Lunes 7 de Noviembre 2016
En detención provisional se mantendrán los siete imputados implicados en el caso “Destape a la corrupción”, esto después que la Jueza Cuarto de Paz, Nelly Edith Pozas, así lo determinó en su resolución mediante la cual consideró que se reúnen los requisitos mínimos de participación en los delitos que se les atribuyen. Además, ordenó el embargo de bienes patrimoniales y seis meses de instrucción.
La resolución, emitida el pasado 5 de los corrientes, estableció que los imputados Elías Antonio Saca González, Elmer Roberto Charlaix, César Daniel Funes Durán, Julio Humberto Rank Romero, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera Castellanos; permanezcan en prisión por los delitos de Lavado de Dinero y de Activos, Casos especiales de lavado de dinero y de activos, Peculado y Agrupaciones ilícitas.
De acuerdo a las investigaciones del equipo fiscal, ha determinado que esta red movilizó de forma ilícita un aproximado de $ 246 millones provenientes de la cuenta Subsidiaria del Tesoro Nacional.
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La aplicadora de justicia consideró tres elementos fundamentales para emitir tal decisión, ya que el primero fue debido a la gravedad de los delitos en cuestión, pues todas las muestras de arraigo presentadas por la defensa fueron insuficientes como para haberles brindado medidas sustitutivas al arresto preventivo. Asimismo, valoró que las penas que contemplan los ilícitos son considerables y estimó el riesgo de que los imputados puedan evadir la justicia.
En su argumento, la juzgadora reconoció la figura de las Agrupaciones ilícitas al considerar que existió una estructura jerárquica a la que se le notan indicios de los ilícitos; en cuanto al Peculado, dijo que el dinero fue movilizado de cuentas del Estado a las privadas, y de las cuales hubo retiros en efectivo muchas veces por personas que eran funcionarios públicos. Sobre el Lavado de dinero, la juez señaló que el traslado de fondos a cuentas privadas y la falta de comprobantes sobre el traslado de ese dinero a instituciones públicas son indicios suficientes para indiciar el delito.
Asimismo, la juez Pozas decretó el embargo preventivo de todas las propiedades que estén a nombre de cada uno de los siete imputados, las cuales deben ser establecidas por parte de la Fiscalía, en el transcurso de la instrucción.
“Se garantizarán derechos de los trabajadores”: Jefe UIF
Por su parte, Jorge Cortez, Jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Fiscalía General de la República (FGR), se mostró satisfecho con la resolución. “Con este caso la Fiscalía está realizando sus investigaciones y el Órgano Judicial está dando los resultados que la población espera en estos casos de corrupción”, agregó Cortez.
Señaló que en esta primera fase del proceso judicial se ha mostrado la forma en que los implicados extrajeron fondos públicos para cuentas particulares y desarrollaron otras actividades ajenas a lo que la ley les mandaba.
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Respeto a los embargos, el fiscal Cortez señaló que la FGR buscará que las empresas sigan cumpliendo las obligaciones con sus empleados. “Vamos a garantizar los derechos de los trabajadores y en ese sentido, hemos peticionado que con las solicitudes de inmovilización de las cuentas bancarias del Grupo Samix y otras sociedades que estén vinculadas a los imputados, sean respetadas principalmente las que estén ligadas al pago de salarios, de préstamos, pagos de AFP y así no afectar a los que laboran en esas sociedades”, advirtió el fiscal jefe.
Pero también, sobre los embargos de bienes patrimoniales, Cortez señaló que la FGR tiene determinadas las propiedades de cada uno de los imputados, las cuales se darán a conocer en la medida avance el proceso en las instancias judiciales, al tiempo que dijo que en este caso hay una investigación amplia y la cual aún continúa desarrollándose.
La resolución en su contenido completo será dada a conocer por la juez a las partes procesales, este próximo 10 de los corrientes.