La organización asegura que los entes del Estado no han seguido «el debido proceso» durante el régimen de excepción.
La organización Socorro Jurídico Humanitario instó a la procuradora de DD. HH. a que condene el accionar del Ejecutivo, Legislativo y Judicial de El Salvador.
La organización Socorro Jurídico Humanitario pidió este jueves (23.02.2023) a la procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, que emita una condena pública contra el Gobierno, el Congreso y el Órgano Judicial por las detenciones de personas «inocentes» durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
En una carta entregada en la sede de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), solicitaron a Caballero un «pronunciamiento de condena hacia el Gobierno, la Asamblea legislativa y la administración de Justicia por acusar falsamente a personas inocentes». Añadieron que estos órganos de Estado -a su juicio- no han seguido «el debido proceso» y que la condena debe ser también «por no respetar la presunción de inocencia claramente establecidas en la Constitución».
El Socorro Jurídico Humanitario también pidió su intervención en el caso de un agricultor de 66 años detenido por más de 9 meses, a pesar de que «no había ningún tipo de prueba» en su contra. La entidad instó a Caballero a que solicite el «correspondiente peritaje forense» para «conocer el verdadero estado de salud».
El coordinador de la organización, Stanley Quinteros, dijo a periodistas que han documentado un incremento de los padecimientos crónicos entre las personas detenidas y que «siguen falleciendo» bajo custodia estatal gente arrestada. «El Estado salvadoreño está matando a nuestras víctimas del régimen de excepción, porque no les están proporcionando sus medicamentos», agregó.
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo esta suspensión de derechos constitucionales, son más de 64.000 personas las detenidas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la PDDH han recibido miles de denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, 57 % menos que en 2021.
ama (efe, sjh, el diario de hoy)