INTERVENCION DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, LAURA CHINCHILLA MIRANDA

En ocasión de la Conferencia Regional sobre Seguridad en Centroamérica

Guatemala, 22 de junio de 2011

Señoras y señores:

La preocupación profunda por el destino de los países de Centroamérica

es lo que nos ha traído hoy a Guatemala.

Nuestra región es víctima  de la brutal arremetida del crimen

organizado transfronterizo que compromete la seguridad de nuestra

población y ataca los fundamentos de nuestras democracias.

La circunstancia es grave. Más aún, si como lo dice el documento de

Marco Conceptual de esta Conferencia, este embate de la delincuencia

transnacional nos sorprende con tareas importantes, aún sin cumplir.

Los quince años transcurridos desde la firma del Tratado Marco de

Seguridad Democrática, no han sido suficientes para consolidar la

“Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo” que nos habíamos

comprometido a crear.

Es por eso que el mejoramiento de la seguridad de Centroamérica sigue

aún condicionado a la necesidad de fortalecer la democracia, de

consolidar el Estado de Derecho, de promover la justicia social y

superar la pobreza, de combatir la corrupción y poner fin a la

impunidad. Sin un esfuerzo decidido por cumplir esas tareas, el

combate a la criminalidad y la violencia no tendrá nunca el éxito que

deseamos.

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica que hoy lanzamos, es una

muestra clara de la determinación de nuestros países, de enfrentar

juntos las nuevas formas de delincuencia.

I. Compromiso regional y  capacidades diferenciadas.

Esta estrategia constituye un compromiso de alcance regional que

reconoce las capacidades diferenciadas de cada una de las naciones del

Istmo.

Costa Rica participa con compromiso y entusiasmo considerando las

naturales diferencias que resultan de las escogencias que hemos hecho

a lo largo de nuestras respectivas trayectorias.

El componente más importante de la estrategia nacional de seguridad de

Costa Rica ha sido la prevención del delito mediante la inversión en

capital humano y mediante la construcción de una sólida

institucionalidad sustentada en el respeto al Estado de Derecho y a la

Democracia.  La relativa solidez de nuestro tejido social y de nuestra

institucionalidad nos han permitido mantenernos como una de las

naciones más seguras de América Latina a pesar de ubicarnos en medio

de una de las regiones más violentas del mundo y de haber abolido el

ejército hace ya más de sesenta años.

Por ello nos complace que el fortalecimiento de la prevención sea

precisamente uno de los ejes fundamentales de esta Estrategia

Regional. Sin embargo, esas acciones debemos entenderlas como

subsidiarias a las obligaciones que de manera ineludible tenemos que

atender los países de la región. No podemos seguir postergando la

deuda social aún pendiente con importantes sectores de la población y

no podemos pretender cerrar las brechas de inequidad con las

raquíticas y regresivas cargas tributarias de nuestras naciones.

Otro componente de la Estrategia Regional es el combate al delito.

Frente a éste, las capacidades de los estados centroamericanos son

dispares y están enmarcadas en estructuras estatales de distinta

vocación que deberemos articular mediante efectivos mecanismos de

cooperación. La base de estos mecanismos deberá ser siempre el apego

de nuestras actuaciones al derecho internacional. No estamos

dispuestos a admitir flagrantes violaciones a la soberanía de un

estado por parte de otro en nombre de la lucha contra el narcotráfico

como recientemente lo experimentó nuestro país.

Estos dos componentes de la Estrategia, prevención integral y combate

del delito no pueden ganar esta batalla a menos que haya compromiso

con el fortalecimiento institucional, el tercer componente de este

consenso centroamericano.

El mejor escudo protector de cualquier sociedad frente a las fuerzas

oscuras del crimen organizado es una institucionalidad con altos

estándares de transparencia e integridad. Es preciso estimular el

escrutinio de funcionarios públicos, el trabajo libre de la prensa, el

fortalecimiento de la independencia judicial, la transparencia del

sistema financiero y el combate a la impunidad.

El cuarto elemento de la Estrategia Regional, seguridad penitenciaria,

rehabilitación y reinserción social, acusa un grave retraso en la

Región, y plantea problemas fundamentales de respeto a los Derechos

Humanos.  A la par de una mayor asignación de recursos para el sector

penitenciario debemos plantearnos el debate en torno a algunos

aspectos de nuestras políticas de persecución criminal.

Resulta evidente que las cárceles no darán abasto si persistimos en

criminalizar el consumo de drogas en lugar de abordarlo como un

problema de salud pública, y si nos dedicamos a apresar a quienes

están en la base de la pirámide delictiva, dejando impunes a quienes

la encabezan. En particular, deseo llamar la atención sobre uno de los

resultados perversos de la forma en que estamos conduciendo la lucha

contra el narcotráfico: la feminización del narcomenudeo. Pese a la

baja participación de la mujer dentro de la población penitenciaria,

la principal causa de su internamiento tiende a ser el trasiego de

droga en pequeñas cantidades.  En Costa Rica esta proporción es de

casi un 70% y presumo que es similar en el resto de la región. Ellas

son en su mayoría, mujeres jefas de hogar y en situación de

precariedad económica.

II. El combate al narcotráfico: una responsabilidad compartida pero

diferenciada.

Hoy ante la comunidad internacional, Centroamérica reafirma la

voluntad de enfrentar decididamente las tareas que nos son propias en

procura de revertir la creciente inseguridad que nos agobia. En Costa

Rica, hemos emprendido una intensa lucha por reformas tributarias que

garanticen la sostenibilidad de nuestras políticas públicas, y hemos

gestionado empréstitos internacionales que nos permitirán complementar

los actuales esfuerzos en materia de seguridad. Estamos concientes de

que nuestros pueblos y nuestros gobiernos deben dar muestras de

sacrificio y responsabilidad.

Sin embargo, los esfuerzos propios no bastarán y por ello hacemos un

llamado a la comunidad internacional para que se sume de manera más

decidida a una tarea que hoy nos desborda.

Víctimas de una geopolítica perversa, hemos sido enganchados al

poderoso convoy de mercaderes de la muerte que buscan legitimar

capitales espurios, que medran de la trata de personas y del tráfico

ilegal de armas de fuego, que organizan bandas para desafiar la

autoridad del Estado, que buscan corromperlo todo y nada admiten como

barrera porque practican las más brutales formas de intimidación

contra la población.

Estamos en medio de un combate formidable y desproporcionado, contra

fuerzas que solo en uno de sus negocios -el tráfico de drogas-

movilizan más de mil veces el valor de toda la cooperación

internacional para seguridad en Centroamérica.

Hoy nadie niega la responsabilidad compartida pero también

diferenciada que tenemos en esta ardua tarea. Sin embargo, pese a que

los países centroamericanos hemos aceptado la responsabilidad de

contribuir en esta lucha, los esfuerzos realizados no han sido

debidamente retribuidos; ni han sido compensadas las consecuencias

negativas derivadas del combate a las drogas seguidas en el plano

internacional.

III. Fondo de Compensación para el Combate de la Delincuencia

Transnacional en C.A: un mecanismo financiero de responsabilidad

compartida pero diferenciada.

Centroamérica no demanda simples regalías, sino tan sólo la merecida

compensación por un esfuerzo realizado  que conlleva elevados costos y

sacrificios.

Por ello, me permito llamar la atención sobre un mecanismo financiero

que refleje esta responsabilidad compartida pero a la vez diferenciada

de las naciones que concurren en la lucha contra el narcotráfico. Se

trata del Fondo de Compensación para el Combate de la Delincuencia

Transnacional en Centroamérica.

Sabemos que en el negocio del narcotráfico, al igual que en cualquier

otro existe una cadena de valor cuyos costos tienden a elevarse de

manera pronunciada a medida que se acerca al consumidor final.  En el

caso de la cocaína, principal droga de trasiego en Centroamérica, se

estima que el valor de la misma aumenta desde US$1.000 el kilogramo en

Colombia, llegando a los US$13.000 en Guatemala y terminando en más de

US$160.000 en los  Estados Unidos de América.

Lo que sugiere esta cadena de valor es que entre más cerca del punto

de origen se capture la droga menos ganancia se distribuirá a lo largo

del proceso.

Es por ello que los países consumidores deberían dirigir una mayor

parte de los recursos que se destinan al combate del narcotráfico para

que estos se ejecuten en la región centroamericana. Estos recursos se

estimarían de acuerdo a un porcentaje del valor de la droga decomisada

antes de salir de Guatemala -último eslabón de la cadena en la región

centroamericana-, y se invertirían en programas que compensen las

externalidades negativas que las operaciones de interdicción generan

en esas mismas naciones.

Los recursos entrarían a un Fondo de Compensación al cual tendrían

acceso los países de la región para financiar proyectos que se

enmarcan dentro de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y

estarían sometidos a un estricto escrutinio.

Señoras y señores:

La estrategia que hoy discutimos es mucho más que un programa para

enfrentar la violencia y la criminalidad en Centroamérica. Es una

estrategia por la prevalencia de nuestra democracia y de los valores

que la sustentan.

En esta alianza que hoy forjamos, se pone a prueba la solidez de

nuestras convicciones. Al igual que hace 25 años es esta una alianza

por el derecho de Centroamérica a vivir en paz. En ese entonces, la

unidad de nuestras naciones y la comprensión de la comunidad

internacional sobre la magnitud de la responsabilidad que le asistía

nos permitió prevalecer por encima de toda discordia, violencia y

agresión.

Hoy no puede ser distinto. Hoy, una vez más debemos iniciar de manera

colectiva la lucha por la reconquista de nuestra paz y tranquilidad.

Costa Rica, al igual que en otros momentos de la historia

centroamericana se compromete a ser un aliado fiable y entusiasta.  No

puede ser de otra manera cuando se trabaja por la paz, la democracia y

la libertad.

Muchas gracias 

en ocasión de la Conferencia Regional sobre Seguridad en Centroamérica

Guatemala, 22 de junio de 2011

 

Señoras y señores:

La preocupación profunda por el destino de los países de Centroamérica

es lo que nos ha traído hoy a Guatemala.

 

Nuestra región es víctima  de la brutal arremetida del crimen

organizado transfronterizo que compromete la seguridad de nuestra

población y ataca los fundamentos de nuestras democracias.

 

 

 

La circunstancia es grave. Más aún, si como lo dice el documento de

Marco Conceptual de esta Conferencia, este embate de la delincuencia

transnacional nos sorprende con tareas importantes, aún sin cumplir.

Los quince años transcurridos desde la firma del Tratado Marco de

Seguridad Democrática, no han sido suficientes para consolidar la

“Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo” que nos habíamos

comprometido a crear.

 

 

 

Es por eso que el mejoramiento de la seguridad de Centroamérica sigue

aún condicionado a la necesidad de fortalecer la democracia, de

consolidar el Estado de Derecho, de promover la justicia social y

superar la pobreza, de combatir la corrupción y poner fin a la

impunidad. Sin un esfuerzo decidido por cumplir esas tareas, el

combate a la criminalidad y la violencia no tendrá nunca el éxito que

deseamos.

 

 

 

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica que hoy lanzamos, es una

muestra clara de la determinación de nuestros países, de enfrentar

juntos las nuevas formas de delincuencia.

 

 

 

I. Compromiso regional y  capacidades diferenciadas.

 

 

 

Esta estrategia constituye un compromiso de alcance regional que

reconoce las capacidades diferenciadas de cada una de las naciones del

Istmo.

 

 

 

Costa Rica participa con compromiso y entusiasmo considerando las

naturales diferencias que resultan de las escogencias que hemos hecho

a lo largo de nuestras respectivas trayectorias.

 

 

 

El componente más importante de la estrategia nacional de seguridad de

Costa Rica ha sido la prevención del delito mediante la inversión en

capital humano y mediante la construcción de una sólida

institucionalidad sustentada en el respeto al Estado de Derecho y a la

Democracia.  La relativa solidez de nuestro tejido social y de nuestra

institucionalidad nos han permitido mantenernos como una de las

naciones más seguras de América Latina a pesar de ubicarnos en medio

de una de las regiones más violentas del mundo y de haber abolido el

ejército hace ya más de sesenta años.

 

 

 

Por ello nos complace que el fortalecimiento de la prevención sea

precisamente uno de los ejes fundamentales de esta Estrategia

Regional. Sin embargo, esas acciones debemos entenderlas como

subsidiarias a las obligaciones que de manera ineludible tenemos que

atender los países de la región. No podemos seguir postergando la

deuda social aún pendiente con importantes sectores de la población y

no podemos pretender cerrar las brechas de inequidad con las

raquíticas y regresivas cargas tributarias de nuestras naciones.

 

 

 

Otro componente de la Estrategia Regional es el combate al delito.

Frente a éste, las capacidades de los estados centroamericanos son

dispares y están enmarcadas en estructuras estatales de distinta

vocación que deberemos articular mediante efectivos mecanismos de

cooperación. La base de estos mecanismos deberá ser siempre el apego

de nuestras actuaciones al derecho internacional. No estamos

dispuestos a admitir flagrantes violaciones a la soberanía de un

estado por parte de otro en nombre de la lucha contra el narcotráfico

como recientemente lo experimentó nuestro país.

 

 

 

Estos dos componentes de la Estrategia, prevención integral y combate

del delito no pueden ganar esta batalla a menos que haya compromiso

con el fortalecimiento institucional, el tercer componente de este

consenso centroamericano.

 

 

 

El mejor escudo protector de cualquier sociedad frente a las fuerzas

oscuras del crimen organizado es una institucionalidad con altos

estándares de transparencia e integridad. Es preciso estimular el

escrutinio de funcionarios públicos, el trabajo libre de la prensa, el

fortalecimiento de la independencia judicial, la transparencia del

sistema financiero y el combate a la impunidad.

 

 

 

El cuarto elemento de la Estrategia Regional, seguridad penitenciaria,

rehabilitación y reinserción social, acusa un grave retraso en la

Región, y plantea problemas fundamentales de respeto a los Derechos

Humanos.  A la par de una mayor asignación de recursos para el sector

penitenciario debemos plantearnos el debate en torno a algunos

aspectos de nuestras políticas de persecución criminal.

 

 

 

Resulta evidente que las cárceles no darán abasto si persistimos en

criminalizar el consumo de drogas en lugar de abordarlo como un

problema de salud pública, y si nos dedicamos a apresar a quienes

están en la base de la pirámide delictiva, dejando impunes a quienes

la encabezan. En particular, deseo llamar la atención sobre uno de los

resultados perversos de la forma en que estamos conduciendo la lucha

contra el narcotráfico: la feminización del narcomenudeo. Pese a la

baja participación de la mujer dentro de la población penitenciaria,

la principal causa de su internamiento tiende a ser el trasiego de

droga en pequeñas cantidades.  En Costa Rica esta proporción es de

casi un 70% y presumo que es similar en el resto de la región. Ellas

son en su mayoría, mujeres jefas de hogar y en situación de

precariedad económica.

 

 

 

II. El combate al narcotráfico: una responsabilidad compartida pero

diferenciada.

 

 

 

Hoy ante la comunidad internacional, Centroamérica reafirma la

voluntad de enfrentar decididamente las tareas que nos son propias en

procura de revertir la creciente inseguridad que nos agobia. En Costa

Rica, hemos emprendido una intensa lucha por reformas tributarias que

garanticen la sostenibilidad de nuestras políticas públicas, y hemos

gestionado empréstitos internacionales que nos permitirán complementar

los actuales esfuerzos en materia de seguridad. Estamos concientes de

que nuestros pueblos y nuestros gobiernos deben dar muestras de

sacrificio y responsabilidad.

 

 

 

Sin embargo, los esfuerzos propios no bastarán y por ello hacemos un

llamado a la comunidad internacional para que se sume de manera más

decidida a una tarea que hoy nos desborda.

 

 

 

Víctimas de una geopolítica perversa, hemos sido enganchados al

poderoso convoy de mercaderes de la muerte que buscan legitimar

capitales espurios, que medran de la trata de personas y del tráfico

ilegal de armas de fuego, que organizan bandas para desafiar la

autoridad del Estado, que buscan corromperlo todo y nada admiten como

barrera porque practican las más brutales formas de intimidación

contra la población.

 

 

 

Estamos en medio de un combate formidable y desproporcionado, contra

fuerzas que solo en uno de sus negocios -el tráfico de drogas-

movilizan más de mil veces el valor de toda la cooperación

internacional para seguridad en Centroamérica.

 

 

 

Hoy nadie niega la responsabilidad compartida pero también

diferenciada que tenemos en esta ardua tarea. Sin embargo, pese a que

los países centroamericanos hemos aceptado la responsabilidad de

contribuir en esta lucha, los esfuerzos realizados no han sido

debidamente retribuidos; ni han sido compensadas las consecuencias

negativas derivadas del combate a las drogas seguidas en el plano

internacional.

 

III. Fondo de Compensación para el Combate de la Delincuencia

Transnacional en C.A: un mecanismo financiero de responsabilidad

compartida pero diferenciada.

 

Centroamérica no demanda simples regalías, sino tan sólo la merecida

compensación por un esfuerzo realizado  que conlleva elevados costos y

sacrificios.

 

Por ello, me permito llamar la atención sobre un mecanismo financiero

que refleje esta responsabilidad compartida pero a la vez diferenciada

de las naciones que concurren en la lucha contra el narcotráfico. Se

trata del Fondo de Compensación para el Combate de la Delincuencia

Transnacional en Centroamérica.

 

Sabemos que en el negocio del narcotráfico, al igual que en cualquier

otro existe una cadena de valor cuyos costos tienden a elevarse de

manera pronunciada a medida que se acerca al consumidor final.  En el

caso de la cocaína, principal droga de trasiego en Centroamérica, se

estima que el valor de la misma aumenta desde US$1.000 el kilogramo en

Colombia, llegando a los US$13.000 en Guatemala y terminando en más de

US$160.000 en los  Estados Unidos de América.

 

Lo que sugiere esta cadena de valor es que entre más cerca del punto

de origen se capture la droga menos ganancia se distribuirá a lo largo

del proceso.

 

Es por ello que los países consumidores deberían dirigir una mayor

parte de los recursos que se destinan al combate del narcotráfico para

que estos se ejecuten en la región centroamericana. Estos recursos se

estimarían de acuerdo a un porcentaje del valor de la droga decomisada

antes de salir de Guatemala -último eslabón de la cadena en la región

centroamericana-, y se invertirían en programas que compensen las

externalidades negativas que las operaciones de interdicción generan

en esas mismas naciones.

 

Los recursos entrarían a un Fondo de Compensación al cual tendrían

acceso los países de la región para financiar proyectos que se

enmarcan dentro de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y

estarían sometidos a un estricto escrutinio.

 

 

 

Señoras y señores:

 

 

 

La estrategia que hoy discutimos es mucho más que un programa para

enfrentar la violencia y la criminalidad en Centroamérica. Es una

estrategia por la prevalencia de nuestra democracia y de los valores

que la sustentan.

 

 

 

En esta alianza que hoy forjamos, se pone a prueba la solidez de

nuestras convicciones. Al igual que hace 25 años es esta una alianza

por el derecho de Centroamérica a vivir en paz. En ese entonces, la

unidad de nuestras naciones y la comprensión de la comunidad

internacional sobre la magnitud de la responsabilidad que le asistía

nos permitió prevalecer por encima de toda discordia, violencia y

agresión.

 

 

 

Hoy no puede ser distinto. Hoy, una vez más debemos iniciar de manera

colectiva la lucha por la reconquista de nuestra paz y tranquilidad.

 

 

 

Costa Rica, al igual que en otros momentos de la historia

centroamericana se compromete a ser un aliado fiable y entusiasta.  No

puede ser de otra manera cuando se trabaja por la paz, la democracia y

la libertad.

 

 

 

Muchas gracias

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