Corte Internacional de Justicia acoge las medidas cautelares
solicitadas por Costa Rica y ordena a Nicaragua salir de Isla
Portillos y reparar los daños causados por los dos caños artificiales.
La Corte Internacional de Justicia dio hoy la razón a Costa Rica y acogió
por unanimidad la solicitud de nuevas medidas provisionales para frenar las
agresiones perpetradas por Nicaragua en el territorio costarricense de Isla
Portillos.
La Corte ordenó a Nicaragua retirar cualquier personal civil, de policía o de
seguridad, y evitar que ingresen a dicho territorio. Por otra parte, le ordena
abstenerse de cualquier dragado y otras actividades en el territorio en disputa,
en particular, abstenerse de cualquier tipo de trabajo en los dos nuevos caños.
Además, dio un plazo de dos semanas para que rellene la zanja en la playa
que Costa Rica denunció.
Costa Rica “recibe con beneplácito el pronunciamiento de la Corte, que ha
dado razón a nuestras denuncias ante las violaciones de las medidas tutelares
dictadas en 2011, cometidas por Nicaragua. Estamos muy complacidos de
que se haya hecho justicia y esperamos que Nicaragua acate lo resuelto y
podamos normalizar la situación hasta que la Corte dicte el fallo final”, declaró
el Canciller Enrique Castillo, quien se encuentra en Washington, donde es
recibido por la Subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, señora Roberta
Jacobson.
“Es un triunfo para el Derecho Internacional, un notable éxito jurídico para
Costa Rica, y una seria llamada de atención a Nicaragua para que deje de
burlar las órdenes de Corte (Internacional de Justicia) e irrespetar la integridad
territorial y la soberanía costarricense”, agregó el Jefe de la Diplomacia
costarricense.
Fallo determinante. De forma unánime, los jueces señalaron que Nicaragua
había emprendido obras nuevas en la zona declarada en disputa en su
providencia del 8 de marzo de 2011, y le ordenó cerrar la zanja que su personal
había excavado en la arena con la intención de unir el nuevo caño excavado
con el mar Caribe. La Corte le dio un plazo de dos semanas a Nicaragua para
cumplir esta orden, y deberá rendirle un informe a la Corte en un plazo de
una semana luego de completado el trabajo para demostrar su cumplimiento,
incluyendo evidencia fotográfica.
Asimismo, de forma unánime, la Corte tuvo por demostrado que Nicaragua ha
mantenido presencia de personal militar y civil en la zona, por lo que decide
reforzar su anterior providencia del 8 de marzo de 2011, en esta ocasión
ordenándole a Nicaragua el retiro inmediato de su personal civil y militar, y
además tomar medidas para evitar el nuevo ingreso de otro personal civil
bajo su control. Costa Rica ha denunciado reiteradamente la presencia de
los llamados Guardabarrancos en dicha zona, auspiciados por el Gobierno de
Nicaragua.
Finalmente, en una votación de 15 a 1 (este corresponde al juez Ad Hoc
nombrado por Nicaragua), la Corte decide que Costa Rica, tras consultar con
la Secretaría de la Convención de Ramsar y notificar previamente a Nicaragua
podrá tomar las medidas apropiadas en relación con los dos nuevos caños, que
sean necesarias para prevenir daños irreparables al medio ambiente de la zona
en disputa. Al hacerlo, Costa Rica deberá evitar efectos adversos al río San
Juan.
Solicitud de Costa Rica. La resolución de la Corte fue dada a conocer, hoy,
22 de noviembre, luego de que Costa Rica presentara la solicitud de nuevas
medidas cautelares el pasado 24 de setiembre de 2013. Ello se produjo luego
de que el Gobierno costarricense denunciara, el 17 de setiembre, nuevas
agresiones perpetradas por Nicaragua a la integridad territorial y soberanía
costarricense, que se suman a las violaciones del año 2010, en las que el
régimen de Managua invadió el territorio costarricense de Isla Portillos-Isla
Calero.
El 8 de marzo de 2011, la Corte dictó medidas cautelares en las que ordenó
abstenerse de mantener presencia militar o civil en la zona en disputa. Costa
Rica ha denunciado que Nicaragua ha desobedecido el mandato del Alto
Tribunal y sistemáticamente violado la soberanía costarricense.
Entre las nuevas agresiones, nuestro país denunció la apertura de dos nuevos
caños artificiales en territorio costarricense de Isla Portillos. Uno de los caños
tiene un ancho de entre 20 y 30 metros y casi 300 metros de largo. Costa Rica
denunció que la excavación de dichos caños buscaban desviar el río San Juan
y hacerlo desaguar en el Atlántico. En su resolución de hoy, la Corte tuvo por
válido este riesgo.
Para Costa Rica ha sido primordial el amparo de la Corte Internacional
de Justicia, pues reafirma que la única opción posible para una nación
que hace 65 años abolió el ejército, es el Derecho Internacional. Una vez
conocida la resolución, resulta igualmente fundamental que Nicaragua atienda
rigurosamente el mandato del Alto Tribunal y que se abstenga de seguir
realizando actividades orientadas violar las órdenes de la Corte.
El Jefe de la Diplomacia costarricense ha manifestado que las agresiones
del gobierno de Nicaragua hacia Costa Rica son parte de una “conducta
expansionista”, que además, Nicaragua “afecta los equilibrios en
Centroamérica y la paz en la región”. Las audiencias ante la Corte Internacional
de Justicia también mostraron la política de “mal vecino” de Nicaragua, afirmó
el Ministro Castillo.
La petición. En su petición a la Corte, Costa Rica insistió en la necesidad de
impedir que Nicaragua concluyese los trabajos de excavación de los nuevos
caños, pues de lo contrario, “se corre el riesgo de se imponga un hecho
cumplido antes de que la Corte emita su fallo final”. También advirtió sobre
la existencia de un riesgo “real e inminente de prejuicio irreparable”, pues una
de las consecuencias de las nuevas obras ilegales por parte de Nicaragua es
que el cauce del río San Juan sea desviado para siempre hacia el Mar Caribe,
incluida la ubicación geográfica y la configuración de su salida al mar, así como
por los graves y nuevos daños a un humedal internacionalmente protegido.
Pruebas irrefutables. Durante las audiencias, celebradas en el Palacio de la
Paz en La Haya, del 14 al 17 de octubre de 2013, Costa Rica aportó pruebas
contundentes, incluida fotografías, vídeos, así como información satelital,
campamentos militares aún presentes, así como la excavación de una fosa
cuyo objeto es la de unir el caño con el Mar Caribe. En una de las fotos se
apreció una draga de gran dimensión.
En la “errática, falsa y engañosa”, como calificó la Presidenta de Costa Rica
Laura Chinchilla la actitud de Nicaragua, el régimen de Managua ensayó
diversas versiones. Primero negó que estuviese presente en la zona. Más
adelante, afirmó que no había realizado ningún tipo de trabajos, aunque luego
señaló que los nuevos caños que construían eran producto de las lluvias;
luego, que limpiaban el lugar de plantas acuáticas; y después que quien hizo
los trabajos fue el Edén Pastora, intentando responsabilizarlo absolutamente,
aunque es un funcionario gubernamental. Finalmente, ante la contundencia de
las pruebas, admitió que se habían retirado de la zona.
El equipo jurídico que defiende los intereses costarricenses está integrado por
los Embajadores Edgar Ugalde y Jorge Urbina, los abogados internacionales
James Crawford, Marcelo Kohen, Samuel Wordsworth y Kate Parlett, así
como los abogados costarricenses Sergio Ugalde y Arnoldo Brenes. Otros
integrantes del Equipo Jurídico son Ricardo Otárola, Katherine del Mar, y los
funcionarios de la Embajada costarricense en Holanda, Gustavo Campos y
Marcela Calderón.
Viernes 22 de noviembre de 2013.