La propuesta busca crear el artículo 24-A y plantea un castigo de prisión de cuatro a ocho años a quien por medio de perfiles falsos ya sea utilizando la identidad de otra persona o creando personajes apócrifos; difamare, calumniare, injuriare o divulgare hechos falsos para dañar el honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen de personas naturales o jurídicas.
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acordó solicitar opinión jurídica a la Unidad Técnica del Sector de Justicia (UTE) respecto a una moción que busca reformar la Ley especial contra los delitos informáticos y conexos, a fin de penalizar a las personas que utilicen perfiles falsos para difamar e injuriar desde el anonimato en las redes sociales.
La propuesta busca crear el artículo 24-A y plantea un castigo de prisión de cuatro a ocho años a quien por medio de perfiles falsos ya sea utilizando la identidad de otra persona o creando personajes apócrifos; difamare, calumniare, injuriare o divulgare hechos falsos para dañar el honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen de personas naturales o jurídicas, así como si realiza apología del delito a través de las redes sociales o tecnológicas de la información y comunicación.
Según la moción, igual sanción se propone aplicar a personas naturales o jurídicas, propietarios, directores, redactores, productores y transmisores que haciendo uso de periódicos, revistas, estaciones radiales, televisión, videos, fotografías y montajes por el sistema digital realizasen las conductas descritas y no se identifiquen en sus respectivos sitios WEB o perfiles en redes sociales, y que aparezcan inscritos como responsables de dichos medios.
El presidente de la comisión, diputado Mario Tenorio (GANA), expresó: “Yo estoy bien claro en lo que han expresado y una de las características principales de la ley es que su aplicación es general, y que por lo tanto no se está beneficiando a un sector en especial. Consideramos que se está sobre legislando, aquí deberíamos de legislar sobre los perfiles falsos que hacen uso de los mismos para cometer un acto ilícito”.
El diputado Ricardo Velásquez Parker (ARENA) solicitó que se analicen las penas propuestas. “Aquí lo que estamos ponderando es la posible comisión de delitos de injurias y difamación mediante la modalidad de perfiles falsos mediante las redes sociales, lo que atenta contra el bien jurídico del honor que tiene rango Constitucional”.
Por su parte, la diputada Cristina Cornejo (FMLN) considera alarmante el acoso a través de las redes sociales. “Es preocupante este tipo de acoso, no solo me refiero a los funcionarios sino a todos los ciudadanos; en los adolescentes hay un tema de bullying, por eso creo que hemos iniciado bien esta discusión, pero creo que debemos profundizar más. La libertad de expresión jamás se está violentando para los medios de comunicación y es por lo que hemos peleado por años, pero creo que hay que revisar los perfiles falsos que cometen delitos con la ciudadanía”.
En ese contexto, el diputado Antonio Almendáriz (PCN) recordó que algunos elementos que se contemplan en la moción son establecidas en el Código Penal, a quienes hacen “uso de las tecnologías y difundan imágenes, audios y videos constitutivos de delitos y que se atribuyan la comisión de un delito son sancionados con prisión de dos a tres años y que si la conducta induce al odio, la racismo, xenofobia o constitutiva de bullying deberá ser de dos a cuatro años, y si la comisión del delito se realizara con ánimo de lucro o comisión de otro delito y ocasiona daños a terceros, la pena sea de cuatro a ocho años de prisión”.
En tanto, el diputado Leonardo Bonilla (no partidario), es de la opinión de que este tipo de delitos ya se encuentran tipificados en otras leyes, y considera la propuesta podría reñir contra la libertad de expresión. “La amenaza en las redes sociales ya están tipificadas en el Código Penal, controlar el uso de las redes sociales no es fácil y eso lo sabemos. Una cosa es aprobar una normativa y otra cosa es tener los recursos para hacerle frente, es decir no tenemos la capacidad para darle seguimiento en este momento a ese tipo de delitos”.
Autorizan donación de inmueble
En otro tema, la comisión de legislación emitió un dictamen favorable para autorizar la donación de un inmueble de naturaleza rústica situado en la calle principal hacia la bocana del Río Jiboa, cantón San Marcelino, jurisdicción de San pedro Masahuat, departamento de La Paz, a favor de Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación.
Dicha institución es autónoma de derecho público y con personería jurídica que regula la administración e implementación de servicios y prestación de protección social a los empleados del ramo de Educación, Ciencia y Tecnología.
Por: Asamblea Legislativa.