El día jueves 29 de septiembre el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, resolvió enviar a juicio el proceso judicial contra 17 imputados, a los cuales la Fiscalía General de la República (FGR) acusa del delito de tráfico ilegal de personas, basado en el art. 367 a pn., en perjuicio de las victimas quienes permanecen bajo régimen de protección; por ello el proceso posee reserva total a petición del ministerio público. La Red operaba en los países de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Según datos obtenidos, las investigaciones dieron inicio a partir de una entrevista de la clave Toledo, recibida por la FGR.
Los imputados responden a los nombres de: José Alexis Huezo Guillen, de nacionalidad salvadoreña, José Arnulfo Espinal Acosta, Elio Arístides González Hernández, Salvador González Hernández, Salvador William Pineda, Verónica Margarita Serrano González, Miguel Roberto Moreno, Juan Carlos González, alias el compadre, de nacionalidad guatemalteca, Yeni Elizabeth Monterrosa Guerrero alias la flaca, Iveth de los Ángeles Méndez Agreda, Mario Aguirre González; alias hermano Mario, Lorena Maritza Selada Avelar, Zulma Jeannette Pérez Flores, Manuel de Jesús Flores Díaz, Nery Alirio Giovanni del socorro Rivera Aquino, Gilda Lizeth Ramos de Aguilar y Marvin Ovidio Avelar Meléndez.
Según FGR, las personas traficados de mayor edad eran trasladados por la frontera La Hachadura para lograr a su destino, en el caso de transportar menores de edad, los traficantes optaban por sacarlos en puntos ciegos para llegar al Puerto Cos, hasta dirigirse a Salinas Cruz en México y continuar con el ruta terrestre, logrando llegar a la zona fronteriza de México y EEUU para así ingresar a este último país.
Las pruebas ofertadas al tribunal son los anticipos de prueba realizados en coordinación con los diferentes consulados, en el cual las victimas brindaron declaraciones a través de una videoconferencia, además se presentaron análisis financieros de los acusados en los que se devela un flujo de dinero constante además se le agrega la declaración del testigo criteriado nombrado “Toledo”
Para recabar estas pruebas sustentables durante la investigación, las autoridades de los tres países del denominado Triángulo del Norte, contaron con el respaldo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos; donde se Logró obtener pesquisas que determinaban que los imputados supuestamente estuvieron traficando niños y adolescentes por quienes cobraban una cantidad de $4,300 mientras que por adultos era de $7 a $8 mil con la promesa de tener un viaje.
Por lo que el juez especializado, determinó que las pruebas expuestas son suficientes para sostener la probable participación de los incriminados en los hechos que la FGR les atribuye.
El proceso judicial será remitido en los próximos días al Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana.
Por Victoria Cabrera
