Este lunes el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Humberto Luna y la Mesa Permanente de las Personas con Discapacidad ofrecieron sus valoraciones a cuatro años de la entrada en vigencia de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
A cuatro años de la entrada en vigencia de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo
La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, entraron en vigencia el 3 de mayo de 2008; teniendo la Convención como propósito el promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto a su dignidad humana; y con la ratificación del Protocolo Facultativo, El Salvador reconoce la competencia del Comité de Expertos sobre Discapacidad de la misma ONU, encargado de vigilar la aplicación de la Convención y recibir denuncias de las personas que aleguen ser víctimas de una violación a sus derechos en esta materia, según lo establecido en dicha Convención.
Las diferentes organizaciones que integramos la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el marco del cuarto aniversario de la entrada en vigencia de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”, como todos los años, realizamos el presente Pronunciamiento Público, para expresar nuestras valoraciones sobre la aplicación de los citados instrumentos jurídicos internacionales a favor del sector de personas con discapacidad en El Salvador.
Como ha ocurrido en los pronunciamientos anteriores, la Mesa Permanente no ha dejado de resaltar las acciones gubernamentales realizadas en beneficio del sector con discapacidad. Al respecto, el Gobierno de la República, si bien ha tenido acciones importantes a favor de este colectivo, lo ha hecho a paso lento y todavía de manera insuficiente, pudiendo mencionar el incremento de algunos fondos al presupuesto para el año 2012 del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, CONAIPD; la implementación del proyecto piloto de “Ciudades Inclusivas”, realizado por el Ministerio de Obras Públicas; la promoción del arte y la cultura de las personas con discapacidad, realizada por la Secretaría de Cultura; la promoción de su inserción laboral por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en alianza con otras instituciones, a través de ferias de empleo; la inclusión de fisioterapistas y psicólogos en los Equipos Multidisciplinarios de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar Especializados (ECOs) por parte del Ministerio de Salud y la entrega de implementos deportivos a personas con discapacidad por parte del Instituto Nacional de los Deportes, INDES.
En términos generales, las acciones ejecutadas han sido mínimas, en relación a las demandas legítimas y coherentes que ha hecho el grupo poblacional de personas con discapacidad a la actual administración gubernamental, las cuales no han sido cumplidas en su totalidad; y a casi tres años del ejercicio de gobierno, no se vislumbra que tales exigencias puedan ejecutarse en el tiempo que resta de su gestión.
Hemos seguido con especial atención el rol de la Señora Primera Dama de la República como Presidenta del Comité Interamericano para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y nos preocupa que durante su gestión en dicho Comité no se evidenció ninguna acción concreta cuantificable a favor de las personas con discapacidad en El Salvador, lo que confirma que al igual que la Convención de la ONU, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos, tampoco está siendo cumplida en nuestro País.
El Salvador al haber firmado y ratificado tan importantes instrumentos jurídicos internacionales se obliga a darles cumplimiento; y no obstante las buenas voluntades expresadas por algunas autoridades para la observancia de dichos instrumentos, las mismas no han derivado en la consumación de acciones concretas que beneficien el sector con discapacidad, de tal manera que únicamente se traducen en “buenas intenciones”. En ese sentido, no desmayaremos en seguir con nuestro fiel compromiso de reiterarle al Gobierno y al Estado salvadoreño en general, su obligación en cuanto al cumplimiento de tales instrumentos de reconocimiento y protección de nuestros derechos humanos.
En este marco, también hay que señalar con preocupación, el funcionamiento del CONAIPD, que a la fecha no ha producido resultados tangibles que beneficien a las personas con discapacidad; en otras palabras, el CONAIPD, como Ente Rector, tiene una mora social al no haber estructurado y puesto en marcha la Política de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, debiendo ser esta una de sus misiones prioritarias. Es motivo de igual preocupación, que el señor Presidente de la República haya modificado recientemente el Decreto de creación del mismo, sin haber tomado en cuenta al Pleno de dicho Consejo y en franca violación a la misma Convención en el artículo 4.3, lo cual refuerza la necesidad de incorporar al Ente Rector en un Decreto Legislativo, para no estar sujeto a los vaivenes de carácter político.
Habiéndose cumplido el pasado 3 de mayo, cuatro años de la entrada en vigor de la Convención y el Protocolo Facultativo, importantes y esperanzadores instrumentos para nuestra dignificación y realización como personas, demandamos una vez más del Señor Presidente de la República; de la Secretaria de Inclusión Social; de los Ministros y Ministras que integran el CONAIPD; de los nuevos Alcaldes y Alcaldesas y de la nueva Asamblea Legislativa para el período 2012-2015, el fiel cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, particularmente en los siguientes aspectos:
Al Órgano Ejecutivo:
A la Presidencia de la República, para que designe al Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, CONAIPD, como el organismo gubernamental para la aplicación de la Convención o se designe como mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto, tal como lo señala el art. 33.1 de la Convención, debiendo otorgar los recursos necesarios para su debido funcionamiento.
Implementar una medida impostergable y muy reiterada por la Mesa Permanente, respecto a contar en el País con un Censo de Personas con Discapacidad, que no solamente defina con claridad su número poblacional, sino y sobre todo, sus condiciones de vida; puesto que sin esta información no se puede diseñar una adecuada y muy urgente Política Nacional de Atención integral a las personas con discapacidad.
Que cada Ministerio o Institución Autónoma, cuente con una Unidad de Atención a la Persona con Discapacidad y que se destinen presupuestos específicos a estas instancias estatales, de manera que puedan realizarse acciones, proyectos y programas en beneficio de este colectivo.
Velar y garantizar que todas las instituciones públicas y privadas cumplan con las políticas y leyes que promueven y protegen los derechos de las personas con discapacidad, la no discriminación, su inclusión y accesibilidad.
Que el Ministerio de Educación asegure el cumplimiento de la Política de Educación Inclusiva, ya que a la fecha las instituciones educativas se niegan a matricular a las personas con discapacidad en el sistema regular de educación. De la misma forma, que el Ministerio de Educación apoye con capacitaciones técnicas, cursos, becas en temas educativos relacionados a personas con discapacidad y canalice la cooperación internacional a programas especiales para los centros educativos que integran a personas con discapacidad, para fortalecer estos programas apoyando a las familias integradoras.
Que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social cree los mecanismos legales y administrativos necesarios para el manejo transparente de la Inspección Laboral en las empresas supervisadas, de manera que éstas no evadan las sanciones establecidas por la ley cuando no se cumple con el requisito de contratación de personas con discapacidad exigido por la ley.
A la Asamblea Legislativa:
Reformar la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, armonizándola con los principios y postulados de la Convención. Esta reforma debe incluir incorporar al texto de la Ley, la estructura, funcionamiento y atribuciones del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, CONAIPD, como Ente Rector de las políticas públicas en materia de discapacidad, designándolo como una institución estatal de carácter autónoma.
Reformar el artículo 24 de la referida Ley, reduciendo el número mínimo de personal (25) que se requiere disponer en una empresa, institución o municipalidad para hacer obligatorio el empleo progresivo de personas con discapacidad y abrir mayores y mejores oportunidades de integración laboral para este sector.
Reformar el Código de Trabajo en su artículo 627, en el sentido de elevar el monto de las multas a imponer a las instituciones públicas o privadas que no cumplen con lo exigido por las leyes respecto a sus obligaciones laborales, ya que actualmente la multa de cincuenta y siete dólares con catorce centavos ($57.14) no favorece el cumplimiento de las acciones a favor del acceso al empleo de personas con discapacidad.
La adecuación del marco constitucional y legal del país, para ponerlo en sintonía con la Convención, tal como lo establece el artículo 4.1.a de la misma. A la vez, insistimos en demandar el levantamiento de la Reserva que en su momento el Estado de El Salvador declaró frente a la vigencia de la Convención, ya que dicha Reserva violenta el espíritu de tan importante instrumento internacional.
Incrementar en un 7% de forma progresiva – tomando en cuenta la política de austeridad establecida por el Gobierno de la República – el presupuesto de los Ministerios de Salud, Obras Públicas, Trabajo y Previsión Social, Educación y Gobernación; porcentaje que deberá ser asignado para acciones a favor de las personas con discapacidad.
Que las diferentes Comisiones Legislativas incorporen transversalmente el área de la discapacidad en su labor de crear y reformar de leyes y en la supervisión de las entidades estatales en relación sobre el cumplimento de sus respectivos mandatos o atribuciones.
A la Corte Suprema de Justicia:
Diseñar e implementar mecanismos para que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, sin discriminación, en cumplimiento de su obligación constitucional de impartir pronta y cumplida justicia, asegurando que los diferentes tribunales cuenten con las condiciones mínimas de accesibilidad.
Que a las personas con discapacidad, dada su condición de vulnerabilidad, se les garantice su derecho a la seguridad personal, a fin de que durante el desarrollo de un proceso judicial de carácter penal, se evite el contacto directo con la persona victimaria.
A las Alcaldías Municipales:
Se destine un 2% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, FODES, para facilitar acciones en beneficio de las personas con discapacidad.
A las Gremiales Empresariales:
Brindar oportunidades de empleo a las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que el resto de las personas, sin discriminación, en cumplimiento con la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y de la misma Convención.
A las personas con discapacidad organizadas y no organizadas:
Cohesionarnos como colectivo para reivindicar nuestros derechos y no cansarnos de exigirlos públicamente en cualquier momento y en todo lugar, sin importar el tipo de discapacidad.
Hacer uso de las herramientas legales para reclamar nuestros derechos, así como de los mecanismos nacionales e internacionales para la denuncia por violaciones a los mismos, promoviendo y apoyando una actuación más protagónica de las personas con discapacidad que nos representan en el CONAIPD.
A la Sociedad en General:
Potenciar positivamente las habilidades de las personas con discapacidad, para que las mismas no sean subestimadas y consideradas como objeto de lástima, haciendo posible que participen en una sociedad libre y sin discriminaciones.
Compañeros y compañeras, debemos entender que ésta fecha nos recuerda y exige aún más, a asumir la responsabilidad que tenemos todas y todos de luchar incansablemente hasta conseguir el pronto y efectivo cumplimiento de los derechos de nuestros hijos, hijas, familiares y de todas las personas con discapacidad.
Dado en San Salvador, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil doce.