ARCHIVO – Esta fotografía muestra las cicatrices de un tatuaje borrado en una persona identificada por las autoridades salvadoreñas como miembro de una pandilla. [Foto: Cortesía del gobierno de El Salvador]
La extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica sigue siendo vista como el motor económico de las pandillas y bandas comunes. Dos de tres países de la región han declarado regímenes de excepción para contener los delitos cometidos por estos grupos.
SAN SALVADOR – Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 han hecho del homicidio en algunos países de Centroamérica su forma de sometimiento: mediante el compromiso de no asesinar a comerciantes de pequeñas y medianas empresas, estos grupos han exigido por años una cuota monetaria conocida como el «impuesto del miedo» o el «impuesto del terror».
Aunque no se conoce un dato oficial del dinero que las pandillas reciben a través de la extorsión, el estudio ‘Impuesto de guerra: el fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras’, publicado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) con sede en Honduras, estima que cada año ese país paga alrededor de 737 millones de dólares en extorsión.
En El Salvador, la cifra ha llegado hasta los 756 millones de dólares, según la estimación del Banco Central de Reserva de ese país hace unos años. Mientras que en Guatemala, la organización Global Financial Integrity (GFI), con sede en Washington, revela que la extorsión llega hasta los 57 millones de dólares cada año.
La Voz de América entrevistó a Juan Martínez d’Aubuisson, antropólogo y uno de los autores del estudio de la ASJ, quien explicó que en Honduras no solo la pandilla extorsiona, sino también otros grupos que se hacen pasar por pandilleros para infundir mayor temor.
D’Aubuisson es de la idea de que la Mara Salvatrucha, en Honduras, evolucionó a un “monstruo de mil cabezas” y su potencia extorsiva no se concentra únicamente en comercios, sino que subsiste también de inversiones en negocios lícitos e ilícitos y también del narcotráfico.
Desde inicios de diciembre, Honduras mantiene un régimen de excepción en barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, a consecuencia del aumento de la extorsión a conductores de ómnibus y otros, según Xiomara Castro, presidenta de ese país, quien en una conferencia de prensa decretó “emergencia nacional” por los hechos.
Coaccionar a los transportistas a darles dinero a cambio de respetar sus vidas fue uno de los primeros métodos usados por las pandillas en El Salvador para cobrar la extorsión, según la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés).
“Al principio, las pandillas en El Salvador se financiaban por diversas vías, desde la petición de ‘colaboraciones voluntarias’ entre los habitantes de los barrios hasta el asalto; pero, cuando las estructuras empezaron a crecer, necesitaron fuentes de ingreso más estables y entonces surgió la idea de practicar extorsiones extendidas y constantes”, explica GI-TOC en un estudio publicado a finales de 2021.
Honduras y El Salvador tienen un sistema de transporte mixto en el que, si bien las líneas de buses son del Estado, las unidades son propiedad de empresarios. Por lo que ser extorsionados por pandillas fue relativamente fácil, según GI-TOC, pues los pandilleros no necesitaban salir de sus barrios para cobrar la extorsión, con lo que se disminuía el riesgo a ser capturados.
Hoy, la pandilla en El Salvador subsiste casi en su totalidad de la extorsión y esta no solo aplica a los buseros, sino también a las tiendas de los barrios, a los medianos empresarios y hasta a las grandes empresas que deben entrar a esos mismos barrios a repartir sus productos, explicó Douglas Farah a la Voz de América.
El investigador explicó que la mecánica de extorsión en ambos países es diferente, pues a diferencia de Guatemala y Honduras, el narcotráfico en El Salvador no está bien arraigado, como sí lo está en los países vecinos, por lo que la principal forma de obtener dinero de las pandillas en El Salvador es mediante el chantaje a comercios de todo tipo y tamaño.
Aunque El Salvador se mantiene desde marzo de este año bajo un régimen de excepción que ha logrado la reducción de homicidios, la extorsión sigue siendo un tema poco discutido públicamente.
De acuerdo con el diario local La Prensa Gráfica, las denuncias por extorsión aumentaron luego del régimen de excepción. En febrero, la Policía de ese país recibió 104 denuncias. En marzo (mes de inicio de régimen) llegó a 148, en abril 176 y en mayo 183.
A mediados de diciembre, la presidencia de Nayib Bukele, por medio de la Fuerza Armada y el Ministerio de Seguridad, anunció reformas a la Ley Antiextorsiones en El Salvador las cuales consistían en encarcelar a quienes pagaran extorsión a las pandillas y a quienes encubrieran ese delito.
Pero el anuncio supuso un revuelo entre los ciudadanos quienes cuestionaron la posibilidad de ser encarcelados por el pago de una extorsión. La reforma terminó sin ser enviada al Congreso.
¿Qué impacto tiene la extorsión en estos países?
Las pandillas y bandas comunes han usado diversas formas para extorsionar: desde un papel debajo de la puerta de los negocios, hasta una llamada donde un supuesto jefe de pandilla les exige el pago.
“Las consecuencias de la extorsión no son solo de índole económica sino también social y psicológica. Las víctimas de este delito afrontan estados permanentes de estrés, ansiedad y desesperanza”, agrega la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional.
Pero la ASJ va más allá. De acuerdo con la organización no gubernamental, la extorsión se traduce en una cadena de crímenes violentos como amenazas, secuestros y hasta homicidios. Es, además, un freno para el crecimiento económico de los países, pues cierra negocios e impide la apertura de otros.
“La extorsión también ha contribuido al crecimiento de las pandillas: les ha permitido tener una fuente de ingresos estable, lo que a su vez les ha convertido en estructuras del crimen organizado que administran y lavan cantidades enormes de dinero”, explican en su último estudio.
A pesar de las denuncias, para ASJ el impacto de la extorsión aún no es del todo visible, pues la cifra negra detrás de ello sigue siendo mayor.
En Honduras, concluyen, el 99 % de los casos no se denuncia.