¿Qué derecho tiene mayor rango, el de un mandatario a la privacidad de su condición médica o el de los ciudadanos a conocer su estado de salud? El dilema cobra relevancia debido a la convalecencia de Chávez en Venezuela.
Cuando un jefe de Estado o de Gobierno enferma, ¿dónde termina su derecho a resguardar la privacidad de su condición médica y dónde comienza el derecho de los ciudadanos a conocer los detalles de su estado de salud? Dar respuesta a esta pregunta no es un desafío nuevo, pero el asunto vuelve a adquirir relevancia debido a la crisis institucional que ha causado en Venezuela el misterio en torno a la convalecencia de su presidente, Hugo Chávez. Varias organizaciones no gubernamentales se han unido para demandar transparencia en esta materia.
“Desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, que está integrada por veinticuatro grupos de diecinueve países latinoamericanos, exigimos que sean médicos u otros voceros realmente calificadas quienes ofrezcan a la sociedad civil datos verificables sobre la salud de los mandatarios. En un lapso relativamente corto varios presidentes sufrieron de cáncer y, en algunos casos, se duda que los boletines oficiales sobre sus afecciones hayan sido completos y veraces”, señala Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela.
“El llamado que hicimos tuvo mayor repercusión en Venezuela porque el de Chávez es el caso más actual. Sus ministros han ‘informado’ a la población sobre el estado del presidente en muchas ocasiones, pero los datos ofrecidos no son confiables porque ellos han mentido más de una vez”, agrega de Freitas. A juicio de las ONG con las que trabaja esta activista, el deber del Estado de informar a la colectividad sobre la salud del mandatario tiene mayor rango que el derecho del presidente a mantener en secreto su récord médico.
“Los ciudadanos no quieren creer, sino saber”
“Para entender la jerarquía de una cosa frente a la otra es bueno considerar antecedentes en el ámbito político-institucional y referencias de otros campos. Por ejemplo, sean cuales sean los motivos de un Gobierno para ocultar el brote de una epidemia o retrasar la activación de la alarma epidemiológica, es un hecho que el daño causado al escamotear una epidemia es mayor que el causado al alertar a la población del peligro, aún cuando la dimensión del riesgo no se haya confirmado del todo”, dice la portavoz de Transparencia Venezuela.
“Y hablando en términos estrictamente jurídicos, el alcance del derecho a la privacidad es distinto para los ciudadanos y para los funcionarios públicos. En algunas circunstancias, los funcionarios del Estado están obligados a entregar una declaración jurada del patrimonio, una declaración de intereses o información sobre sus sueldos a la Contraloría y a otros órganos de control, por ejemplo. Según la Comisión Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas, esa información debe ser de acceso público”, apunta de Freitas.
“Los líderes brasileños Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva; el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo; y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hablaron abiertamente sobre el cáncer que los afligía. Eso es lo ideal porque a los ciudadanos no se les debe pedir actos de fe; ellos no quieren creer, sino saber”, subraya de Freitas. El periodista venezolano Nelson Bocaranda comentaba recientemente que el sigilo con que se trata el padecimiento de Chávez preocupa también a los militares venezolanos y a los socios de Venezuela en el mundo.
La información como arma
De Freitas: “en 2012, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegó al punto de publicar sus informes médicos en Internet”.“El argumento de la pugna entre medios privados y Estado ‘revolucionario’ ya no sirve para comprender la realidad venezolana: a partir de 2005, los medios que le hicieron oposición a Chávez terminaron alineándose con su Gobierno o desapareciendo. Y lo que queda de la prensa opositora es consumido por la élite del país”, aclara Manuel Silva-Ferrer, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco), de la Universidad Central de Venezuela.
La directora de Transparencia Venezuela secunda a Silva-Ferrer: “El planteamiento del Dr. Bodemer coincide con el que siempre han hecho en Venezuela los funcionarios del oficialismo para impedirnos el acceso a información de interés público, incluyendo los documentos relacionados con el presupuesto nacional. Los parlamentarios chavistas alegan que la razón para no hacer público ese tipo de información es el riesgo que corre el Gobierno de que la oposición use esos datos en su contra. ¡Ese es un argumento antidemocrático!”, acusa Mercedes de Freitas, quien estuvo en Berlín el pasado 22 de febrero para denunciar esa situación ante la prensa alemana.
Autor: Evan Romero-Castillo
Editora: Claudia Herrera Pahl
Deutsche Welle