Activistas protestan contra la extradición de Julian Assangen frente a la Corte Suprema de Gran Bretaña
Tras la orden de extradición de Julian Assange por parte de la Corte Suprema de Reino Unido, su padre y hermano esperan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la impida, o un país de la UE le de la nacionalidad.
En concreto, la familia de Assange confía en que algún país le ofrezca la nacionalidad a Assange o que el Tribunal Europea de Derechos Humanos emita un veto a la ya aprobada extradición del fundador de WikiLeaks de Reino Unido a Estados Unidos. La familia recibió con beneplácito la promesa de naturalización realizada por el líder de la izquierda francesa Jean-Luc Mélenchon.
«Creo que hay una gran posibilidad de detener esta extradición. Tenemos mucho apoyo entre las naciones europeas», dijo Gabriel Shipton, hermano de Assange, en una conferencia de prensa realizada en Nueva York en medio de la calle, frente al consulado general británico en Manhattan.
Gabriel Shipton celebró el «apoyo de los grupos parlamentarios de toda Europa» y que Jean-Luc Mélenchon dijera que «si fuera nombrado primer ministro el lunes le daría la ciudadanía francesa a Julian» Assange, que es australiano.
Camino a la Corte Europea de Derechos Humanos
El líder de la oposición de izquierda en Francia afirmó, en el último día de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones legislativas del domingo, que espera ganar, que Julian Assange «sería naturalizado francés». «Pediremos que sea enviado» a Francia, dijo también el líder de La Francia Insumisa.
Junto a su padre John Shipton, Gabriel Shipton también aseguró que el expediente de Assange «iría ante la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH)», en Estrasburgo.
Según John Shipton, «en cada uno de los parlamentos europeos», así como en los países sudamericanos y México, hay legisladores que apoyan a Julian Assange
El gobierno británico aseguró en la tarde del viernes que firmó el decreto de extradición hacia Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, que apelará esa decisión. El australiano podría ser condenado a hasta 175 años de prisión por haber publicado miles de documentos confidenciales.
jov (afp, voa)