Por: Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
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San Salvador, 1 de noviembre del 2015.
Con la aprobación de los nuevos impuestos para financiar los proyectos de seguridad, basados en el concepto de disminuir la violencia por la satisfacción de las necesidades materiales de los pandilleros y garantizarles la impunidad por sus crímenes pasados, no darán los resultados esperados, pero sí habrá de haber una nueva modalidad contraria a los principios tradicionales de las finanzas públicas; debemos en consecuencia, analizar la transformación presupuestaria, desde los Gobiernos anteriores.
Al treinta y uno de agosto del presente año, la deuda pública asciende a la cantidad de $ 16,142 millones de dólares; en este total está comprendido la deuda de las nacionalizaciones y del conflicto armado de los años 80´s, más la deuda generada en los Gobiernos de Cristiani, Calderón y Flores, que suman $ 7,500 millones de dólares. Los restantes $ 8,642 millones es un endeudamiento generado en los últimos nueve años. A partir del año dos mil seis, se inicia la práctica de aprobar presupuestos desfinanciados, con números maquillados y con ficticias proyecciones de recaudación, lo cual ha creado un promedio anual de endeudamiento del 25% del presupuesto aprobado. Con pequeñas diferencias, los análisis de FUSADES, FUNDE y ANEP son en este sentido, coincidentes.
Desde el dos mil nueve a la fecha, el aparato del Estado cuenta con 40,000 nuevas contrataciones, siendo éstas, en su mayoría, por filiación partidaria, acrecentando la burocracia dentro del Estado. También desde el 2006, se ha dado la práctica del “reacomodo presupuestario”, es decir, que los fondos destinados para una cartera, se destinen para otra. Dicha práctica ha sido declarada inconstitucional, por la Sala de lo Constitucional.
Ahora bien, considerando que el Presupuesto General de la Nación está fundamentado en la concreción o acumulación del Bien Común, según la visión que el Ejecutivo tiene, de las necesidades nacionales, en un balance con los ingresos futuros y, aprobados por las distintas visiones ideológicas, expresadas en la Asamblea Legislativa; sólo así, se logra el equilibrio necesario de las necesidades nacionales.
Sin embargo, se ha cambiado este claro concepto, pues lo que tenemos hoy, es un juego de ardides, para ocultar gastos evitando los debidos controles constitucionales y crear necesidades que forzosamente, tienen que ser cubiertas, aún sin la voluntad conjunta de la oposición y el Gobierno que en definitiva, nos trae mayor endeudamiento, mayor burocracia y menor crecimiento económico.
Las necesidades del país son muchas y los recursos, pocos; pero no justifican, los ardides para financiar la visión política del Gobierno. Cuando se inició esta práctica presupuestaria, por la negativa del FMLN de dar los votos para un empréstito, se ideo crear un fidecomiso (cuya esencia es el patrimonio con que es creado), para que se contrajese deuda soberana, pero de forma fraudulenta. Este ardid para burlar los controles constitucionales, no pasó inadvertido para las entidades financieras internacionales; y así, se advirtió al Ejecutivo no repetirlo
Si analizamos los efectos negativos de los nuevos impuestos, concluimos que habrá forzosamente un alza en los servicios; y, si el Gobierno regula los precios, habrá una baja en la calidad de los mismos a mediano plazo. Debemos de esperar también, otro efecto negativo, en la “reinserción” de las pandillas y la contratación forzosa, que el Gobierno pretende imponer, en clara contravención al principio de libre contratación. Todos estos efectos negativos, se verán reflejados en una baja de la recaudación esperada por el Estado, pues habrá una forzosa disminución de la misma.
El funcionario público, por corrupción y por favoritismo político ve en el Presupuesto General de la Nación, su fuente de ingresos personal. La situación económica del país, es tan precaria, que esta nueva práctica nueva de doble presupuesto y doble tributación,, puede ser el factor que desequilibre la estabilidad interna de que goza el país. Para acentuar este punto cito las ofertas de ayuda gubernamental en la construcción de casas que está ofreciendo Salvador Sánchez Cerén, lo que no está en el presupuesto, pero al crear la expectativa social, tendrá motivo para exigir mayor tributación especial, más cooperación internacional, bajo el chantaje que de no tenerla, habrá una inestabilidad social incontrolable.