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Corte Internacional ordena a Nicaragua salir de la Isla Portillos

Corte Internacional de Justicia acoge las medidas cautelares

solicitadas por Costa Rica y ordena a Nicaragua salir de Isla

Portillos y reparar los daños causados por los dos caños artificiales.

La Corte Internacional de Justicia dio hoy la razón a Costa Rica y acogió

por unanimidad la solicitud de nuevas medidas provisionales para frenar las

agresiones perpetradas por Nicaragua en el territorio costarricense de Isla

Portillos.

La Corte ordenó a Nicaragua retirar cualquier personal civil, de policía o de

seguridad, y evitar que ingresen a dicho territorio. Por otra parte, le ordena

abstenerse de cualquier dragado y otras actividades en el territorio en disputa,

en particular, abstenerse de cualquier tipo de trabajo en los dos nuevos caños.

Además, dio un plazo de dos semanas para que rellene la zanja en la playa

que Costa Rica denunció.

Costa Rica “recibe con beneplácito el pronunciamiento de la Corte, que ha

dado razón a nuestras denuncias ante las violaciones de las medidas tutelares

dictadas en 2011, cometidas por Nicaragua. Estamos muy complacidos de

que se haya hecho justicia y esperamos que Nicaragua acate lo resuelto y

podamos normalizar la situación hasta que la Corte dicte el fallo final”, declaró

el Canciller Enrique Castillo, quien se encuentra en Washington, donde es

recibido por la Subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, señora Roberta

Jacobson.

“Es un triunfo para el Derecho Internacional, un notable éxito jurídico para

Costa Rica, y una seria llamada de atención a Nicaragua para que deje de

burlar las órdenes de Corte (Internacional de Justicia) e irrespetar la integridad

territorial y la soberanía costarricense”, agregó el Jefe de la Diplomacia

costarricense.

Fallo determinante. De forma unánime, los jueces señalaron que Nicaragua

había emprendido obras nuevas en la zona declarada en disputa en su

providencia del 8 de marzo de 2011, y le ordenó cerrar la zanja que su personal

había excavado en la arena con la intención de unir el nuevo caño excavado

 

con el mar Caribe. La Corte le dio un plazo de dos semanas a Nicaragua para

cumplir esta orden, y deberá rendirle un informe a la Corte en un plazo de

una semana luego de completado el trabajo para demostrar su cumplimiento,

incluyendo evidencia fotográfica.

Asimismo, de forma unánime, la Corte tuvo por demostrado que Nicaragua ha

mantenido presencia de personal militar y civil en la zona, por lo que decide

reforzar su anterior providencia del 8 de marzo de 2011, en esta ocasión

ordenándole a Nicaragua el retiro inmediato de su personal civil y militar, y

además tomar medidas para evitar el nuevo ingreso de otro personal civil

bajo su control. Costa Rica ha denunciado reiteradamente la presencia de

los llamados Guardabarrancos en dicha zona, auspiciados por el Gobierno de

Nicaragua.

Finalmente, en una votación de 15 a 1 (este corresponde al juez Ad Hoc

nombrado por Nicaragua), la Corte decide que Costa Rica, tras consultar con

la Secretaría de la Convención de Ramsar y notificar previamente a Nicaragua

podrá tomar las medidas apropiadas en relación con los dos nuevos caños, que

sean necesarias para prevenir daños irreparables al medio ambiente de la zona

en disputa. Al hacerlo, Costa Rica deberá evitar efectos adversos al río San

Juan.

Solicitud de Costa Rica. La resolución de la Corte fue dada a conocer, hoy,

22 de noviembre, luego de que Costa Rica presentara la solicitud de nuevas

medidas cautelares el pasado 24 de setiembre de 2013. Ello se produjo luego

de que el Gobierno costarricense denunciara, el 17 de setiembre, nuevas

agresiones perpetradas por Nicaragua a la integridad territorial y soberanía

costarricense, que se suman a las violaciones del año 2010, en las que el

régimen de Managua invadió el territorio costarricense de Isla Portillos-Isla

Calero.

El 8 de marzo de 2011, la Corte dictó medidas cautelares en las que ordenó

abstenerse de mantener presencia militar o civil en la zona en disputa. Costa

Rica ha denunciado que Nicaragua ha desobedecido el mandato del Alto

Tribunal y sistemáticamente violado la soberanía costarricense.

Entre las nuevas agresiones, nuestro país denunció la apertura de dos nuevos

caños artificiales en territorio costarricense de Isla Portillos. Uno de los caños

tiene un ancho de entre 20 y 30 metros y casi 300 metros de largo. Costa Rica

denunció que la excavación de dichos caños buscaban desviar el río San Juan

y hacerlo desaguar en el Atlántico. En su resolución de hoy, la Corte tuvo por

válido este riesgo.

 

Para Costa Rica ha sido primordial el amparo de la Corte Internacional

de Justicia, pues reafirma que la única opción posible para una nación

que hace 65 años abolió el ejército, es el Derecho Internacional. Una vez

conocida la resolución, resulta igualmente fundamental que Nicaragua atienda

rigurosamente el mandato del Alto Tribunal y que se abstenga de seguir

realizando actividades orientadas violar las órdenes de la Corte.

El Jefe de la Diplomacia costarricense ha manifestado que las agresiones

del gobierno de Nicaragua hacia Costa Rica son parte de una “conducta

expansionista”, que además, Nicaragua “afecta los equilibrios en

Centroamérica y la paz en la región”. Las audiencias ante la Corte Internacional

de Justicia también mostraron la política de “mal vecino” de Nicaragua, afirmó

el Ministro Castillo.

La petición. En su petición a la Corte, Costa Rica insistió en la necesidad de

impedir que Nicaragua concluyese los trabajos de excavación de los nuevos

caños, pues de lo contrario, “se corre el riesgo de se imponga un hecho

cumplido antes de que la Corte emita su fallo final”. También advirtió sobre

la existencia de un riesgo “real e inminente de prejuicio irreparable”, pues una

de las consecuencias de las nuevas obras ilegales por parte de Nicaragua es

que el cauce del río San Juan sea desviado para siempre hacia el Mar Caribe,

incluida la ubicación geográfica y la configuración de su salida al mar, así como

por los graves y nuevos daños a un humedal internacionalmente protegido.

Pruebas irrefutables. Durante las audiencias, celebradas en el Palacio de la

Paz en La Haya, del 14 al 17 de octubre de 2013, Costa Rica aportó pruebas

contundentes, incluida fotografías, vídeos, así como información satelital,

campamentos militares aún presentes, así como la excavación de una fosa

cuyo objeto es la de unir el caño con el Mar Caribe. En una de las fotos se

apreció una draga de gran dimensión.

En la “errática, falsa y engañosa”, como calificó la Presidenta de Costa Rica

Laura Chinchilla la actitud de Nicaragua, el régimen de Managua ensayó

diversas versiones. Primero negó que estuviese presente en la zona. Más

adelante, afirmó que no había realizado ningún tipo de trabajos, aunque luego

señaló que los nuevos caños que construían eran producto de las lluvias;

luego, que limpiaban el lugar de plantas acuáticas; y después que quien hizo

los trabajos fue el Edén Pastora, intentando responsabilizarlo absolutamente,

aunque es un funcionario gubernamental. Finalmente, ante la contundencia de

las pruebas, admitió que se habían retirado de la zona.

 

El equipo jurídico que defiende los intereses costarricenses está integrado por

los Embajadores Edgar Ugalde y Jorge Urbina, los abogados internacionales

James Crawford, Marcelo Kohen, Samuel Wordsworth y Kate Parlett, así

como los abogados costarricenses Sergio Ugalde y Arnoldo Brenes. Otros

integrantes del Equipo Jurídico son Ricardo Otárola, Katherine del Mar, y los

funcionarios de la Embajada costarricense en Holanda, Gustavo Campos y

Marcela Calderón.

Viernes 22 de noviembre de 2013.

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