Marina Avalos viuda de Amaya y Rosa María Bonilla Vega, Karla Turcios, Katherine Cárcamo, Ana Mirian González y las agentes de la PNC Lorena Beatriz Hernández y Carla Ayala y las 142 mujeres que el Instituto de Medicina Legal registró a la fecha, todas víctimas de feminicidios.
Por ello la concertación de mujeres de occidente conformadas por más 18 organizaciones, sindicatos y asociaciones muestran su preocupación sobre la situación de violencia por razones de género que las mujeres enfrentan y la actitud pasiva y selectiva por parte de las instancias competentes para resolver estos casos. Preocupa los niveles de impunidad que los casos de las agentes de la Policía Nacional Civil demuestran, ya que envían un mensaje nocivo a la población, especialmente a quienes agreden a las mujeres.
La concertación de mujeres denunció ante la delegación del departamento de Santa Ana, PDDH, FGR, PNC e ISDEMU los hechos de violencia que afectan a mujeres en situación de pobreza, exclusión y marginación. Aunque los rostros y nombres de las asesinadas recientemente han conmovido a la sociedad, estos no son los únicos. Por ello, hacen un llamado a mantener y profundizar la indignación por cada muerte y cada violencia que viven las mujeres en el país, especialmente cuando su capacidad para visibilizar y denunciar los hechos de agresión es menor, hacia ellas también debe hacerse sentir el respaldo porque pueden ser olvidadas por la justicia salvadoreña, Acciones como estas fueron realizadas simultáneamente en San Salvador impulsada por la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos que impulsa la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.
Además, consideran que todos los hechos de violencia feminicida que están en conocimiento de las autoridades competentes deben ser resueltos de forma clara, eficiente, oportuna y con la mayor celeridad posible. Exigen una adecuada investigación y pronta justicia para todos los casos de violencia contra las mujeres, principalmente los que se encuentran en conocimiento del sistema judicial.
También hacen el llamado a las instituciones operadoras de justicia que realizan un papel contralor a las instancias y al cumplimento efectivo de la ley, en los presentes casos y en general ante la situación de violencia contra las mujeres que como organizaciones defensoras de derechos estarán vigilantes, para que los responsables sean sancionados como lo mandata el ordenamiento legal. De no ser así las instituciones del Estado responsables de administrar justicia estarían generando impunidad enviando un mensaje negativo a la sociedad, en donde las acciones de violencia contra las mujeres son irrelevantes para la justicia salvadoreña, lo que estaría contribuyendo a la naturalización de la violencia contra las mujeres.
Requieren al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) que en base a los Art.1, 2,11,12 y 13 literal d) de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las mujeres pueda decretar una «Alerta de Género» que exige al Estado Salvadoreño destinar todo su aparataje pertinente para hacer justicia, y tenga un papel más activo para exigir que la FGR resuelva con la misma celeridad, herramientas y empeño todos los casos, a la CSJ que en última instancia fortalezca a los Tribunales Especializados y contribuya para que su actuar garantice el acceso a la justicia para las mujeres y a la PNC que investiguen mejor y de una vez por todas den cuenta de la desaparición de Carla Ayala.
Por: Eduardo Ruiz
