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Denuncian tala masiva de árboles en 15 comunidades de Sonsonate

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Basados en el art. 117 de la Constitución de la República, de El Salvador, el cual declara de interés social la protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales, y otros artículos de la Ley Forestal; un grupo de habitantes de varias comunidades del municipio de San Julián del departamento de Sonsonate, interpusieron una demanda, ante el Juzgado Ambiental de Santa Ana, en contra de las ilegalidades que se está realizando en las tierras donde ellos habitan.

A partir del 24 de agosto del año 2015, las comunidades organizadas detuvieron una primera deforestación masiva de tres manzanas de bosque; cuando los líderes y lideresas de San Julián, decomisan la maquinaria y detención de los operarios, por falta de permisos, para las acciones que ejecutaban; no obstante, las personas ajenas reanudan los trabajos de tala, el pasado 24 de enero del año en curso, hasta alcanzar las 12 manzanas en el cauce del río Apantes – Chiquihuat, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de las zonas aledañas a la propiedad de la señora Mirian Flamenco, estas tierras se ubican en el kilómetro 54, carretera en Sonsonate.

Las personas afectadas expresaron que en dicho lugar se cultivan hortalizas para luego ser comercializadas.

Así mismo, los afectados de las comunidades explicaron que la actividad agrícola que realizan en dicho lugar, se está haciendo de forma masiva, desgastando los recursos hídricos de la comunidad y del municipio, debido a que en la finca Los Ángeles, se ha cavado de manera ilegal un pozo de 60 metros, y además se pretender la apertura de uno más.

74 familias, de 15 comunidades del municipio, se ven gravemente afectadas con estas acciones, ya que no cuentan con agua potable, sino que se abastecen de pozos artesanales; sin embargo, a partir de la deforestación, estos no producen la cantidad de agua en un 100%, por lo que temen que en un corto periodo de tiempo, puedan quedarse sin el vital líquido y afectar la salud de los habitantes del sector.

Ante la emergencia, los habitantes de la comunidades San Julián se abocaron a diferentes entidades, recibiendo el apoyo de UNES y Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes han realizado las diferentes inspecciones en el lugar para corroborar que los trabajos que se están ejecutando no poseen los permisos necesarios para llevarse a cabo y que violentan los derechos y garantías establecidas en las leyes de nuestro país.

Adarlen Avilés de la comunidad Los Lagartos, lamentó que los pozos que abastecen de agua a las familias, se estén secando. “En El Lagarto han deforestado 30 manzanas de bosque. Ya buscamos la ayuda de muchas entidades. Nnuestro municipio era muy fresco, ahora es caliente debido a la tala de árboles” añadió Avilés.

 

Mientras tanto, Claudia Tobar, técnica de campo de la Unidad Ecológica Salvadoreña, que ha brindado su apoyo a los habitantes del municipio San Julián, dijo: “venimos desde el 2014 trabajando con el proceso para detener la deforestación, pero no habíamos tenido resultado alguno, hasta que el MAG nos apoyó es que podemos hacer la denuncia, porque nos corroboraron que no se tiene permiso para dicha deforestación, ni para el uso del agua, ni para la perforación de pozo. La gente saca un barril por día y al rio ya no pueden ir porque esta contaminado y les causan enfermedades en la piel”

“Ya no más tala en nuestro municipio, ya no tenemos agua y sabemos que todas las recargas hídricas abastecen nuestras cuencas” señaló Julia Antonia Menjivar, una de las afectadas.

Hoy solo quedan a la espera de  continuar con el proceso judicial que les pueda detener la violación de sus derechos.

Por: Victoria Cabrera

 

 

 

 

Basados en el art. 117 de la Constitución de la República, de El Salvador, el cual declara de interés social la protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales, y otros artículos de la Ley Forestal; un grupo de habitantes de varias comunidades del municipio de San Julián del departamento de Sonsonate, interpusieron una demanda, ante el Juzgado Ambiental de Santa Ana, en contra de las ilegalidades que se está realizando en las tierras donde ellos habitan.

A partir del 24 de agosto del año 2015, las comunidades organizadas detuvieron una primera deforestación masiva de tres manzanas de bosque; cuando los líderes y lideresas de San Julián, decomisan la maquinaria y detención de los operarios, por falta de permisos, para las acciones que ejecutaban; no obstante, las personas ajenas reanudan los trabajos de tala, el pasado 24 de enero del año en curso, hasta alcanzar las 12 manzanas en el cauce del río Apantes – Chiquihuat, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de las zonas aledañas a la propiedad de la señora Mirian Flamenco, estas tierras se ubican en el kilómetro 54, carretera en Sonsonate.

Las personas afectadas expresaron que en dicho lugar se cultivan hortalizas para luego ser comercializadas.

Así mismo, los afectados de las comunidades explicaron que la actividad agrícola que realizan en dicho lugar, se está haciendo de forma masiva, desgastando los recursos hídricos de la comunidad y del municipio, debido a que en la finca Los Ángeles, se ha cavado de manera ilegal un pozo de 60 metros, y además se pretender la apertura de uno más.

74 familias, de 15 comunidades del municipio, se ven gravemente afectadas con estas acciones, ya que no cuentan con agua potable, sino que se abastecen de pozos artesanales; sin embargo, a partir de la deforestación, estos no producen la cantidad de agua en un 100%, por lo que temen que en un corto periodo de tiempo, puedan quedarse sin el vital líquido y afectar la salud de los habitantes del sector.

Ante la emergencia, los habitantes de la comunidades San Julián se abocaron a diferentes entidades, recibiendo el apoyo de UNES y Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes han realizado las diferentes inspecciones en el lugar para corroborar que los trabajos que se están ejecutando no poseen los permisos necesarios para llevarse a cabo y que violentan los derechos y garantías establecidas en las leyes de nuestro país.

Adarlen Avilés de la comunidad Los Lagartos, lamentó que los pozos que abastecen de agua a las familias, se estén secando. “En El Lagarto han deforestado 30 manzanas de bosque. Ya buscamos la ayuda de muchas entidades. Nnuestro municipio era muy fresco, ahora es caliente debido a la tala de árboles” añadió Avilés.

 

Mientras tanto, Claudia Tobar, técnica de campo de la Unidad Ecológica Salvadoreña, que ha brindado su apoyo a los habitantes del municipio San Julián, dijo: “venimos desde el 2014 trabajando con el proceso para detener la deforestación, pero no habíamos tenido resultado alguno, hasta que el MAG nos apoyó es que podemos hacer la denuncia, porque nos corroboraron que no se tiene permiso para dicha deforestación, ni para el uso del agua, ni para la perforación de pozo. La gente saca un barril por día y al rio ya no pueden ir porque esta contaminado y les causan enfermedades en la piel”

“Ya no más tala en nuestro municipio, ya no tenemos agua y sabemos que todas las recargas hídricas abastecen nuestras cuencas” señaló Julia Antonia Menjivar, una de las afectadas.

Hoy solo quedan a la espera de  continuar con el proceso judicial que les pueda detener la violación de sus derechos.

Por: Victoria Cabrera

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