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Fiscalía apelará la resolución que otorga medidas sustitutivas a alcalde de Coatepeque y su concejo municipal por delitos de Corrupción

Santa Ana. La Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República apelará la resolución del Juzgado de Paz de Coatepeque, quien decretó instrucción con medidas al alcalde de la localidad, Jorge Alberto Rivas, por los delitos de Peculado y Negociaciones Ilícitas.

Rivas, quien funge como edil desde el 2012, cumpliendo con éste, su tercer periodo al frente de la comuna. Fue detenido junto a 25 personas más vinculadas a los mismos ilícitos, donde destacan los miembros de su concejo municipal, el síndico, José Menjívar Guardado, el tesorero de la comuna, Guillermo Antonio Chávez Jaco, el jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), Luis Enrique Vanegas Hernández. Así como los contratistas externos y ejecutores de obras.

Uno de los fiscales del caso explicó que la resolución no se apega a la jurisprudencia dictada en casos similares, donde lo primero, es evitar que los implicados tengan acceso a la documentación que sirve como base para la acusación, mucha de ésta, se encuentra dentro de la alcaldía.

“Al no prohibirles ejercer sus funciones dentro de la comuna, se expone a que los imputados puedan manipular la documentación que ha servido como base para su acusación, lo cual es grave que el juez haya pasado por alto no darles esta medida prohibitiva”, explicó el funcionario.

El Juez de Paz de Coatepeque resolvió continuar con el proceso penal, enviándolo a la siguiente etapa judicial y les impuso las medidas de no salir del país y firmar cada 15 días en el tribunal instructor, a pesar de que existe una resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe a los implicados acercarse a sus lugares de trabajo, por el manejo de la información, en este caso, dentro de la alcaldía.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el funcionario habría malversado US$441,375.67 en 11 proyectos otorgados, pero que nunca fueron ejecutados. Todo lo anterior con el aval de su concejo municipal y previo arreglo con los contratistas privados.

Concejo municipal

En similares términos fue dictada la resolución en contra los concejales: primer regidor propietario Margarito Hernández Linares, segundo regidor propietario Mirna Carolina Trejo, tercer regidor propietario Daniel Vásquez, cuarto regidor propietario Yeimi Xiomara Galicia Cortez, quinto regidor propietario María de los Ángeles Román, sexto regido propietario Joel Ernesto Waldir Peñate Larrama, octavo regidor propietario Samuel Amílcar González Osorio, del periodo municipal que comprende del 1 de mayo de 2015 al 20 de abril de 2018.

De igual forma, contra Milton Roberto Figueroa Moran en su calidad de síndico municipal del periodo que inicio el 1 de mayo de 2012 y finalizó el 30 de abril de 2015, contra los miembros del concejo municipal que fungieron durante este periodo que inició el 1 de mayo de 2012 y finalizó el 30 de abril de 2015, conformado por Jorge Alberto Rivas, alcalde, Salomón Escobar Bolaños, primer regidor propietario, Margarito Hernández Linares, segundo regidor propietario, José Rubén Pérez Morán, tercer regidor propietario, Lázaro Alfonso Hernández, cuarto regidor propietario, Tony Lorenzo Monroy Garay, quinto regidor propietario, Daniel Vásquez, sexto regidor propietario, Juan Francisco Hernández Morán, séptimo regidor propietario, Víctor Manuel Zeceña López, octavo regidor propietario, por atribuírseles los delitos de Peculado y Negociaciones Ilícitas.

La Fiscalía está a la espera que se remita la resolución por escrito, por parte del Juzgado de Paz, para presentar el recurso de apelación ante la instancia superior.

 

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