Santa Ana. La Unidad de Delitos de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de la oficina fiscal de Santa Ana, logró que el tribunal Segundo de Sentencia de esta ciudad, encontrara culpables a dos pandilleros de la 18, por el delito de Extorsión, hecho que se venían cometiendo en perjuicio de la víctima protegida de clave “Franco“, en el municipio de Chalchuapa, durante el mes de septiembre de 2015.
El Jefe de esta oficina Fiscal, Carlos Herrara, identifico a los imputados como Héctor de los Ángeles Brizuela Calderón y Edgar Antonio Zepeda Ibañez; ambos miembros activos de la pandilla 18, que operan en el Municipio de Chalchuapa y sus alrededores, dedicándose a extorsionar e intimidar por medio de amenazas a muerte a los comerciantes de la zona, si estos no colaboran con la pandilla.
La investigación detalla que el 5 Septiembre de 2015, en el municipio de Chalchuapa, llegaron al lugar de trabajo de la víctima clave “Franco”, varios pandilleros de la 18, todos conocidos de vista por la víctima, ya que son del sector, quienes le exigieron la entrega semanal de diez dólares, ya que todas las personas deben colaborar con la pandilla de lo contrario matarían a la víctima y a su familia y además le quemarían el lugar de trabajo,
La victima por temor les entrego semanalmente el dinero exigido; después de varias entregas decidió denunciar en la policía, luego se realizaron dos entregas bajo cobertura de la PNC, identificándose a los pandilleros extorsionistas. La Fiscalía General de la República, ordenó la detención administrativa de pandilleros, la cual se hizo efectiva el día 14 de julio de 2016.
La vista pública se desarrolló en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, donde la Fiscal del caso, desarrollo su presentación con base a las pruebas de tipo documental, pericial y testimonial de los agentes captores y de la víctima de clave “Franco”, dejando claramente establecida la participación de cada uno de los imputados en el delito de Extorsion.
Después de los alegatos y al final de la audiencia, el juzgador dio validez a las pruebas presentadas por la Fiscalía, encontrando a los dos imputados culpables del delito que se les imputa, imponiéndoles una condena de 10 años de cárcel.