Por: Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 2 de octubre de 2017.
El Vicepresidente Oscar Ortiz y el Ministro de Seguridad afirmaron, en una cantinflesca conferencia de prensa, que los pandilleros atentarán contra la vida de policías y soldados, pero no intimidarán al Estado y que pronto, serían dominados. Mientras esto se dice, varios habitantes de Soyapango salen a patrullar sus colonias, para evitar que las maras, desde sus bases en el municipio, expandiéndose, tomen éstos territorios.
Se dice ahora que la delincuencia ha escalado a un conflicto social y, la PNC y la Fuerza Armada, hacen una parodia de Seguridad Pública; recordemos que ya hemos vivido esa situación: efervescencia social, desafío a la autoridad pública, disputa de territorio y el uso definitorio de la Fuerza Armada. Hoy, la Fuerza Armada se encuentra en veinticinco puntos de San Salvador, pero su presencia, es irrelevante, porque carece de la fuerza disuasoria de los años 70´s y 80´s. Los homicidios han aumentado pues existe duda política, en el empleo de la coacción de la ley.
La situación en que hoy se encuentra El Salvador, se asemeja mucho a lo expuesto por Oscar Martínez Peñate, La diplomacia paralela en la Declaración Franco – Mexicana en el Seminario Internacional “Historia, Sociedad y Memoria: El conflicto armado en el 20 aniversario de los Acuerdos de Paz”, los días 15, 16 y 17 de febrero de 2012. El hecho es que igualmente, hoy se combinan acciones militares con acciones políticas, para asegurar el control territorial o sea, restringir la soberanía nacional, en favor de rebeldes grupos armados.
En diciembre de 1981, durante la Presidencia del Dr. Álvaro Magaña, hubo un reclamo territorial de parte del ERP, en la zona desmilitarizada de los bolsones del norte de Morazán, consecuentemente, la Fuerza Armada tuvo que dirigir una operación de pinzas, contra aquel puesto de mando, en La Guacamaya. Resultado fue, el confuso hecho del Mozote, por el cual son hoy juzgados penalmente, el Estado Mayor y la oficialidad del Batallón Atlacatl, ejecutores de aquella operación.
Hoy, el vicepresidente Ortiz, está en condición semejante a la del Presidente Álvaro Magaña, en una Diplomacia Paralela, negando el poder de la Mara y en su contra, midiendo la fuerza del Estado. Hoy, el problema legal es que, al negar la naturaleza de un conflicto nacional internacionalizado (CANI) los protagonistas son juzgados como criminales de guerra, pero sus acciones mantuvieron la integridad nacional y aunque la guerrilla mantuvo una persistencia, no ejerció poder soberano, a diferencia de lo que la mara está haciendo hoy.
Se enfrenta al mismo dilema, el actual Gobierno: ¿reconocerá ya, la existencia de un conflicto armado y, tomará la defensa de la soberanía, como base de sus acciones? Al parecer no será así. Se están siguiendo los mismos principios de la Diplomacia Paralela, pero ahora, es Gobierno – Mara. Ignoramos cuál será su posición final.
Se juzga hoy a quienes defendieron la integridad nacional, pero no se protesta cuando el Gobierno actual, abandona la soberanía nacional, a manos de las Maras. En el proceso judicial del Mozote, el elemento faltante, es el reconocimiento de la defensa de la integridad territorial contra una fuerza de Derecho Internacional y, que el Estado, en cada perdón pedido públicamente, por los hechos de los años 80´s, reconoce acciones de guerra por parte del Estado. Mauricio Funes pidió perdón en su Gobierno, hoy lo pide el Canciller Hugo Martínez y, cada declaración, es un Acto administrativo, pues se trata de una declaración de voluntad intelectual, derivando de ésta, una política de Estado antes, de acción y, ahora de reparación, de acuerdo a la Justicia Restaurativa.