Las organizaciones sociales que integramos la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos
Populares exigimos al presidente Nayib Bukele y a sus diputados de la Asamblea Legislativa la
¡inmediata derogación de la Ley del Bitcoin, por las siguientes razones:
1. La ley fue aprobada abruptamente el pasado 9 de junio -sin consultar a la población y sin
ningún debate técnico sobre sus implicaciones y consecuencias- tres días después del anuncio
presidencial y con solo cinco horas de proceso legislativo, casi de la misma forma en que se
impuso la dolarización en 2001. Publicaciones periodísticas recientes revelaron que la
“bitcoinización” fue acordada en reuniones secretas de los hermanos del presidente Nayib
Bukele y funcionarios de Casa Presidencial con “inversores criptomonederos”.
2. El bitcoin no es una moneda, sino un activo digital; por eso en ningún país del mundo se
utiliza como moneda de curso legal. Como criptomoneda es altamente volátil y la fluctuación
constante de su valor es uno de los mayores riesgos, sobre todo para las personas que no poseen
grandes cantidades de dinero y sus salarios, ahorros o pensiones pueden reducirse o
desaparecer en un instante. El experimento que el clan Bukele quiere hacer es demasiado
riesgoso.
3. También puede ocurrir una subida de precios de todos los productos y servicios, con lo cual
habría altos niveles de inflación y aumentaría el costo de la vida. Por ejemplo: los bancos y
demás instancias financieras subirían las tasas de interés de los préstamos como medida de
protección ante eventuales caídas de valor del bitcoin.
4. Así como la dolarización desplazó al colón, con la “bitcoinización” podrían desaparecer
gradualmente los dólares, sobre todo si los 6,000 millones de dólares anuales en remesas que
dan liquidez a la economía vienen en bitcoin. Esto significa que los impactos no serían solo en
la economía de la gente, sino también en la macroeconomía, las finanzas públicas y las cuentas
nacionales: la debacle podría ser de consecuencias incalculables, especialmente si el gobierno
cae en impago y ningún organismo financiero le presta más dinero.
5. Con la falta de transparencia y la opacidad de las transacciones debido a la desregulación y
ausencia de controles, el uso del bitcoin puede favorecer el lavado de dinero y otras actividades
ilícitas de grupos criminales como narcotraficantes, vendedores ilegales de armas y tratantes de
personas. También podría servir a funcionarios corruptos para esconder dinero público robado
o malversado y a grandes empresarios para evadir el pago de impuestos.
6. La falta de información y la brecha tecnológica en el uso del bitcoin incrementan los riesgos
para la mayoría de la población y aumentarán las desigualdades. La mayoría de la gente sin
acceso a internet y teléfonos inteligentes quedaría excluida del nuevo sistema monetario.
7. La mayoría de la población se opone al uso la criptomoneda, tal como se confirma en varias
encuestas: el 65%, según LPG Datos; el 67.9%, según el IUDOP; y el 77.5%, según la UFG.
En estos tres sondeos, la gran mayoría pide derogar la Ley del Bitcoin. Al rechazo popular se
suman las advertencias de economistas, tecnólogos, expertos en criptomonedas, representantes
de organizaciones sociales, centros de investigación y organismos financieros sobre las
inconveniencias del bitcoin como moneda.
8. Las graves consecuencias ambientales de la llamada “minería de criptomonedas”, dadas las
grandes cantidades de energía que utilizan los servidores que se instalarían en el país.
9. La falta de transparencia del gobierno hace sospechar que detrás de la implementación del
bitcoin podría haber intereses ocultos, intenciones no confesadas y objetivos particulares de
Bukele y sus hermanos.
10. El desempleo, la pobreza, la falta de inversiones, el déficit de las finanzas públicas y demás
problemas económicos no se resuelven jugando a los casinos con la economía del país y el
dinero de la gente, sino con políticas públicas reales, entre éstas un combate real a la evasión y
elusión tributaria, una política fiscal progresiva donde “pague más quienes tienen más” y un
uso eficiente, transparente y probo de los fondos públicos.