Países como Grecia, Italia, Croacia o Bulgaria llevan años alegando que la carga migratoria es muy alta.
La UE apuesta por reducir la inmigración irregular. Pero, ¿cómo? A través de la cooperación con los países de origen y con más repatriaciones, es decir, ninguna novedad. Bernd Riegert informa desde Bruselas.
Durante la cumbre de la Unión Europea (UE), la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, organizó paneles de discusión para debatir un tema que ya figuraba en la agenda: la confusa política migratoria conjunta del bloque europeo.
Los solicitantes de asilo en la UE aumentaron un 46 por ciento en 2022. A los más de 924.000 solicitantes de asilo, se les suman casi cuatro millones de refugiados de guerra ucranianos. Alemania, Austria, Países Bajos y Bélgica dicen estar sobrepasados por la llegada de tantas personas: «La migración es un reto europeo que necesita una respuesta europea», dijo von der Leyen.
En tanto, el canciller alemán, Olaf Scholz, habló de buscar «perspectivas comunes» y pidió definir objetivos que puedan traducirse en políticas prácticas este año. Sin embargo, la UE lleva por lo menos seis años tratando de reducir el número de inmigrantes y no ha logrado acordar nuevas normativas.
Conflictos aún no resueltos dentro de la UE
Países con fronteras exteriores de la Unión Europea como Grecia, Italia o Bulgaria llevan años alegando sufrir una carga muy pesada, mientras que los llamados «países de destino» como Alemania, Austria o Francia, insisten en que las naciones en las que se produce la primera entrada de los migrantes al bloque deben hacerse cargo de ellos y de sus procedimientos de asilo.
La repartición de migrantes por solidaridad y cuotas ha fracasado una y otra vez. Países como Suecia, Dinamarca, Polonia o Hungría llevan años aplicando una política migratoria restrictiva. Dinamarca acaba de abandonar su plan de traslado de solicitantes de asilo a Ruanda, debido a obstáculos logísticos y jurídicos.
En la más reciente cumbre, la Comisión Europea hizo hincapié en proteger mejor las fronteras exteriores, basándose en la repatriación a los países de origen, un planteamiento que no es nuevo. Hasta ahora, el Gobierno alemán se ha resistido a esta propuesta. El canciller Scholz insistió en que las repatriaciones solo podrían funcionar si se logran «acuerdos justos» con los países de origen.
Los municipios alemanes se quejan de que el número de solicitantes es demasiado elevado.¿Más deportaciones como una solución?
No obstante, los participantes de la cumbre pidieron aumentar el número de deportaciones y de repatriaciones para solicitantes de asilo rechazados. Pero quedó poco claro cómo se buscará realizar más deportaciones. Los Estados miembros le pidieron a la agencia de asilo EASO elaborar las directrices para las expulsiones, a las cuales todos los países del bloque deberán adherirse.
El mandatario alemán, sin embargo, pidió facilitar la migración legal ante la necesidad de trabajadores cualificados en el mercado laboral y el envejecimiento de los habitantes de la UE. La Comisión Europea, por su parte, abordó el reparto de migrantes y refugiados en la UE, tema que ha generado disputas internas entre los Estados miembros. En concreto, la Comisión recomienda debatir la migración interna, es decir, el desplazamiento de inmigrantes desde Grecia hacia otros países como Alemania o Austria.
¿Más obstáculos?
El canciller austriaco, Karl Nehammer, pidió que la UE cofinancie vallas o muros en la frontera entre Bulgaria y Turquía, algo a lo que hasta ahora Alemania, Luxemburgo y otros países se han negado. Sin embargo, la UE lleva años subvencionando sistemas de vigilancia, equipamientos en los puestos fronterizos y medios de comunicación, entre otras cosas.
Las vallas e instalaciones fronterizas fortificadas aumentan desde hace años en varias fronteras exteriores de la UE, sobre todo en Grecia, Bulgaria, Hungría, Croacia, Polonia, Lituania y también España. Ahora, hay unos 2.000 kilómetros, mientras que hace diez años solo eran 300. Italia, además, quiere cerrar al máximo sus puertos a los inmigrantes e imponer normas más estrictas a los barcos privados de salvamento marítimo.