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La falta de empleo y las dificultades económicas han sido heredadas de los Gobiernos anteriores y se agudizaron con el agotamiento del sistema y la crisis mundial. El actual Gobierno por sí solo, aunque tenga buenas intenciones, no puede resolver el problema. Se necesita del papel concomitante de la Empresa Privada, que invierta con confianza en el País. La Sociedad Civil incluyendo a la Empresa Privada debe considerar que la política partidarista es una función de los partidos políticos y que la crítica al Gobierno actual tiene que ser constructiva y propositiva. Y lo mismo deberían entenderlo los medios periodísticos. Las palabras del Presidente de la ANEP Carlos Enrique Araujo Eserski, son realmente prometedoras, mencionadas en La Prensa Gráfica del Miércoles 2 de Junio del 2010, “Aceptamos la invitación de Presidente a unirnos para que todos trabajemos para un mejor El Salvador. Estamos conscientes de que el País es un barco, donde todos debemos aceptar nuestras responsabilidades”. Y más adelante agregaba “Hay que jugar en el mismo equipo para derrotar juntos la pobreza y llevar a cabo una reactivación económica”.
Somos así solidariamente responsables y por consiguiente, de no brindar nuestra colaboración en la realidad, seríamos solidariamente culpables.
La Fábrica de empleo, la reactivación económica, la construcción de viviendas, las nuevas inversiones, el mantenimiento exitoso de las inversiones existentes etc., es tarea de todos. Por otro lado, mucha inversión está detenida por la excesiva disminución de los créditos bancarios, que proviene desde el Gobierno anterior. No es temor a un inexistente cambio de Sistema, sino a la crisis mundial que golpeó fuertemente y en primera instancia a los Bancos Internacionales. El problema no empieza con este Gobierno. Fuera de ello, no existe una Banca Nacional, ya que primero fue privatizada y luego internacionalizada. Con ese criterio de dejar hacer y dejar pasar, propio del neoliberalismo; los Bancos hacen lo que les dé la gana y todos, con excepción del Agrícola, están declarando ganancias irrisorias.
Está claro que cada quien debe cuidar su patrimonio, esto es una potestad constitucional; pero los Bancos no manejan sólo su propio patrimonio, sino también el ahorro nacional, esto es, el dinero del pueblo. Es justo que éstos lo cuiden, y eso se logra con buenas inversiones; no negándolas, para evitar todo riesgo. Esto se parece al efecto negativo de la parábola del Evangelio: Un señor que recibió los “talentos” (dinero de aquella época), optó por guardarlos para no perderlos. Medida incorrecta.
Como cualquier doctrina económica lo atestigua, el dinero se hizo para circular no para guardarlo.
La Banca desde el 2007 pone tantas restricciones en la práctica, que al final tan solo son sujetos de crédito, aquellos que no lo necesitan.
Esto se nota aún más con las tasas pasivas de interés menores del 3%, sobre todo en un país con escasez de dinero y sin política monetaria. Dado lo alto que se encuentran las activas (4 veces mayores), nos demuestran que los Bancos rehúsan potencializar el Ahorro y por consiguiente desean continuar restringiendo el Crédito. Sería interesante que ANEP se reuniera con ABANSA para lograr una política más acorde con la necesidad de potencializar el Desarrollo Nacional. El Gobierno tiene que buscar las medidas adecuadas, incluyendo el diálogo, para revertir esta tendencia, fuera de un complemento a futuro: Una medida conveniente de intervención estatal: Una Banca de Inversión y Desarrollo del Estado, hábilmente manejada, con nuevas Instituciones o con el fortalecimiento de las ya existentes.
Así que todos, manos a la obra: Gobierno, Banca y Empresa Privada en lugar de estar divididos y lavarse las manos, echándole cada uno la culpa al otro.
Los medios periodísticos tienen que continuar con la política usada con los Gobiernos anteriores de ARENA. Informar pero no en demasía, evitando desbordar las noticias negativas y la minimización de las positivas.
En el caso de la Delincuencia la cosa se agudiza, porque no se está tratando de extinguir el fuego, sino de atizarlo.
Todo se está manejando con criterio político, tratando de que el Gobierno fracase, para obtener ventajas en las próximas elecciones. En este caso, los medios publicitarios tienen la batuta, seguidos por los partidos políticos y luego por el sector empresarial más conservador.
La Campaña publicitaria es demoledora, con decenas de páginas diarias en cada periódico; la casi totalidad de noticieros televisivos y los sitios de internet. El problema se complica cuando los Portales de algunos Medios, tienden a usar en Internet el nombre de nuestro País y son fuente de consulta internacional, para turistas planeando su viaje ó posibles inversores. Yo conozco a 2 inversores que planeaban invertir varios millones de dólares en proyectos turísticos en nuestro País y se decepcionaron de ver los sitios de “El Salvador “en Internet. Yo estoy tratando de recuperarlos, explicándoles la situación de la delincuencia en su justa dimensión. Es de felicitación merecida, como el Ministro de Turismo ha logrado aumentar en el 2010 el Turismo Nacional, Centroamericano e Internacional, a pesar de estas noticias adversas, revertiendo la tendencia negativa de años anteriores y potencializando el turismo interno.
El problema de la delincuencia no empezó con el actual Gobierno y ha ido aumentando paulatinamente con todos los Gobiernos desde la finalización de la Guerra y la desmovilización de los cuadros armados. Como condición previa para los Acuerdos de Paz, la Izquierda pedía la disolución de los cuerpos de Seguridad y los Batallones de Reacción Inmediata. Fue la Derecha Civil la que ofreció adicionalmente la disminución del Ejército, quitarle toda la participación en la seguridad y hasta retirarle el carácter permanente de la Fuerza Armada. Esto último no se dio, debido a la oposición amenazante a último momento del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. El artículo 211 de la Constitución Política sin embargo, consignó que la Fuerza Armada tenía como función adicional “el mantenimiento de la Paz interna en tiempos excepcionales”; de allí que el presidente Funes está en todo su derecho de recurrir a ella. Esta es una medida necesaria en la actual coyuntura. No es la solución por sí sola, pero ayuda a ella. Es un logro del Presidente Funes y su Gobierno, como también lo es, resistir a la presión mediática de destituir al Ministro de Seguridad y al Director de la Policía Nacional. Si la destitución se diera, la derecha y los medios periodísticos consecuentes con ella, considerarían eso como un triunfo espectacular, para equivocarse de nuevo. Eso sería un triunfo político de la delincuencia; una motivación para seguir delinquiendo y aumentar su operatividad y una disminución de la motivación de la PNC y de la ciudadanía.
No venimos de un país pacífico, sino en violencia progresiva, aumentada desde el 2003 a un proceso de aumento acelerado. Fuera de ello, la violencia se acelera con todo cambio de Gobierno, debido al tanteo de la delincuencia con las nuevas autoridades. Los vimos en el inicio del Gobierno de Saca.
En el 2004 fueron 2933 homicidios y en el 2005: 3812, un aumento de 879 homicidios, esto es el 30%; sólo en un año en un Gobierno de ARENA.
Los homicidios del 2008 y 2009, de 3476 y 4365 son cifras parecidas a las existentes en el 2005 de 3812. Sin embargo antes se publicaba calma; hoy se pinta explosiva.
En el año 2010 hasta el 16 de Junio, el aumento de homicidios fue únicamente de 28, esto es un poco más del 1%. Esto indica que si bien la delincuencia continúa aumentando, este aumento se ha lentificado, lo cual constituye un paso positivo en el control de la delincuencia; a pesar de casos espectaculares recientes, que necesitan de soluciones drásticas e inmediatas.
Debemos recordar que en el pasado también hubo momentos en que la delincuencia actuaba salvajemente: el ametrallamiento de buses en movimiento o quema de buses estacionados con pasajeros adentro, no es nuevo; estallido de granadas en fiestas concurridas; violación y muerte posterior de niñas y ancianas, con lujo de barbarie; masacres, mujeres vejadas y descuartizadas etc.
Hoy los crímenes de este tipo han renacido y con más salvajismo. Se necesita de una acción conjunta y firme para erradicarlos. Vemos que la mayoría de la ciudadanía está pidiendo la pena de muerte, pero independiente de la conveniencia o inconveniencia de su aplicación, hay impedimentos constitucionales para aplicarla y cualquier posible reforma requeriría de varios años, en caso de ser aprobada, fuera de que la ley en materia penal no tiene efecto retroactivo, salvo cuando la ley favorezca al delincuente.
Además hay presiones y tratados internacionales que impugnar. No es nada fácil; pero sí, disponemos de una ley antiterrorista, con penas mucho mayores, donde el reciente ametrallamiento de un bus y la quema de otro; ambos con pasajeros adentro, y con asesinatos a mansalva, puede legalmente aplicarse.
La definición de terrorismo es clara: El ataque indiscriminado sobre civiles inocentes e indefensos, con lujo de barbarie y con el fin de matar, destruir y sembrar el terror. Como se ve, la ley antiterrorista es fácilmente aplicable en este caso. El Supremo Gobierno tiene para sí un reto. Capturar a los culpables y aplicarles todo el rigor de la Ley. El problema es que ya se ve una reacción antagónica de clara política partidarista oponiéndose mutuamente. Pero ¿Cuándo vamos a pensar en función País? En el próximo programa, terminaremos esta serie, si Dios nos lo permite.