El Pleno Legislativo aprobó con 55 votos el primer informe parcial de la Comisión Especial para investigar la supuesta denuncia al TLC con el país asiático y recomendó a la FGR investigar al canciller Carlos Castaneda, por usurpación de funciones al derogar un tratado sin estar facultado para ello; y a la Asamblea Legislativa, que desconozca la decisión del Ejecutivo de denunciar el TLC y que publique un pronunciamiento donde se establezca que dicho tratado sigue vigente.
Con 55 votos, el Pleno Legislativo, avaló el informe de la Comisión Especial para investigar todo lo relacionado con la supuesta denuncia al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Taiwán y El Salvador. En el mismo, los diputados recomendaron a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar investigaciones por el posible cometimiento de actos arbitrarios por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, por usurpación de funciones al derogar un tratado sin estar facultado para ello y a la Asamblea Legislativa que desconozca la decisión de Cancillería de denunciar dicho tratado y que publique un pronunciamiento donde se establezca que dicho convenio sigue vigente.
Además, se recomienda a la Dirección General de Aduanas no cobrar las tarifas arancelarias publicadas por el Ministerio de Economía (MINEC), ya que el TLC con Taiwán sigue vigente, a Cancillería que proceda conforme al artículo 142 de la Constitución de la República, en el entendido que si desea derogar dicho tratado debe enviar la iniciativa al Legislativo y la respectiva denuncia.
Al MINEC, le sugiere que publique en el Diario Oficial el Programa de Desgravación Arancelaria con Taiwán para todo el año 2019 y que se incluya al Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera para que siga emitiendo los certificados de exportación que amparan las exportaciones de azúcar de El Salvador, de acuerdo al TLC en mención; finalmente, a la Sala de lo Constitucional resolver conforme a derecho respecto al amparo presentado por la empresa privada, sobre todo por el gremio azucarero que sería el principal afectado con la finalización del mismo.
En el informe se concluye que la celebración de tratados y toda clase de convenios internacionales ha sido una facultad del Órgano Ejecutivo; no obstante, la Constitución de 1983 establece en su artículo 145 la consideración de que los tratados se “constituyen leyes de la República”, pero el artículo 146 señala que “en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”, limitando las facultades presidenciales de suscribir tratados y las legislativas de aprobarlos cuando de alguna manera se lesionen o menoscaben la integridad del territorio.
Tomando en cuenta lo anterior, al igual que la ratificación del mismo es potestad del Legislativo, para sacar del ordenamiento jurídico una ley vigente, el artículo 142 de la Carta Magna establece que “para derogar leyes se observarán los mismos trámites que para su formación”. Es decir que el Órgano Legislativo debe emitir una derogación previa para poder dar por terminado un tratado que es ley de la República.
“En ningún momento el Órgano Ejecutivo está facultado para derogar una ley. Tal como establece la Constitución para que un tratado se cumpla debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa, entonces debe ser esta que otorgue la autorización de la denuncia a través de la derogatoria de dicho tratado, para que se deje sin efecto la aplicación del mismo, proceso que deberá seguir el Órgano Ejecutivo posteriormente; de lo contrario el tratado seguirá siendo ley de la República”, reza el informe aprobado por la mayoría de diputados.
Sala admitió amparo de sector azucarero dos días antes de que TLC quedara sin vigencia
Al respecto, apenas dos días antes de que quedara sin vigencia dicho pacto comercial, la Sala admitió una de las demandas que presentó la empresa privada y principalmente el gremio azucarero del país en contra de la cancelación de del TLC con Taiwán que el Gobierno salvadoreño efectuó el año pasado, por lo que el procedimiento de terminación del acuerdo comercial fijado para el 15 de marzo se detiene.
“Este día ha ganado la legalidad en nuestro país, con la admisión de la demanda de amparo sobre el TLC con Taiwán; agradezco a los diputados que votaron por el informe que hoy conocemos, espero que con esta demanda aceptada se siente un precedente”, subrayó la presidenta de la Comisión Especial, diputada Marcela Villatoro (ARENA).
Por su parte, el diputado Damián Alegría (FMLN) recalcó: “Con relación al Tratado de Libre Comercio con Taiwán podemos asegurar que son atribuciones del Órgano Ejecutivo dirigir las relaciones exteriores. Y no es tema que le corresponda a la Asamblea Legislativa, analizar la facultad de denuncia del TLC”.
Por: Asamblea Legislativa