junta directiva con cinco miembros: dos de la empresa privada, dos de la Corporación de Municipalidades (COMURES) y uno del gobierno.
El Foro del Agua considera que la referida iniciativa de ley atenta contra el derecho humano porque se eliminarían los permisos de abastecimiento de las comunidades rurales y urbanas, conformadas actualmente por las juntas de agua, y se emitiría un solo permiso para los usuarios públicos y privados, además se estandarizaría la tarifa para todos los beneficiarios sin importar que sea para uso doméstico o mercantil.
“Esto es sumamente delicado, pues jamás se podrá comparar el uso de agua para las comunidades con el uso de las empresas, ni con el uso de las instituciones públicas. Este contenido es un grave riesgo al derecho humano al agua de las más de un millón de personas que son abastecidas por las 2,327 juntas comunitarias de agua potable en el país”, puntualiza el comunicado.
El secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez dijo en su cuenta de Twitter: «en la propuesta de ley de agua presentada hay un claro conflicto de interés debido a que hay entidades reguladas que son parte del ente regulador».
A la denuncia del Foro del Agua también se sumó la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) que aglutina a 30 organizaciones quienes rechazaron la propuesta de la derecha legislativa y les exigieron que la retiren porque ya hay dos iniciativas de ley en la Asamblea que sí representan los intereses de la población.
Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), abordó este tema durante la entrevista “Frente a Frente” de Telecorporación Salvadoreña donde hizo un análisis del resultado de la última encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), en donde señaló que el tendiente descontento de la población se debe a la polarización política, ya que los partidos con mayor representación en el parlamento dejan de lado las demandas como es el caso de la falta de aprobación de una ley del recurso hídrico.
“La población reclama el derecho al agua como un derecho humano y el derecho a la alimentación como un derecho humano. Se hizo una primera reforma constitucional que se aprobó en esa línea, pero ya después la Asamblea siguiente que tenía que confirmar esa reforma, no la confirma. Todo eso va generando en la población, un cierto desencanto. Y también, pues que los partidos políticos no son capaces de generar aquellos cambios que la población necesita”, explica el rector de la UCA.
Las organizaciones de la sociedad civil han mantenido una larga lucha en la Asamblea Legislativa para que se apruebe una ley general de agua que reconozca el acceso al vital líquido como un derecho humano y no como mercancía. La primera iniciativa se presentó en el año 2006 que incluía la gestión comunitaria de la misma pero dicha propuesta no ha tenido el apoyo de los partidos de derecha.
Fuente: Transparencia Activa