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Medios de comunicación privados llamados a reconocer estándares internacionales de libertad de expresión

Edison-Lanza-622x413El nuevo Relator inició este lunes una serie de reuniones que sostendrá a lo largo de la semana con representantes de organizaciones sociales, academia, representantes de medios privados, sector gubernamental y otros actores sociales con quienes hará un balance del estado de la libertad de expresión y acceso a la información en el país y la región, así como plantear una serie de recomendaciones que la Relatoría ha venido señalando en estos temas y sobre la democratización de los medios.

Lanza asegura que ha venido a El Salvador por la incidencia y acción vibrante de la sociedad civil en el debate de los temas que atañen a la Relatoría, así como la percepción de que el Estado tiene buena receptividad a las discusiones.

En la charla académica, el Relator reflexionó que a través de las experiencias y manifestaciones en distintos países de América Latina, en el tema de la radiodifusión percibe que ha llegado el momento de que las comunicaciones permitan ser más inclusivos con sectores tradicionalmente relegados en este campo “donde puedan coexistir y ser reconocidos el sector privado, público y comunitario de los medios”.

Añadió que ve con buenos ojos y como una práctica democrática sana que la academia y la sociedad civil estén encabezando los movimientos que exigen respetar los estándares de libertad de expresión establecidos por OEA y utilizando los mecanismos legales para hacer valer sus derechos.

Dichas acciones, asegura, son importantes en la construcción de políticas públicas que garanticen el espacio de participación a los sectores excluidos de la comunicación que ahora están solicitando el derecho a exponer sus ideas a través de sus propios medios.

Acerca de la asignación de frecuencias según los estándares internacionales que se manejan opina que solo “los mecanismos que son transparentes y democráticos permiten el acceso a las frecuencias por parte de una diversidad de medios, tanto públicos, comunitarios y privados”.

Cada vez más, el tema de las comunicaciones en los países latinoamericanos es un tema estratégico que tiene una prioridad y genera mucho debate. Por eso el trabajo del Relator es “promover el derecho a la libertad de expresión y el trabajo mismo de la Relatoría, y que los insumos que estos encuentros y discusiones generen no sólo se queden en libros y casos emblemáticos de estudio, sino que sirvan para la incidencia en políticas públicas, entender los procesos regionales e incentivar a la investigación en la academia”, señaló Lanza.

“Los estándares se han construido con las víctimas para avanzar a través del diálogo y el debate público en el avance de este tema”, concluyó el representante de la OEA.

Para José Luis Benítez, catedrático de la UCA, después de la visita del Relator y de cara al futuro, en el debate sobre la democratización de la comunicación en El Salvador se pretende que la Relatoría apoye como interlocutor en el proceso de diálogo sobre este tema, así como en las discusiones de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que pretenden darle reconocimiento legal a los medios comunitarios y públicos, de igual forma en el tema de la digitalización de la televisión, que aún no se debate en el país, la Relatoría puede ofrecer su apoyo, a partir de los estándares que han desarrollado hace varios años.

Otro objetivo del Relator es poder avanzar desde Centroamérica en el conocimiento de las distintas problemáticas en torno a la libertad de expresión para ver cómo se puede aportar a la región, sobre todo en el tema de la radiodifusión incluyente y en la protección a periodistas por la persecución, la inseguridad o la precarización del trabajo.

Según Benítez, “los estándares de la Relatoría son lineamientos para los Estados, quienes tienen la competencia de poner en práctica estos estándares en cada uno de los países, y los sectores privados están llamados a no desconocer los principios establecidos por la Relatoría, que no son decisiones antojadizas, sino principios de consenso internacional surgidos a partir de casos y demandas que se han presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en temas de libertad de expresión, acceso a la información y radiodifusión, contra los cuales es difícil no estar de acuerdo”.

“Si hay sectores en desacuerdo, lo más importante es debatir cuáles son las diferencias y cuáles son sus propuestas, pero los estándares comprometen al Estado salvadoreño, ya que es quién tiene que poner en práctica esos parámetros, por eso el Relator está interesado en conocer cuál es la propuesta del Estado salvadoreño a través del Ejecutivo que se tenga al respecto”, aseguró Benítez.

Según el catedrático, hay una propuesta de crear una Comisión o Consejo de Comunicación que debata estos temas al más alto nivel y se solicitaría al Relator aportar con experiencia y experticia a la discusión.

La agenda del Relator incluye reuniones con representantes de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET); comisionados del Instituto de Acceso a la Información (IAIP); con el secretario de Participación Ciudadana, Marcos Rodríguez; con el secretario de Comunicaciones y Gobernabilidad, Hato Hasbún; con el sector privado de ASDER y con organizaciones sociales que han venido trabajando el debate sobre el derecho a la comunicación en los últimos años.

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