El 20 de junio de 2016, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV1 con El Salvador.
El Salvador sigue registrando un crecimiento significativamente menor que el de los países vecinos, en un contexto de escasa inversión, emigración elevada, baja competitividad y impasse político. El crecimiento del PIB promedió un 2% a lo largo del período 2000–14: muy inferior al promedio regional de América Central, del 4.5%.
Los bajos precios del petróleo contribuyeron a que el crecimiento y la cuenta corriente mejoraran en 2015, con un nivel de inflación bajo. El PIB aumentó un 2.5% en 2015: superior al aumento del 1.5% registrado en 2014, respaldado por el crecimiento sostenido de Estados Unidos , el crecimiento sólido de las exportaciones al resto de América Central y el estímulo proveniente de los bajos precios del petróleo. La inversión también aumentó de manera significativa. La inflación fue levemente negativa (-0,7%). El déficit de cuenta corriente se redujo en 1.5 puntos porcentuales y se ubicó en un 3.5% del PIB.
El déficit fiscal registró una disminución de 0,1 puntos porcentuales y llegó al 3,4% del PIB en 2015. El gasto fiscal se mantuvo aproximadamente constante como porcentaje del PIB, con aumentos conservadores en los salarios y menores subsidios energéticos. El gasto de capital se mantuvo en niveles bajos. La recaudación se benefició por el impuesto a las operaciones financieras, pero fue menor que la esperada. Se aplicaron nuevos impuestos sobre los servicios de telecomunicaciones y a las utilidades de empresas grandes a fines de 2015, para financiar el aumento necesario del gasto en la materia de la legalidad y de la seguridad. Sin embargo, los riesgos fiscales están aumentando. A causa delimpasse parlamentario respecto de la aprobación del acceso al financiamiento externo, el financiamiento interno aumentó pronunciadamente en 2015 y a principios de 2016, lo que elevó los rendimientos de las Letras del Tesoro y aumentó riesgos de un ajuste desordenado si el impasse permanezca.
El sector financiero permanece estable, pero expuesto al riesgo soberano que está creciendo. . El coeficiente de capital del sector bancario se mantiene sustancialmente por encima del nivel reglamentario mínimo del 12%. El nivel de provisiones es adecuado, y la calidad de los activos sigue mejorando, mientras que la liquidez del sistema bancario parece abundante. Sin embargo, la rentabilidad bancaria es relativamente baja. Los depósitos y el crédito al sector privado registraron un crecimiento de aproximadamente un 6% y un 5% en 2015, respectivamente, a medida que repuntó el crédito corporativo y se desaceleró el crédito a los hogares. El crédito del sector financiero al sector público, en cambio, aumentó casi un 15%, y actualmente equivale a aproximadamente un 35% de los activos del sistema financiero privados.
Se espera que el crecimiento del PIB sea del 2,3% en 2016 y del 2,4% en 2017, y que disminuya a mediano plazo hacia una tasa de crecimiento potencial del 2%. Existe un cierto nivel de riesgo al alza a corto plazo, si se ejecutan varios proyectos de inversión (en especial un importante proyecto de gas). Sin embargo, se proyecta que el crecimiento de Estados Unidos se reduzca a mediano plazo. Además, se espera una tendencia ascendente en el precio del petróleo a mediano plazo, lo que atenuaría el impulso reciente de la demanda y se prevé que el déficit de cuenta corriente llegue al 5.5% del PIB antes de 2021. Se espera que el déficit fiscal se amplíe a un 5.5% del PIB por la ausencia de medidas a mediano plazo, lo que refleja presiones salariales, pagos de intereses, gastos relacionados con seguridad e inversión pública. Por otra parte, se prevé que la deuda pública supere el 70% del PIB antes de 2021.
Evaluación del Directorio Ejecutivo2
Los directores ejecutivos señalaron que si bien la coyuntura externa favorable y el nivel bajo de los precios del petróleo han contribuido a una cierta mejora de la situación económica, El Salvador continúa adoleciendo de un débil crecimiento que obedece a una gama de complejos factores, como una inversión escasa, niveles elevados de delincuencia y emigración y baja competitividad. Los directores hicieron hincapié en que para garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda y para elevar el crecimiento potencial se necesitarán políticas sólidas y reformas estructurales de gran alcance, apuntaladas por un amplio consenso político.
Los directores en general recalcaron que se necesita una consolidación fiscal concentrada en el período inicial para revertir la trayectoria ascendente de la deuda pública, afianzar la sostenibilidad fiscal y generar margen para financiar el servicio de prestamista de última instancia e implementar plenamente la estrategia de las autoridades para prevenir la delincuencia. Insistieron en que será importante tomar medidas tanto en el lado del ingreso como en el lado del gasto para lograr el ajuste necesario y al mismo tiempo salvaguardar el gasto social. En este sentido, será útil introducir impuestos que generen menos distorsiones. Los directores tomaron nota de las iniciativas de las autoridades para reformar el sistema de pensiones y solicitaron medidas adicionales para modificar el sistema con cambios esenciales que garanticen su sostenibilidad fiscal y social a largo plazo. Un sólido marco fiscal a mediano plazo será fundamental de aquí en adelante.
Los directores indicaron que las autoridades han avanzado considerablemente en las reformas del sector financiero, y alentaron a las autoridades a implementar las reformas pendientes, incluidas las medidas destinadas a abordar los riesgos de liquidez. Destacaron asimismo la importancia de incrementar las asignaciones presupuestarias anuales para el mecanismo de prestamista de última instancia y de seguir avanzando en la adopción de un enfoque de supervisión basada en riesgos, junto con una reforma legislativa integral para reforzar el marco de resolución bancaria y gestión de crisis.
Los directores subrayaron que las reformas estructurales serán cruciales para incrementar la inversión y fomentar el crecimiento inclusivo. Recomendaron a las autoridades flexibilizar más los salarios y precios, entre otras formas frenando los aumentos del salario mínimo, reducir los obstáculos a la entrada y la competencia y eliminar las prácticas contrarias a la competencia en sectores clave, y mejorar la eficacia de la Superintendencia de Competencia. Asimismo, deben proseguir los esfuerzos para mejorar el entorno empresarial, desarrollar capital humano y físico y reducir la delincuencia y la corrupción.