El plan «Cero Tolerancia» que impulsan las autoridades del Vice-Ministerio de Transporte para educarnos en el respeto a las leyes, tiene etapas en las cuales quienes lo diseñaron se divorciaron con la inteligencia, con la cual actúan en el proceso de hacernos respetar las leyes en El Salvador.
Fundamentamos nuestra posición en la cual, después de observar como turista una derruida señal de transito que no indica si está vigente o es para ser enviada a procesar como chatarra, decidí aparcar mi automóvil a 10 metros de la misma e irme a realizar diligencias en una ciudad que esta de fiestas (Santa Ana Fiestas Julias 2016) y con la poca capacidad de aparcamiento que existen en nuestras ciudades aún más reducida.
Al regresar de gastar dólares con mi familia en comprar recuerdos turísticos para amigos y familiares, observo que la policía de tránsito está llevándose vehículos (4 con el mío incluido) en la zona donde dejé aparcado mi carro, es decir, no solo fui el único irrespetuoso con la señalización de la zona; Al llegar me encuentro a una oficial ante quién me identifico como propietario del vehículo y que me entrega la debida esquela de US$ 57.14, pero ella con garbo y con prepotencia me indica que la grúa se llevara el automóvil. Pregunto en que parte del procedimiento de transito se indica si el propietario del vehículo se presenta antes de que la grúa remolque, no se puede llevar el vehículo del cual es propietario; porque la sanción principal ya fue aceptada que es la multa de transito por supuestamente “irrespetar” la ley, en una señal que está tapada y derruida.
Voy a señalar que tratamos de dialogar con los oficiales y con el Sargento a cargo, del porqué llevarse el vehículo cuando los propietarios están presentes, a lo cual se negaron; por lo tanto observamos el vehículo de nuestros amores ser subido a una grúa con destino desconocido, porque tanto el conductor de la grúa como los policías mismos se negaron a informar a donde iríamos a pagar la grúa o a que predio llevarían el vehículo. Pregunto cuál es el secreto de estado que impide que el conductor del vehículo sea debidamente informado de los procedimientos a seguir a continuación para liberar su propiedad de un decomiso a todas luces ilegal e inconstitucional. La repuesta de los agentes fue pague la multa y luego vaya a la PNC.
Bueno procedimos regresar a casa en Taxi y confiar sonando que al día siguiente podíamos completar los trámites de devolución del carro una vez pagada la esquela porque ya sabíamos dónde se pagan estas multas. Usted podrá imaginarse una familia con un solo vehículo tratando de arreglárselas para ir a trabajar, ir a dejar a los hijos a los colegios y demás actividades que demanda la vida diaria en un País o ciudad donde el transporte público no es confiable por delincuentes que pululan alrededor de ese medio de transporte. Y comenzamos muy temprano usando los servicios de taxi pagando la multa en las oficinas de SERTRACEN, tramite realizado en menos de 15 minutos, hicimos una fila en un rotulo de información donde un joven nos indica que hay que ir a la Policía Nacional Civil con la multa pagada donde nos explicaran el siguiente procedimiento a realizar.
El escabroso camino se inicia con la pregunta del conductor del taxi, a cual PNC y ahí decidimos ir a la estación central para que se nos indicara mejor el procedimiento a seguir y en una oficina muy amable nos dijeron que ellos entregaban un papel donde se indicaba que nuestro camino a recuperar un vehículo en propiedad que aparentemente había sido secuestrado por las autoridades que deben de proteger los bienes del ciudadano.
La PNC que enviaba los documentos a la sede central todavía no los había enviado y que después de esto teníamos que ir a la oficina del Vice Ministerio de Transporte donde se nos entregaba un documento oficial que debíamos llenar para solicitar la devolución de nuestra propiedad en el cual nos piden, no solamente ampliaciones de documentos de identidad del dueño sino que tienen que ir autenticadas por Notario público; es decir el dueño del bien confiscado temporalmente debe de demostrar por medio de autenticación que él es el quien dice ser: el dueño. Pero este flamante oficio y presentar siete documentos requeridos y generados por la misma burocracia que pagamos deben de ser enviados a San Salvador, para que allá autoricen la devolución de tu propiedad secuestrada por el mismo estado que dice protegerte.
Inocentemente o ingenuamente de mi parte pregunte y cuánto dura este proceso, la señora agente de policía probablemente por su estado de embarazo (es decir paciencia de 9 meses) me dijo señor entre 8 a 15 días dura el procedimiento. Léase bien que su propiedad secuestrada por una falta de transito que vale US$ 57.14 pagarla, más los US$ 80.00 del valor del servicio de Grúa, más el valor del transporte a usar de ir a cuatro lados diferentes para recuperar su automóvil, más el costo de autenticaciones notariales, hay que cancelar el servicio de predio por retener su vehículo durante el tiempo que el Vice Ministerio de Transporte tarde en procesar que usted ya lleno un formulario, ya pago la multa y ya pago el valor de la Grúa.
Todo este camino tortuoso de papelería, de pagos, de hablar con personas es la totalización de un estado estúpido e inoperante que es capaz de hacer respetar la Ley en forma eficiente pero no para devolver un bien que no le pertenece. Me permito sugerir como víctima de esta estúpida ignominia (el proceso de devolución) que coloquen en una sola oficina el pago de la Multa respectiva, el pago de la Grúa y tramitología de devolución en una sola oficina. Tengan ideas brillantes para hacer respetar la Ley pero también tengan inteligencia para devolver un bien que no debe ser secuestrado o retenido si el dueño del vehículo está presente.
Conste en el acta que eso no impedirá que me divierta en las Fiestas Julias 2016.
Por: Álvaro Sevilla Moreira
