En el primer aniversario de la prohibición de minería metálica, diputadas y diputados recién electos para la nueva legislatura deben cumplir la ley - Periódico EL Pais

En el primer aniversario de la prohibición de minería metálica, diputadas y diputados recién electos para la nueva legislatura deben cumplir la ley

En el primer aniversario de la prohibición de minería metálica, diputadas y diputados recién electos para la nueva legislatura deben cumplir la ley

El 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó de manera unánime la Ley de Prohibición la
Minería Metálica que incluye actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea
a cielo abierto o de manera subterránea de metales en el país, además prohíbe el uso de Cianuro,
mercurio y otros químicos letales en cualquier proceso de minería metálica y establece un período de
transición de dos años, a partir de la aprobación de la ley, para la eliminación de la minería artesanal y la
reconversión de los mineros artesanales (Guiriceros) a otra actividad productiva.

La ley fue aclamada internacionalmente como una victoria para ambientalistas en todo el mundo y
particularmente para el amplio movimiento de comunidades salvadoreñas, organizaciones sociales,
ONGs, iglesias y organizaciones internacionales que incidieron ante el gobierno por más de 12 años para
aprobar la prohibición, así como ante empresas mineras multinacionales para respetar la voluntad del
pueblo salvadoreño.

La prohibición de la minería metálica es una reivindicación conquistada por la lucha de todo un pueblo
que aspira a un medio ambiente sustentable para las generaciones futuras. Es una victoria dedicada a
aquellos defensores ambientales que continuaron su lucha a pesar de una brutal campaña de
desinformación y represión liderada por la empresa minera canadiense Pacific Rim, más tarde adquirida
por Oceana Gold, bajo la sombra de asesinos a sueldo y un sistema judicial corrupto. Primordialmente
esta victoria, revindica la lucha de defensores ambientales como los mártires de Cabañas, que ofrendaron
sus vidas por la defensa de nuestros escasos recursos hídricos.

El gobierno salvadoreño también generó elogios en todo el mundo por elegir proteger los intereses de su
pueblo sobre los intereses de las corporaciones mineras multinacionales, cuando fue demandado por más
de $250 millones US por la empresa australiana/canadiense Oceana Gold.
A un año de esta victoria, comunidades organizadas, iglesias y organizaciones comunitarias han expresado
preocupación porque los cambios recientes en la coyuntura política del país podrían generar condiciones
para la derogación de la ley.

El gobierno a un año de la aprobación de la ley, no ha implementado medidas para garantizar la
sostenibilidad de esta, tampoco ha implementado el reglamento de la misma: nunca reformó otras leyes
y tratados relacionados con la minería y la inversión extranjera para excluir explícitamente las actividades
mineras, el Ministerio de Economía y MARN no han implementado medidas concretas para la transición
de la minería artesanal ni ha gestionado los recursos necesarios para la reconversión de los mineros
artesanales y las empresas subsidiarias de Oceana Gold, Minerales Torogoz y la fundación El Dorado
siguen activas en la región de las Cabañas.
Los resultados de las elecciones legislativas celebradas el 4 de marzo inclinaron la balanza del poder a
favor de partidos pro-empresariales, dejando al derechista ARENA con el mayor número de escaños en la
Asamblea Legislativa. Con este nuevo escenario político, la ley de prohibición minera podría ser fácilmente
derogada con mayoría simple, la derecha pro empresarial tiene incluso los curules suficientes para revocar

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