El principio jurídico: “el poder del Estado es superior a todo otro poder y representa los intereses colectivos”, en nuestro país, perdió toda su certeza, pues su realidad jurídica ha cambiado: A) existe una fuerza, fuera del Estado, que no puede ser controlada ni encausada. B) dicha fuerza impone condiciones y C) domina a la población por medio del terror y la fuerza. Así, la realidad jurídica del país, responde a dichas condiciones, afectando todas sus relaciones con la población.
Durante los años del conflicto, el Estado combatió a unos 16,000 o 18,000 guerrilleros y milicianos; tuvo un apoyo logístico, de entre 80,000 a 100,000 simpatizantes, teniendo en contra de la guerrilla, 65,000 soldados y cuerpos de seguridad, más 200,000 soldados en reserva y defensas civiles, todos sosteniendo la soberanía del Estado. Hoy, hay 40,000 policías y soldados, más 23,000 vigilantes privados (que no actúan bajo mando unificado) que enfrentan a 60,000 pandilleros apoyados por 460,000 parientes que viven del producto de la delincuencia. En 1992, se llegó a un impase militar y fuimos, internacionalmente, forzados a un acuerdo.
Puede el Estado tener poderío aéreo y terrestre, con sus baterías de apoyo, pero si su material bélico, no sirve para contener una amenaza como la de las pandillas, es inútil y; más aún, si los mandos carecen de capacidad y entereza, para entender la naturaleza de la amenaza, y preservar la integridad de sus propias fuerzas, enviando al matadero, a nuestros soldados y policías y se deja defensa. a la población civil.
Para mantener el orden social, el Derecho supone, el acatamiento generalizado y voluntario de la ley, siendo la excepción el delincuente, que será castigado y reeducado; pero esto, no es posible, si existe un promedio de 14,1 personas en acatamiento del Derecho, por una que es pandillero, o que vive directamente de las extorsiones y robos, que éstos cometen. Son así las personas honradas, vacas de las que los delincuentes se alimentan. Los controles contra el lavado de activos, sólo alcanzan la economía formal, mientras que el dinero producto de la delincuencia, se lava en lo subterráneo, de la economía informal, la cual es en el país, mayoritaria.
Todo el mundo niega relacionarse con las pandillas, pero Mauricio Funes y David Munguía Payes, pactaron con ellas y, todos los políticos, les piden permiso para hacer su proselitismo. Las pandillas vieron así, que era posible cambiar la relación delincuente-Estado, por medio del uso de la fuerza y chantaje. Dimos a las pandillas la lección de que “a más fuerza, más dinero y beneficios”.
Dice hoy Salvador Sánchez Cerén que, con la ola de asesinados del sábado antepasado, le llegó un pliego de peticiones al presidente electo y éste, rápidamente sugirió un gran pacto de nación. ¿qué podemos esperar? Si persiste la creencia de que el Estado les debe protección y respeto de Derechos a los mareros porque si son excluidos de la sociedad, es por su pobreza.
Para que un país viva y prospere necesita de la riqueza, que es creación exclusiva de la actividad privada. Pero, si gran parte de la población, por medio de la extorsión y el robo, vive de esta riqueza y, de la misma fuente vive el Estado, es necesario sumar la carga impositiva de 18.20% del PIB al 17% del PIB, que consumen los mareros, para apreciar la verdadera carga impositiva, que soporta el quehacer privado. Ningún país puede desarrollarse con carga semejante, ni puede ser atractivo para la inversión.
Forzoso es que el Estado y la sociedad cambien la óptica con que ven a las pandillas: debe el Estado recuperar su soberanía.
Por Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra