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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 21 de octubre de 2020.

Limitar y deformar la libre expresión o, manipular el sistema político, mediante la destrucción de la representación, es atacar a la República, pues éstos son sus dos pilares y por ellos, tanto la libertad de expresión, como el Gobierno basado en la representación, aseguran el correcto funcionamiento del sistema social, base para el desarrollo sostenido de una nación.

Los ataques a periodistas, que basándose en un  periodismo investigativo, denuncian las malas acciones del Gobierno, no deben tomarse como  personales, sino al gremio periodístico y, a la función social que desempeñan, dentro del sistema democrático, pues por sus investigaciones y la noticia diaria, el ciudadano puede enterarse, de lo que sucede en el ámbito nacional y, formarse opinión, sin que sufra o goce, de lo que les sucede a otros, pero si, le sirve para tomar decisiones de orden político: es decir, sobre la vida nacional y ejercer su derecho soberano, garantizado en el Art. 83 Cn.

Informar es la función social, del medio de comunicación: tomar los hechos, interpretarlos y exponerlos, bajo la óptica del medio que los da a conocer: el carácter pasivo de la audiencia, le permite leer, ver o escuchar ese medio, a su libre elección, pudiendo formarse opinión política, que externa, eligiendo a sus representantes, sin necesidad de ser activista político. Por esta razón, el gobernante, no puede antagonizar, como medio de comunicación, pues impone las reglas del sistema y, el quehacer público, no es su patrimonio: por ser de todos, se cuestiona, aunque debe responder a los señalamientos, como justificación de sus acciones.

Si la elección de los representantes, se hace por medio del sistema de la democracia participativa, hay un cambio filosófico, pues se abandona la concepción roussoniana, de individualismo, como lo establece nuestra Constitución y, lo cambia a un concepto derivado de los principios de Jacques Maritain: establece que el ser humano, es un fragmento de la sociedad, conservando únicamente, sus garantías individuales, imponiéndose, por medio del referéndum, el conglomerado social, al individuo.

La introducción de los principios de la democracia participativa, rompe de lleno, lo establecido en el Art. 248 de la Constitución y, crea una democracia semi-directa, que tiene como principio, que la colectividad debe intervenir en: 1) participar en la toma de decisiones, 2) participar en la ejecución de decisiones, 3) participar en el control de la ejecución, 4) participar en los aportes, 5) participar en los beneficios, 6) participar en la esfera pública.

La implementación de estos principios, implica modificación de la legislación secundaria, desde lo electoral, hasta lo civil, lo mercantil, lo laboral, lo administrativo, etc. La experiencia práctica, es que se termina dando al Ejecutivo, un mayor poder.

En la práctica, lo que no queda bajo control directo del Ejecutivo, quedará en quien manipule la opinión pública o, pueda imponerse por la fuerza, a quienes no estén dispuestos a ejercer un trabajo político cotidiano o, ejercer la fuerza en las calles. Si tomásemos como parámetro, que  el desarrollo económico y social, se logra mediante la estabilidad nacional, en aplicación de los principios de “Buen Gobierno”, el país, por tal inestabilidad, estaría imposibilitado de alcanzarlo.

Por esta razón, la democracia participativa, ofrecida como introducción del referéndum, en la nueva constitución, sería el germen de destrucción de la estabilidad nacional, pues si se quiere, todo sería posible, con un referéndum y, la primera inestabilidad, vendría del referéndum revocatorio.

Si se atenta contra la libertad de expresión o, se pretende introducir el referéndum, se destruirá la República: es necesario un activismo político, en defensa de la Constitución y la República, si queremos preservar nuestra libertad.

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