Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho
El CEJ, junto con un grupo de ex presidentes del Centro de Estudios Jurídicos y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, ha difundido un pronunciamiento sobre la crítica situación en el Órgano Judicial, que se resume así:
A mediados del mes de enero presenciamos acciones provocadas por un grupo de “dirigentes sindicales” que, con la excusa de exigir aumentos salariales, indujeron a empleados del Órgano Judicial a efectuar una suspensión de labores y a tomarse las sedes del Instituto de Medicina Legal y otras oficinas judiciales. Tales acciones provocaron una serie de perjuicios al Estado y a personas particulares, retraso en la conducción de asuntos oficiales, impunidad en la comisión de delitos y problemas de salud, sin contar el daño moral causado a familiares de numerosos fallecidos por acciones violentas ocurridas en esos días.
Los trabajadores del Órgano Judicial tienen derecho a reclamar la mejora de sus condiciones de trabajo y a plantear sus demandas, pero deben hacerlo de conformidad a la ley y dentro de los límites de la racionalidad económica. En cambio, hemos visto muestras de libertinaje sindical que, con la excusa de reivindicaciones laborales, generaron una situación de desorden, sin importarles burlar la Constitución, que expresamente prohíbe la huelga de los empleados públicos. Asimismo, desconocieron la ley que prevé mecanismos para la solución de conflictos en el caso de los servicios indispensables a la comunidad, como es la administración de justicia.
Hubo indignación al difundirse que los sueldos y prestaciones de este núcleo se encuentran entre los más elevados del sector público; y adquirió mayor relevancia al efectuarse la recuperación de las instalaciones del Instituto de Medicina Legal por fuerzas del orden público, al conocerse que se interrumpió un festejo con licores y no un acto de protesta gremial.
Por tales motivos:
1. Expresamos apoyo a las acciones legales adoptadas para la recuperación de las instalaciones del sistema de la administración de justicia.
2. Exhortamos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a deponer actitudes divisionistas que han mostrado algunos de sus integrantes; y a trabajar conjuntamente como cuerpo colegiado para la resolución de esta crisis en beneficio de los intereses de todo el pueblo.
3. Demandamos que la solución del conflicto planteado sea un ejemplo del respeto a las leyes y de un espíritu positivo; asimismo que sean aplicadas las sanciones administrativas, laborales y penales que correspondan a quienes hayan infringido la normativa vigente.
4. Reprobamos la actitud pasiva de la Fiscalía General de la República en el desenvolvimiento del conflicto; ya que diversas acciones ocurridas constituyen delitos perseguibles de oficio y son incluso más graves que el asalto producido a dos fiscales auxiliares en una dependencia judicial. Los funcionarios públicos deben ejercer la función que la Constitución y las leyes secundarias les encomiendan, y si no están dispuestos a hacerlo, por ética, honor y responsabilidad, deben renunciar a sus cargos para que los asuman funcionarios que actúen con la valentía necesaria.
5. Se ha hecho público lo que era un secreto a voces, como son casos de aprovechamiento de sus posiciones por algunos dirigentes sindicales del Órgano Judicial para obtener la colocación de parientes en empleos de dicha entidad; ante ello, exigimos que se haga un cuidadoso examen de ese abuso, de manera pública, de conformidad a lo establecido por las leyes y las normas éticas; y que la investigación se extienda a todos los niveles del Órgano Judicial, incluso a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
6. Exigimos la vigencia de un verdadero Estado de Derecho y que se respeten la Constitución y las leyes para reclamar derechos y exigir obligaciones.
