Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓNACCION http://publicacionaccion.
San Salvador, 14 de septiembre de 2019.
Tiene la habilidad Nayib Bukele de presentar los sucesos políticos de la vida nacional en forma tal que forja opinión positiva hacia sus intereses, la cual conlleva siempre, una doble intención: primero una concentración de poder muy peligros para la vida democrática y cívica del país y segundo, encubrir lo oscuro de su Gobierno.
La falta de declaraciones patrimoniales de sus funcionarios, corrupción en sus administraciones anteriores y el dinero que ha recibido de ALBA Petróleos; todo es fundamental, para poder determinar a futuro, si hay o no, enriquecimiento ilícito. No se trata de las multas o sanciones que esto conlleva, sino que sus lemas de campaña fueron: “devuelvan lo robado y “el dinero alcanza si no se roba”, crea la expectativa de un cambio moral en el Gobierno presente y más aún, si éste solicita una CICIES. Los funcionarios públicos deben ser movidos por la moral y no, por la fuerza de la ley, pues se supone que éstos, son los aplicadores de la misma.
La Carta de Intención firmada con la OEA, ha sido presentada como el establecimiento de la CICIES, pero no lo es, por lo que su texto, no ha sido difundido por el Gobierno de El Salvador, sino por la transparencia de la OEA, creando de los hechos, una falsa impresión.
El Gobierno de El Salvador y la OEA tienen tres meses para concretar estos acuerdos, los cuales deben estar dentro del marco de nuestra Constitución y ser ratificados por la Asamblea Legislativa. De tal manera que, aunque los personeros de la OEA estén aquí, sólo laboraran en la estructuración de este acuerdo y si con la fiscalía, actúan de alguna manera, siempre pesará más el criterio fiscal. Pero se está creando la opinión para que se apruebe en la Asamblea, cualquier modelo creado por la OEA – Gobierno, aunque dicho modelo sea claramente inconstitucional. Llaman la atención tres intenciones.
Primero es que se establecerá la inmunidad de extranjeros y salvadoreños que laboren con la CICIES, significa que tendremos salvadoreños de primera y segunda clase. Además, se sugiere que los colaboradores serán de la “sociedad civil” y siempre se han abrogado esta calidad, los activistas sociales de izquierda, con exclusión de las fuerzas vivas de este país: empresarios, productores u otras agrupaciones gremiales como FUSADES, ANEP y Cámara de Comercio.
Segundo: se plantea que la CICIES, “colaborara” con todas las instituciones del Estado, incluyendo Hacienda, por lo que se inmiscuiría en la parte tributaria. Es muy probable que sus atribuciones abarquen hasta aspectos electorales, por lo cual tendríamos “un supra poder” extranjero y nacional, no manado de la soberanía popular, expresado en las urnas.
Tercero: podría quedar con atribuciones paralelas a las del Fiscal General de la República y funcionar autónomamente en el área judicial, creándose un caos en la aplicación de principios jurídicos, no teniendo quienes conformen la CICIES, responsabilidad alguna en el territorio nacional por sus acciones.
Siendo nuestro Estado republicano, estamos todos los ciudadanos obligados a conocer y juzgar lo que nuestros políticos están ofreciendo a los extranjeros y nacionales: nuestra libertad e independencia lo exigen.
Si queremos combatir la corrupción, denunciémosla y formemos opinión pública en su derredor. Mauricio Funes pudo ser desenmascarado por las acciones de la Cruzada Pro Paz y Trabajo, que gestionó la inconstitucionalidad del nombramiento de Funes en el PARLACEN, lo que le daba inmunidad e impunidad. La misma opinión pública obligó a la Fiscalía a procesar a Tony Saca, pese al finiquito que fraudulentamente este obtuvo de la CCR. Somos capaces los salvadoreños de combatir la corrupción sin ayuda de extranjeras autoridades, sólo con la voluntad y solidaridad nacional, contra los políticos corruptos.