En ocasión de la Conferencia Regional sobre Seguridad en Centroamérica
Guatemala, 22 de junio de 2011
Señoras y señores:
La preocupación profunda por el destino de los países de Centroamérica
es lo que nos ha traído hoy a Guatemala.
Nuestra región es víctima de la brutal arremetida del crimen
organizado transfronterizo que compromete la seguridad de nuestra
población y ataca los fundamentos de nuestras democracias.
La circunstancia es grave. Más aún, si como lo dice el documento de
Marco Conceptual de esta Conferencia, este embate de la delincuencia
transnacional nos sorprende con tareas importantes, aún sin cumplir.
Los quince años transcurridos desde la firma del Tratado Marco de
Seguridad Democrática, no han sido suficientes para consolidar la
“Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo” que nos habíamos
comprometido a crear.
Es por eso que el mejoramiento de la seguridad de Centroamérica sigue
aún condicionado a la necesidad de fortalecer la democracia, de
consolidar el Estado de Derecho, de promover la justicia social y
superar la pobreza, de combatir la corrupción y poner fin a la
impunidad. Sin un esfuerzo decidido por cumplir esas tareas, el
combate a la criminalidad y la violencia no tendrá nunca el éxito que
deseamos.
La Estrategia de Seguridad de Centroamérica que hoy lanzamos, es una
muestra clara de la determinación de nuestros países, de enfrentar
juntos las nuevas formas de delincuencia.
I. Compromiso regional y capacidades diferenciadas.
Esta estrategia constituye un compromiso de alcance regional que
reconoce las capacidades diferenciadas de cada una de las naciones del
Istmo.
Costa Rica participa con compromiso y entusiasmo considerando las
naturales diferencias que resultan de las escogencias que hemos hecho
a lo largo de nuestras respectivas trayectorias.
El componente más importante de la estrategia nacional de seguridad de
Costa Rica ha sido la prevención del delito mediante la inversión en
capital humano y mediante la construcción de una sólida
institucionalidad sustentada en el respeto al Estado de Derecho y a la
Democracia. La relativa solidez de nuestro tejido social y de nuestra
institucionalidad nos han permitido mantenernos como una de las
naciones más seguras de América Latina a pesar de ubicarnos en medio
de una de las regiones más violentas del mundo y de haber abolido el
ejército hace ya más de sesenta años.
Por ello nos complace que el fortalecimiento de la prevención sea
precisamente uno de los ejes fundamentales de esta Estrategia
Regional. Sin embargo, esas acciones debemos entenderlas como
subsidiarias a las obligaciones que de manera ineludible tenemos que
atender los países de la región. No podemos seguir postergando la
deuda social aún pendiente con importantes sectores de la población y
no podemos pretender cerrar las brechas de inequidad con las
raquíticas y regresivas cargas tributarias de nuestras naciones.
Otro componente de la Estrategia Regional es el combate al delito.
Frente a éste, las capacidades de los estados centroamericanos son
dispares y están enmarcadas en estructuras estatales de distinta
vocación que deberemos articular mediante efectivos mecanismos de
cooperación. La base de estos mecanismos deberá ser siempre el apego
de nuestras actuaciones al derecho internacional. No estamos
dispuestos a admitir flagrantes violaciones a la soberanía de un
estado por parte de otro en nombre de la lucha contra el narcotráfico
como recientemente lo experimentó nuestro país.
Estos dos componentes de la Estrategia, prevención integral y combate
del delito no pueden ganar esta batalla a menos que haya compromiso
con el fortalecimiento institucional, el tercer componente de este
consenso centroamericano.
El mejor escudo protector de cualquier sociedad frente a las fuerzas
oscuras del crimen organizado es una institucionalidad con altos
estándares de transparencia e integridad. Es preciso estimular el
escrutinio de funcionarios públicos, el trabajo libre de la prensa, el
fortalecimiento de la independencia judicial, la transparencia del
sistema financiero y el combate a la impunidad.
El cuarto elemento de la Estrategia Regional, seguridad penitenciaria,
rehabilitación y reinserción social, acusa un grave retraso en la
Región, y plantea problemas fundamentales de respeto a los Derechos
Humanos. A la par de una mayor asignación de recursos para el sector
penitenciario debemos plantearnos el debate en torno a algunos
aspectos de nuestras políticas de persecución criminal.
Resulta evidente que las cárceles no darán abasto si persistimos en
criminalizar el consumo de drogas en lugar de abordarlo como un
problema de salud pública, y si nos dedicamos a apresar a quienes
están en la base de la pirámide delictiva, dejando impunes a quienes
la encabezan. En particular, deseo llamar la atención sobre uno de los
resultados perversos de la forma en que estamos conduciendo la lucha
contra el narcotráfico: la feminización del narcomenudeo. Pese a la
baja participación de la mujer dentro de la población penitenciaria,
la principal causa de su internamiento tiende a ser el trasiego de
droga en pequeñas cantidades. En Costa Rica esta proporción es de
casi un 70% y presumo que es similar en el resto de la región. Ellas
son en su mayoría, mujeres jefas de hogar y en situación de
precariedad económica.
II. El combate al narcotráfico: una responsabilidad compartida pero
diferenciada.
Hoy ante la comunidad internacional, Centroamérica reafirma la
voluntad de enfrentar decididamente las tareas que nos son propias en
procura de revertir la creciente inseguridad que nos agobia. En Costa
Rica, hemos emprendido una intensa lucha por reformas tributarias que
garanticen la sostenibilidad de nuestras políticas públicas, y hemos
gestionado empréstitos internacionales que nos permitirán complementar
los actuales esfuerzos en materia de seguridad. Estamos concientes de
que nuestros pueblos y nuestros gobiernos deben dar muestras de
sacrificio y responsabilidad.
Sin embargo, los esfuerzos propios no bastarán y por ello hacemos un
llamado a la comunidad internacional para que se sume de manera más
decidida a una tarea que hoy nos desborda.
Víctimas de una geopolítica perversa, hemos sido enganchados al
poderoso convoy de mercaderes de la muerte que buscan legitimar
capitales espurios, que medran de la trata de personas y del tráfico
ilegal de armas de fuego, que organizan bandas para desafiar la
autoridad del Estado, que buscan corromperlo todo y nada admiten como
barrera porque practican las más brutales formas de intimidación
contra la población.
Estamos en medio de un combate formidable y desproporcionado, contra
fuerzas que solo en uno de sus negocios -el tráfico de drogas-
movilizan más de mil veces el valor de toda la cooperación
internacional para seguridad en Centroamérica.
Hoy nadie niega la responsabilidad compartida pero también
diferenciada que tenemos en esta ardua tarea. Sin embargo, pese a que
los países centroamericanos hemos aceptado la responsabilidad de
contribuir en esta lucha, los esfuerzos realizados no han sido
debidamente retribuidos; ni han sido compensadas las consecuencias
negativas derivadas del combate a las drogas seguidas en el plano
internacional.
III. Fondo de Compensación para el Combate de la Delincuencia
Transnacional en C.A: un mecanismo financiero de responsabilidad
compartida pero diferenciada.
Centroamérica no demanda simples regalías, sino tan sólo la merecida
compensación por un esfuerzo realizado que conlleva elevados costos y
sacrificios.
Por ello, me permito llamar la atención sobre un mecanismo financiero
que refleje esta responsabilidad compartida pero a la vez diferenciada
de las naciones que concurren en la lucha contra el narcotráfico. Se
trata del Fondo de Compensación para el Combate de la Delincuencia
Transnacional en Centroamérica.
Sabemos que en el negocio del narcotráfico, al igual que en cualquier
otro existe una cadena de valor cuyos costos tienden a elevarse de
manera pronunciada a medida que se acerca al consumidor final. En el
caso de la cocaína, principal droga de trasiego en Centroamérica, se
estima que el valor de la misma aumenta desde US$1.000 el kilogramo en
Colombia, llegando a los US$13.000 en Guatemala y terminando en más de
US$160.000 en los Estados Unidos de América.
Lo que sugiere esta cadena de valor es que entre más cerca del punto
de origen se capture la droga menos ganancia se distribuirá a lo largo
del proceso.
Es por ello que los países consumidores deberían dirigir una mayor
parte de los recursos que se destinan al combate del narcotráfico para
que estos se ejecuten en la región centroamericana. Estos recursos se
estimarían de acuerdo a un porcentaje del valor de la droga decomisada
antes de salir de Guatemala -último eslabón de la cadena en la región
centroamericana-, y se invertirían en programas que compensen las
externalidades negativas que las operaciones de interdicción generan
en esas mismas naciones.
Los recursos entrarían a un Fondo de Compensación al cual tendrían
acceso los países de la región para financiar proyectos que se
enmarcan dentro de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y
estarían sometidos a un estricto escrutinio.
Señoras y señores:
La estrategia que hoy discutimos es mucho más que un programa para
enfrentar la violencia y la criminalidad en Centroamérica. Es una
estrategia por la prevalencia de nuestra democracia y de los valores
que la sustentan.
En esta alianza que hoy forjamos, se pone a prueba la solidez de
nuestras convicciones. Al igual que hace 25 años es esta una alianza
por el derecho de Centroamérica a vivir en paz. En ese entonces, la
unidad de nuestras naciones y la comprensión de la comunidad
internacional sobre la magnitud de la responsabilidad que le asistía
nos permitió prevalecer por encima de toda discordia, violencia y
agresión.
Hoy no puede ser distinto. Hoy, una vez más debemos iniciar de manera
colectiva la lucha por la reconquista de nuestra paz y tranquilidad.
Costa Rica, al igual que en otros momentos de la historia
centroamericana se compromete a ser un aliado fiable y entusiasta. No
puede ser de otra manera cuando se trabaja por la paz, la democracia y
la libertad.
Muchas gracias
en ocasión de la Conferencia Regional sobre Seguridad en Centroamérica
Guatemala, 22 de junio de 2011
Señoras y señores:
La preocupación profunda por el destino de los países de Centroamérica
es lo que nos ha traído hoy a Guatemala.
Nuestra región es víctima de la brutal arremetida del crimen
organizado transfronterizo que compromete la seguridad de nuestra
población y ataca los fundamentos de nuestras democracias.
La circunstancia es grave. Más aún, si como lo dice el documento de
Marco Conceptual de esta Conferencia, este embate de la delincuencia
transnacional nos sorprende con tareas importantes, aún sin cumplir.
Los quince años transcurridos desde la firma del Tratado Marco de
Seguridad Democrática, no han sido suficientes para consolidar la
“Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo” que nos habíamos
comprometido a crear.
Es por eso que el mejoramiento de la seguridad de Centroamérica sigue
aún condicionado a la necesidad de fortalecer la democracia, de
consolidar el Estado de Derecho, de promover la justicia social y
superar la pobreza, de combatir la corrupción y poner fin a la
impunidad. Sin un esfuerzo decidido por cumplir esas tareas, el
combate a la criminalidad y la violencia no tendrá nunca el éxito que
deseamos.
La Estrategia de Seguridad de Centroamérica que hoy lanzamos, es una
muestra clara de la determinación de nuestros países, de enfrentar
juntos las nuevas formas de delincuencia.
I. Compromiso regional y capacidades diferenciadas.
Esta estrategia constituye un compromiso de alcance regional que
reconoce las capacidades diferenciadas de cada una de las naciones del
Istmo.
Costa Rica participa con compromiso y entusiasmo considerando las
naturales diferencias que resultan de las escogencias que hemos hecho
a lo largo de nuestras respectivas trayectorias.
El componente más importante de la estrategia nacional de seguridad de
Costa Rica ha sido la prevención del delito mediante la inversión en
capital humano y mediante la construcción de una sólida
institucionalidad sustentada en el respeto al Estado de Derecho y a la
Democracia. La relativa solidez de nuestro tejido social y de nuestra
institucionalidad nos han permitido mantenernos como una de las
naciones más seguras de América Latina a pesar de ubicarnos en medio
de una de las regiones más violentas del mundo y de haber abolido el
ejército hace ya más de sesenta años.
Por ello nos complace que el fortalecimiento de la prevención sea
precisamente uno de los ejes fundamentales de esta Estrategia
Regional. Sin embargo, esas acciones debemos entenderlas como
subsidiarias a las obligaciones que de manera ineludible tenemos que
atender los países de la región. No podemos seguir postergando la
deuda social aún pendiente con importantes sectores de la población y
no podemos pretender cerrar las brechas de inequidad con las
raquíticas y regresivas cargas tributarias de nuestras naciones.
Otro componente de la Estrategia Regional es el combate al delito.
Frente a éste, las capacidades de los estados centroamericanos son
dispares y están enmarcadas en estructuras estatales de distinta
vocación que deberemos articular mediante efectivos mecanismos de
cooperación. La base de estos mecanismos deberá ser siempre el apego
de nuestras actuaciones al derecho internacional. No estamos
dispuestos a admitir flagrantes violaciones a la soberanía de un
estado por parte de otro en nombre de la lucha contra el narcotráfico
como recientemente lo experimentó nuestro país.
Estos dos componentes de la Estrategia, prevención integral y combate
del delito no pueden ganar esta batalla a menos que haya compromiso
con el fortalecimiento institucional, el tercer componente de este
consenso centroamericano.
El mejor escudo protector de cualquier sociedad frente a las fuerzas
oscuras del crimen organizado es una institucionalidad con altos
estándares de transparencia e integridad. Es preciso estimular el
escrutinio de funcionarios públicos, el trabajo libre de la prensa, el
fortalecimiento de la independencia judicial, la transparencia del
sistema financiero y el combate a la impunidad.
El cuarto elemento de la Estrategia Regional, seguridad penitenciaria,
rehabilitación y reinserción social, acusa un grave retraso en la
Región, y plantea problemas fundamentales de respeto a los Derechos
Humanos. A la par de una mayor asignación de recursos para el sector
penitenciario debemos plantearnos el debate en torno a algunos
aspectos de nuestras políticas de persecución criminal.
Resulta evidente que las cárceles no darán abasto si persistimos en
criminalizar el consumo de drogas en lugar de abordarlo como un
problema de salud pública, y si nos dedicamos a apresar a quienes
están en la base de la pirámide delictiva, dejando impunes a quienes
la encabezan. En particular, deseo llamar la atención sobre uno de los
resultados perversos de la forma en que estamos conduciendo la lucha
contra el narcotráfico: la feminización del narcomenudeo. Pese a la
baja participación de la mujer dentro de la población penitenciaria,
la principal causa de su internamiento tiende a ser el trasiego de
droga en pequeñas cantidades. En Costa Rica esta proporción es de
casi un 70% y presumo que es similar en el resto de la región. Ellas
son en su mayoría, mujeres jefas de hogar y en situación de
precariedad económica.
II. El combate al narcotráfico: una responsabilidad compartida pero
diferenciada.
Hoy ante la comunidad internacional, Centroamérica reafirma la
voluntad de enfrentar decididamente las tareas que nos son propias en
procura de revertir la creciente inseguridad que nos agobia. En Costa
Rica, hemos emprendido una intensa lucha por reformas tributarias que
garanticen la sostenibilidad de nuestras políticas públicas, y hemos
gestionado empréstitos internacionales que nos permitirán complementar
los actuales esfuerzos en materia de seguridad. Estamos concientes de
que nuestros pueblos y nuestros gobiernos deben dar muestras de
sacrificio y responsabilidad.
Sin embargo, los esfuerzos propios no bastarán y por ello hacemos un
llamado a la comunidad internacional para que se sume de manera más
decidida a una tarea que hoy nos desborda.
Víctimas de una geopolítica perversa, hemos sido enganchados al
poderoso convoy de mercaderes de la muerte que buscan legitimar
capitales espurios, que medran de la trata de personas y del tráfico
ilegal de armas de fuego, que organizan bandas para desafiar la
autoridad del Estado, que buscan corromperlo todo y nada admiten como
barrera porque practican las más brutales formas de intimidación
contra la población.
Estamos en medio de un combate formidable y desproporcionado, contra
fuerzas que solo en uno de sus negocios -el tráfico de drogas-
movilizan más de mil veces el valor de toda la cooperación
internacional para seguridad en Centroamérica.
Hoy nadie niega la responsabilidad compartida pero también
diferenciada que tenemos en esta ardua tarea. Sin embargo, pese a que
los países centroamericanos hemos aceptado la responsabilidad de
contribuir en esta lucha, los esfuerzos realizados no han sido
debidamente retribuidos; ni han sido compensadas las consecuencias
negativas derivadas del combate a las drogas seguidas en el plano
internacional.
III. Fondo de Compensación para el Combate de la Delincuencia
Transnacional en C.A: un mecanismo financiero de responsabilidad
compartida pero diferenciada.
Centroamérica no demanda simples regalías, sino tan sólo la merecida
compensación por un esfuerzo realizado que conlleva elevados costos y
sacrificios.
Por ello, me permito llamar la atención sobre un mecanismo financiero
que refleje esta responsabilidad compartida pero a la vez diferenciada
de las naciones que concurren en la lucha contra el narcotráfico. Se
trata del Fondo de Compensación para el Combate de la Delincuencia
Transnacional en Centroamérica.
Sabemos que en el negocio del narcotráfico, al igual que en cualquier
otro existe una cadena de valor cuyos costos tienden a elevarse de
manera pronunciada a medida que se acerca al consumidor final. En el
caso de la cocaína, principal droga de trasiego en Centroamérica, se
estima que el valor de la misma aumenta desde US$1.000 el kilogramo en
Colombia, llegando a los US$13.000 en Guatemala y terminando en más de
US$160.000 en los Estados Unidos de América.
Lo que sugiere esta cadena de valor es que entre más cerca del punto
de origen se capture la droga menos ganancia se distribuirá a lo largo
del proceso.
Es por ello que los países consumidores deberían dirigir una mayor
parte de los recursos que se destinan al combate del narcotráfico para
que estos se ejecuten en la región centroamericana. Estos recursos se
estimarían de acuerdo a un porcentaje del valor de la droga decomisada
antes de salir de Guatemala -último eslabón de la cadena en la región
centroamericana-, y se invertirían en programas que compensen las
externalidades negativas que las operaciones de interdicción generan
en esas mismas naciones.
Los recursos entrarían a un Fondo de Compensación al cual tendrían
acceso los países de la región para financiar proyectos que se
enmarcan dentro de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y
estarían sometidos a un estricto escrutinio.
Señoras y señores:
La estrategia que hoy discutimos es mucho más que un programa para
enfrentar la violencia y la criminalidad en Centroamérica. Es una
estrategia por la prevalencia de nuestra democracia y de los valores
que la sustentan.
En esta alianza que hoy forjamos, se pone a prueba la solidez de
nuestras convicciones. Al igual que hace 25 años es esta una alianza
por el derecho de Centroamérica a vivir en paz. En ese entonces, la
unidad de nuestras naciones y la comprensión de la comunidad
internacional sobre la magnitud de la responsabilidad que le asistía
nos permitió prevalecer por encima de toda discordia, violencia y
agresión.
Hoy no puede ser distinto. Hoy, una vez más debemos iniciar de manera
colectiva la lucha por la reconquista de nuestra paz y tranquilidad.
Costa Rica, al igual que en otros momentos de la historia
centroamericana se compromete a ser un aliado fiable y entusiasta. No
puede ser de otra manera cuando se trabaja por la paz, la democracia y
la libertad.
Muchas gracias