Por Mario Duarte.
Realmente los medios de comunicación, quiérase o no, representan el cuarto poder del Estado, pero un poder externo a su estructura y por ello sumamente importante el tenerlo a favor y no en contra.
Dicha realidad fue comprendida a la perfección por el Ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbles quien prácticamente destruyó todos los medios de comunicación “objetivos” y los estatizó, en otras palabras, acabó con el derecho a una información veraz, objetiva e independiente de los ciudadanos.
Para evitar peligros tan dañinos a toda república democrática, muchas constituciones occidentales tienen mecanismos para impedir la destrucción en comento, y la nuestra no es la excepción, para muestra es suficiente leer el artículo 6 que entre otras cosas norma que no pueden secuestrarse, como instrumentos del delito, la imprenta, sus accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento, tampoco pueden ser objeto de estatización o nacionalización, ya sea por expropiación o cualquier otro procedimiento, las empresas que se dediquen a la comunicación escrita, radiada o televisiva, y demás empresas de publicaciones o también modernamente, cualquier otro medio virtual que se dedique a la información.
No obstante esa clara prohibición, existen otros medios más sutiles y legales para socavar dicho poder. Para el caso, ofrecer mejores prestaciones laborales y salarios a los empleados de los medios de comunicación objetivos para crear otros afines o propiedad encubierta del gobierno o de otro agente de poder que desee concentrar los mismos.
La práctica antes indicada, es legal, pero no legítima ni mucho menos moral, ya que no sólo ataca la independencia y libre información, sino que también prostituye la profesión de comunicador en general. Para evitar dichas formas sutiles y revestidas de legalidad, es necesario normar deontológicamente la carrera de comunicador y a la vez garantizar un salario justo y digno para los profesionales de la comunicación.
Recordemos que sin un verdadero derecho de expresión y sin medios de comunicación objetivos, transparentes, veraces e independientes, no puede existir una democracia