Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad reiteraron su compromiso para emitir la legislación que garantice los derechos de las personas con discapacidad; el presidente de la mesa legislativa, diputado David Reyes, hizo un llamado a las organizaciones de dicho sector para que estén pendientes del análisis de este proyecto normativo.
En diciembre pasado, la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad inició el estudio del anteproyecto de la Ley de Inclusión de la Persona con Discapacidad, este busca la garantía de los derechos y deberes de las personas con discapacidad y contiene las recomendaciones brindadas por las organizaciones e instituciones que participaron en los foros consultivos, organizados por esta instancia legislativa.
“Queremos aprobar esta ley en los próximos tres meses, a más tardar, ojalá que antes, estamos listos; los grupos parlamentarios hemos recibido los insumos que el equipo técnico ha elaborado, y en este equipo también están representadas todas las bancadas legislativas”, aseguró el presidente de la comisión, diputado David Reyes (ARENA).
El diputado Reyes explicó que esta normativa vendría a sustituir la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2000: “Esta será una legislación moderna, apegada a la actualidad, en concordancia con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas. Es una ley que buscará garantizar el acceso a empleo, salud, educación, transporte público, el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad”.
En la iniciativa se plasma la necesidad de adoptar una nueva legislación que desarrolle de manera específica las obligaciones conforme a los compromisos internacionales adquiridos como Estado al adherirse a instrumentos de protección a los derechos humanos y como cumplimiento al principio de igualdad ante la ley primaria que establece que el Estado salvadoreño tiene el deber de asegurar la no discriminación y la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida para su mayor realización y autonomía.