La Autoridad Nacional del Agua (ANA) estará integrada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), municipalidades, Sector Productivo Agropecuario, Juntas de Agua, Universidad de El Salvador (UES) y Sector Productivo Industrial.
La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático retomó el estudio de la propuesta de ley que regule los derechos de uso, aprovechamiento, protección, conservación del agua. En ese contexto acordaron por mayoría las entidades que conformarán la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La Autoridad Nacional del Agua, que según el anteproyecto de ley tendrá la potestad de formular las normas técnicas, resolver conflictos por agua, aprobar permisos y emitir sanciones, estará integrada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), municipalidades, Sector Productivo Agropecuario, Juntas de Agua, Universidad de El Salvador (UES) y Sector Productivo Industrial.
La presidenta de la comisión, diputada Martha Evelyn Batres (ARENA), reiteró que en los artículos aprobados se establece que el agua es un bien de uso público, es un derecho humano y le pertenece al Estado; asimismo, indicó que se le dará celeridad al análisis de los demás artículos restantes para aprobar la normativa lo antes posible.
Por su parte, la diputada Dina Argueta (FMLN) expresó que la conformación establecida abre una puerta a los intereses privados.
En tanto, el diputado Adelmo Rivas (GANA) explicó que la correlación de la autoridad hídrica quedaría favorable al Estado, pues el sector privado tendrá únicamente a dos representantes, mientras que del sector estatal estarán cinco, incluyendo a la representación de las alcaldías.
En el anteproyecto de ley, se establece que la Autoridad Nacional del Agua tendrá entre sus facultades fijar las tasas por servicios administrativos, técnicos y científicos; establecer el monto anual de las tasas por uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y vertidos; autorizar o suspender permisos otorgados para la exploración; sancionar por violaciones a la ley, entre otros.
Por: Asamblea Legislativa