El gobierno de Mariano Rajoy aprobó por decreto la creación de un «banco malo» que adquirirá los activos tóxicos de las entidades financieras españolas, con la intención de venderlos en un máximo de 15 años.
Al comparecer ante la prensa tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó la medida, largamente esperada, el ministro de Economía, Luis de Guindos afirmó que la «sociedad de gestión de activos» comenzará a funcionar en noviembre y adquirirá a precio reducido fundamentalmente los activos inmobiliarios acumulados por la banca a raíz de la llamada «crisis del ladrillo», los cuales lastran los balances de la banca española.
Los fondos iniciales para la creación del banco malo procederán del fondo de reestructuración bancaria FROB con parte de los 100.000 millones de euros aportados por la Unión Europea (UE) para la contribuir al saneamiento de la banca española. Sin embargo, De Guindos señaló que habrá una mayoría de inversores privados.
Según De Guindos, el gobierno estima que la sociedad de gestión de activos, que adquirirá la forma de una sociedad anónima o un fondo fiduciario, trabajará por entre 10 y 15 años, un tiempo suficiente para que los activos «generen valor» y puedan salir al mercado sin generar pérdidas para las arcas estatales.
El ministro consideró que «el mal llamado banco malo» asumirá «activos no tan malos» y explicó que «el activo más tóxico» son los créditos problemáticos concedidos a promotores inmobiliarios, los cuales constituirán el núcleo de las compras.
En la misma comparecencia ante la prensa, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró que la medida culminará el proceso de saneamiento del sistema financiero, destinado a recuperar el crédito bancario con el fin de «impulsar el crecimiento económico y el empleo» (dpa).
Entre otras medidas aprobadas por el gobierno, se acordó reducir las remuneraciones de los responsables de las entidades financieras que necesiten ayuda pública, de un máximo de remuneración fija de 600.000 a 500.000 euros anuales.
También se eleva al nueve por ciento los requisitos de capital propio de las entidades, frente al ocho por ciento exigido para las entidades cotizadas.
Fuente: dpa
Editora: Rosa Muñoz Lima