EN ESTUDIO REFORMA A LA LEY DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
Representantes de Industrias La Constancia ILC y ASDYL; expusieron ante los Diputados de la Comisión de Hacienda sus opiniones sobre la petición del gobierno central, para que se reforme la actual Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas.
La propuesta de ley establece que con la tabla de impuestos, se obtendría más equidad entre los productores de cerveza y licor en nuestro país. Sin embargo, ambos grupos presentaron sus opiniones ante los legisladores quienes aún continúan estudiando las propuestas desde diferentes ángulos.
“Existen diferentes ángulos (puntos de vista) en una política tributaria; Industrias La Constancia deber ser sensible a la política fiscal del Estado” entreveró Norma Guevara, Diputada del Grupo Parlamentario del FMLN y miembro de la Comisión de Hacienda.
Por su parte el Diputado del Grupo Parlamentario CD, Douglas Avilés, se comprometió a estudiar más a fondo la contrarreforma a la ley.
“Con la reforma del 2009 hubo una gran discusión (estudio de la reforma) para llegar a una conclusión (reforma a la ley); les prometemos que con esta contrarreforma la decisión será (hecha) con mucha seriedad para garantizar la seguridad jurídica”, recalcó el parlamentario.
Industrias La Constancia dejó entrever que no tiene sentido una contrarreforma. La empresa dice que con la nueva propuesta, se reducirían los tributos hasta un 35% para los licoreros, en cambio para los productores de cerveza hasta un 32%, según datos de la cartera de hacienda.
“Ya se tiene un impacto positivo en la recaudación; la reforma fiscal del 2009 ya está dando frutos, esto traería sólo inseguridad de inversión”, dijo Carlos Fernández, Presidente de ILC.
La contrapuesta hecha por la Asociación de Salvadoreña de Destiladores y Licoreros (ASDYL), radica en apoyar la propuesta presentada por el Estado.
“Lo que harían es nivelar y corregir la injusticia que se cometió en diciembre del 2009. Aunque le bajen los impuestos a las bebidas destiladas, siempre quedaremos arriba de los que pagábamos en el 2009, por el desproporcional aumento de 163% que se aprobó en diciembre del 2009”, dice un extracto del comunicado emitido por ASDYL.
Los legisladores de la comisión de hacienda, continuarán escuchando a todos los sectores involucrados en el tema. Se espera que para la próxima semana representantes del Ministerio de Salud se apersonen ante el recinto legislativo para dar sus opiniones.
Nallely Aguiluz
Unidad de Comunicaciones y Prensa.N
Inicia discusión de la nueva Ley Especial de Lotificaciones
Los legisladores que conforman la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda se reunieron este día para analizar la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del FMLN, en cuanto a aprobar la nueva Ley Especial de Lotificaciones.
Dos iniciativas de ley para normar este tema se encuentran ya en el estudio de la comisión; los diputados analizan la posibilidad de otorgarles a más 3 mil familias la legalidad jurídica de los terrenos donde actualmente habitan.
Esta normativa armonizaría con la Ley de Ordenamiento Territorial que se encuentra en estudio en la Comisión de Asuntos Municipales; se espera determinar qué deben hacer las autoridades competentes cuando alguien está irrespetando los requisitos de construcción, como desarrollar proyectos en las playas, en reservas ecológicas, o si al construir existe el espacio suficiente para zonas verdes o circulación interna de los usuarios.
“Como primer Órgano de Estado hay que tomar en cuenta esta problemática, por lo tanto nosotros como FMLN proponemos escuchar la opinión de las instituciones involucradas en este tema”, comentó el Diputado David Rodríguez, del Grupo Parlamentario del FMLN.
Por su parte el Diputado Carlos Reyes, Presidente de la Comisión de Obras Públicas manifestó: “Debemos conocer el origen de la ilegalidad de estos terrenos, por los que es necesario poner en vigencia la ley para otorgarles la legalidad jurídica a estas personas”.
Los Diputados y Diputadas consensaron realizar un estudio de ambas iniciativas con las instituciones involucradas en este tema, para que en un período de 15 días puedan realizar un consolidado final y establezca la legalidad de los terrenos a los habitantes afectados.
Raúl Corvera / Estefany Baires.
ANALIZAN AUMENTAR LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS
Los Jueces Especializados de las tres zonas del país se hicieron presentes esta mañana a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para solicitar una modificación a la Ley del Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja. La reforma plantea la creación de más Tribunales Especializados, debido al elevado número casos que actualmente se procesan.
A nivel nacional existen seis tribunales de este tipo, divididos en las tres regiones de El Salvador, dos en Santa Ana, dos en San Salvador y dos en San Miguel y según expresaron los jueces, los casos que se desarrollan han venido en aumento desde su creación en 2007; sólo el año pasado se registraron 261 casos y durante 2010 ya se contabilizan 217.
Por tal razón, los diputados acordaron emitir un Dictamen Recomendable a la Corte Suprema de Justicia para que en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2011, pueda incluir fondos para la creación de más Tribunales Especializados.
“Los delitos cometidos por el crimen organizado se han elevado, y hay delitos que son cometidos hasta por doce o más personas, eso dificulta a los jueces agilizar su trabajo y les genera una carga, por lo que se ve necesario trabajar en esto y ver como se les da un apoyo mayor”, manifestó el Diputado José Antonio Almendáriz.
De acuerdo a la Ley del Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, es La Corte Suprema de Justicia la que dispondrá la forma de organización, estructura y funcionamiento administrativo de los Juzgados y Tribunales, determinará los Magistrados y Jueces que se necesiten para cubrir las ausencias temporales o permanentes de los Juzgados y Tribunales Especializados.
Pablo Martínez.
PIDEN NO RATIFICAR CONVENIO ADUANERO CON GUATEMALA
Representantes de diferentes asociaciones del sector productivo del país acudieron este lunes a la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, para solicitar que la Asamblea Legislativa no ratifique el “Convenio Marco para el Establecimiento de una Unión Aduanera entre los Territorios de la República de El Salvador y la República de Guatemala”.
La Asociación Azucarera, PROCAÑA, PROLECHE y ABECAFE coincidieron en externar su preocupación por las condiciones totalmente diferentes con Guatemala, en el tema agrícola y la desigualdad arancelaria entre ambos países. Aseguran también que el convenio está al margen del Tratado de Integración Económica Centroamericana, ya que es totalmente diferente.
Según Mario Salaverría, Presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador, su preocupación es compartida por el Ministerio de Economía; mientras para la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café 
(ABECAFE), el convenio presenta inconstitucionalidades, además de ser perjudicial para los intereses económicos y fiscales del agro salvadoreño, pues las modificaciones en las tasas de impuestos lo podrían dañar gravemente.
El Diputado Francisco Merino, Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, recordó que en el año 2003, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un convenio de régimen arancelario y aduanero centroamericano, por considerar que contravenía los artículos de la Carta Magna sobre la prevalencia de la Constitución sobre cualquier tratado, por lo cual el Legislativo debe ser muy cuidadoso antes de ratificarlo.
El Diputado Rigoberto Soto, del Grupo Parlamentario ARENA dijo estar interesado en que no se le cause un daño al sector agrícola, mientras para el Diputado César García, del Grupo Parlamentario GANA, antes de ratificarlo debe analizarse con detenimiento los costos, beneficios e impactos, tanto para el sector agrícola, como para el país en general, por lo que la Comisión de Relaciones Exteriores continuará analizándolo.
Mariela Alvarenga
Unidad de Comunicaciones y Prensa
ESTUDIAN LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE REGIRA LA LEY DE MEDICAMENTOS.
La autoridad competente que regirá la aplicación de la Ley de Medicamentos, fue discutida este día en la Comisión de Salud, por los legisladores que aun no definen si será el Ministerio de Salud o el Consejo Superior de Salud Pública, el ente rector.
El debate está en la interpretación de los artículos 65 y 68 de la Constitución de la República, estos se refieren a la salud de los habitantes, y la responsabilidad que el Estado tiene en este tema.
El artículo 65 declara que “la salud constituye un bien público y determina que el Estado controlara y supervisara la aplicación de la política nacional de salud”. Ante ello, el Grupo Parlamentario del FMLN, sustentó que el Ramo de Salud, deberá ser el ente rector para la práctica de esta ley, al ser garante de la accesibilidad y supervisión de la aplicación de la salud.
Los legisladores de los Grupos Parlamentarios PCN, GANA y ARENA, declararon que con base en el artículo 68 de la Constitución; al Consejo Superior de Salud Pública, debe de otorgarse la autoridad competente, ya que es el facultado para la vigilancia y control de la salud, al estar conformado por profesionales de diferentes especialidades de la salud; por lo que manifestaron que el Ministerio de Salud, no debe ser el ente rector, por ser una institución involucrada en la ejecución de la política pública.
Alba de Leiva