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Nueva ley de fomento al reciclaje mandata al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a incorporar dentro de la currícula nacional la temática de la gestión integral de residuos, en los diferentes niveles educativos.

Nueva ley de fomento al reciclaje mandata al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a incorporar dentro de la currícula nacional la temática de la gestión integral de residuos, en los diferentes niveles educativos.

Los diputados que integran la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático finalizaron el año 2019 con un firme compromiso de proteger el ecosistema, conservar los recursos naturales en el país, resguardar los mantos acuíferos e impulsar una cultura del reciclaje, al lograr la aprobación de la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje, en la sesión plenaria del 19 de diciembre. Dicha normativa permitirá un manejo correcto de los residuos en el país, a través de la separación de desechos orgánicos e inorgánicos, según corresponda, además promoverá la compra y venta de papel, aluminio, plástico, entre otros.

Durante el último semestre, se centraron en la revisión de los 67 artículos hasta finalizar el 17 de diciembre cuando emitieron el respectivo dictamen.

Esta nueva ley mandata al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a incorporar dentro de la currícula nacional la temática de la gestión integral de residuos, en los diferentes niveles educativos. El MARN será el rector en materia de gestión integral de residuos y reciclaje. Las alcaldías serán responsables por la gestión de los residuos que se generen en su jurisdicción; y se les faculta a dictar sanciones por el incumplimiento de los deberes establecidos, estas tampoco estarán “amarradas” a contratos suscritos con empresas que prestan los servicios de recolección, transporte y disposición final de los desechos y se establecen hasta 40 salarios mínimos por infringir esta normativa.

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